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13 de Octubre de 2012
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Del Plata al Caribe, la batalla es similar
"De un lado de la pulseada están las corporaciones, el poder fáctico, el que nunca se vota. Del otro, la política."
La oposición bloquea la designación de un juez de la democracia en el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de impedir un fallo justo sobre la cláusula de desinversión de la ley de medios. La presidenta de la Nación exige ni más ni menos que todos cumplan la ley y lo percibe como "un desafío para la democracia". El ministro de Justicia, Julio Alak, advierte que estamos en un momento de "altísima gravedad institucional". Y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, dice sin ambages que "Clarín prefiere tratar de voltear un gobierno, antes que cumplir con la ley." No hay dudas de que a menos de dos meses de que se cierre el paraguas cautelar que protege a Clarín del proceso de desinversión previsto en la ley de medios, el país se parece a una olla a presión.
Si el Poder Ejecutivo empuja una iniciativa que tuvo una generosa discusión popular previa y el Poder Legislativo sanciona el proyecto por amplia mayoría, resulta significativo que tres años después de la sanción de la norma, el Poder Económico le haga pito catalán a otros dos poderes republicanos. Ya no se trata sólo de cumplir el objetivo original de desmonopolizar la información y pluralizar las voces, sino de demostrar quién manda en la Argentina.
De un lado de la pulseada están las corporaciones, el poder fáctico, el que nunca se vota pero siempre está alerta en la defensa de sus privilegios. Del otro, la política, las instituciones democráticas que someten a sus integrantes al voto popular, los poderes del estado. Claro que hay uno de ellos que naturalmente no se renueva: el judicial. Y en sus vetustos despachos es donde los lobbystas de las corporaciones encuentran aliados para perpetrar el poder real de las corporaciones. Pese al aire nuevo de la Corte Suprema de Justicia promovida por Néstor Kirchner, con ministros de reconocido prestigio, los pliegues reaccionarios que subsisten en la justicia permiten que un grupo hegemónico se burle de los otros dos poderes, o que una jueza interrumpa un aborto no punible en abierta oposición a un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia. Tal vez debería pensarse un modo constitucional de ventilar la justicia, a la cual la democracia no parece haber llegado plenamente.
UNA PORFÍA ESTRATÉGICA. La historia es conocida, pero vale la pena reiterarla: en la Argentina operan unas cinco mil señales de radio, televisión por aire y por cable. Alrededor de 4500 están en manos de personas o empresas que no superan el límite de señales establecidos por la ley. Las otras 500 están en manos de titulares que deben presentar su plan de adecuación antes del 7 de diciembre, cuando la Corte Suprema dictaminó que debe cerrarse el paraguas que protege a Clarín del cumplimimiento de la cláusula de desinversión contemplada en el artículo 161 de la ley de medios electrónicos. La mitad de estas 500 señales pertenecen a grupos que aceptaron encuadrarse y las otras 250 son de Clarín, que se resiste a desprenderse de las estaciones que superan el tope.
Para Zanini, no sólo se libra aquí una disputa de poder, sino "una batalla política y cultural" en la que se juega la viabilidad de una transformación en el marco de la democracia. Dicho de otro modo, no existe posibilidad de avanzar en las políticas de cambios sin una mayor pluralidad de voces en los medios.
EL CUCO DE ARGENZUELA. El conflicto de Cristina Fernández con los medios concentrados no es una originalidad. Los gobiernos progresistas de América Latina, también se topan con la dificultad de trasmitir claramente y defender sus medidas transformadoras.
Hugo Chávez debió dar batalla electoral el domingo pasado contra un coro que sostenía que el ganador sería Capriles. Tanto insistieron conservadores vernáculos en identificar a Cristina con Chávez, que al final le regalaron una victoria al kirchnerismo.
El socialismo del siglo XXI y el modelo nacional, popular y democrático tienen ciertamente algunos puntos de contacto, pero también diferencias fundamentales. Los modelos no son iguales, pero la batalla contra las corporaciones es similar.
Ambos presidentes coinciden en promover una sociedad más justa y en el sueño de la Patria Grande, pero difieren centralmente en la intensidad de las reformas económicas estructurales. Desconfían del mercado, pero en la Argentina sólo fueron nacionalizadas empresas privatizadas en los '90, mientras que en Venezuela las expropiaciones alcanzaron a petroleras, alimenticias, eléctricas, siderúrgicas, telefónicas, fabricantes de envases, de tuberías y artículos sanitarios.
El socialismo bolivariano controla efectivamente los precios de alimentos, medicamentos y alquileres, a la manera que lo hicieron los gobiernos de Juan Domingo Perón, en tanto el kirchnerimo sólo aplica el ojo atento de Guillermo Moreno sobre los formadores de precios. Al igual que durante los gobiernos de Perón, los controles generaron en Venezuela la reacción especulativa de los empresarios que se expresó en mercado negro y desabastecimiento. La vigorosa puja por el ingreso, el crecimiento y el mayor consumo empujan la inflación en ambos mercados.
Cristina Fernández nacionalizó el 51% del paquete accionario de YPF, en tanto Chávez obligó a las petroleras extranjeras a asociarse en minoría con la estatal PDVSA para continuar perforando en el país. Los excedentes de la renta petrolera fueron destinados en gran medida a financiar planes sociales que consolidaron la popularidad de Chávez entre los pobres y provocan una ira en las capas medias, parecida a la que campea en la Argentina. La afluencia de inmigrantes latinoamericanos irrita al mediopelo de ambas naciones.
Si bien Chávez advirtió que no pretende abolir la propiedad privada, su discurso es de permanente confrontación clasista contra los "ricachones", en tanto el kirchnerismo promueve la conciliación de clases entre trabajadores y burgueses nacionales, en lo que ha definido como "un capitalismo con rostro humano". La intervención del Estado venezolano en la economía llega a tal punto que el gobierno importa y comercializa directamente automóviles, alimentos y electrodomésticos, a precios cercanos al costo y con el consiguiente disgusto de los empresarios.
Las diferencias son tantas que la igualación de Chávez con Cristina por parte de la derecha argentina sólo se explica como manera de espantar en la Argentina el voto de capas medias, apenas dispuestas a ceder algo, pero muy lejanas de una propuesta socialista o más radical, como la que ejecuta hace 14 años el líder bolivariano, en un país que tenía una próspera burguesía ligada a la renta petrolera y millones de excluidos. Por allí no había pasado el distribucionismo peronista.
Ambos gobiernos consiguieron sus respectivas reelecciones en votaciones transparentes y masivas, pero suelen ser tildados absurdamente de "dictaduras" por la derecha opositora. Al margen de las coincidencias en materia de política regional, lo más parecido que tienen Chávez y Cristina son sus detractores y la oposición de las corporaciones que, del Caribe al Plata, resisten las transformaciones a favor de sociedades más justas.
Si el Poder Ejecutivo empuja una iniciativa que tuvo una generosa discusión popular previa y el Poder Legislativo sanciona el proyecto por amplia mayoría, resulta significativo que tres años después de la sanción de la norma, el Poder Económico le haga pito catalán a otros dos poderes republicanos. Ya no se trata sólo de cumplir el objetivo original de desmonopolizar la información y pluralizar las voces, sino de demostrar quién manda en la Argentina.
De un lado de la pulseada están las corporaciones, el poder fáctico, el que nunca se vota pero siempre está alerta en la defensa de sus privilegios. Del otro, la política, las instituciones democráticas que someten a sus integrantes al voto popular, los poderes del estado. Claro que hay uno de ellos que naturalmente no se renueva: el judicial. Y en sus vetustos despachos es donde los lobbystas de las corporaciones encuentran aliados para perpetrar el poder real de las corporaciones. Pese al aire nuevo de la Corte Suprema de Justicia promovida por Néstor Kirchner, con ministros de reconocido prestigio, los pliegues reaccionarios que subsisten en la justicia permiten que un grupo hegemónico se burle de los otros dos poderes, o que una jueza interrumpa un aborto no punible en abierta oposición a un pronunciamiento del máximo tribunal de justicia. Tal vez debería pensarse un modo constitucional de ventilar la justicia, a la cual la democracia no parece haber llegado plenamente.
UNA PORFÍA ESTRATÉGICA. La historia es conocida, pero vale la pena reiterarla: en la Argentina operan unas cinco mil señales de radio, televisión por aire y por cable. Alrededor de 4500 están en manos de personas o empresas que no superan el límite de señales establecidos por la ley. Las otras 500 están en manos de titulares que deben presentar su plan de adecuación antes del 7 de diciembre, cuando la Corte Suprema dictaminó que debe cerrarse el paraguas que protege a Clarín del cumplimimiento de la cláusula de desinversión contemplada en el artículo 161 de la ley de medios electrónicos. La mitad de estas 500 señales pertenecen a grupos que aceptaron encuadrarse y las otras 250 son de Clarín, que se resiste a desprenderse de las estaciones que superan el tope.
Para Zanini, no sólo se libra aquí una disputa de poder, sino "una batalla política y cultural" en la que se juega la viabilidad de una transformación en el marco de la democracia. Dicho de otro modo, no existe posibilidad de avanzar en las políticas de cambios sin una mayor pluralidad de voces en los medios.
EL CUCO DE ARGENZUELA. El conflicto de Cristina Fernández con los medios concentrados no es una originalidad. Los gobiernos progresistas de América Latina, también se topan con la dificultad de trasmitir claramente y defender sus medidas transformadoras.
Hugo Chávez debió dar batalla electoral el domingo pasado contra un coro que sostenía que el ganador sería Capriles. Tanto insistieron conservadores vernáculos en identificar a Cristina con Chávez, que al final le regalaron una victoria al kirchnerismo.
El socialismo del siglo XXI y el modelo nacional, popular y democrático tienen ciertamente algunos puntos de contacto, pero también diferencias fundamentales. Los modelos no son iguales, pero la batalla contra las corporaciones es similar.
Ambos presidentes coinciden en promover una sociedad más justa y en el sueño de la Patria Grande, pero difieren centralmente en la intensidad de las reformas económicas estructurales. Desconfían del mercado, pero en la Argentina sólo fueron nacionalizadas empresas privatizadas en los '90, mientras que en Venezuela las expropiaciones alcanzaron a petroleras, alimenticias, eléctricas, siderúrgicas, telefónicas, fabricantes de envases, de tuberías y artículos sanitarios.
El socialismo bolivariano controla efectivamente los precios de alimentos, medicamentos y alquileres, a la manera que lo hicieron los gobiernos de Juan Domingo Perón, en tanto el kirchnerimo sólo aplica el ojo atento de Guillermo Moreno sobre los formadores de precios. Al igual que durante los gobiernos de Perón, los controles generaron en Venezuela la reacción especulativa de los empresarios que se expresó en mercado negro y desabastecimiento. La vigorosa puja por el ingreso, el crecimiento y el mayor consumo empujan la inflación en ambos mercados.
Cristina Fernández nacionalizó el 51% del paquete accionario de YPF, en tanto Chávez obligó a las petroleras extranjeras a asociarse en minoría con la estatal PDVSA para continuar perforando en el país. Los excedentes de la renta petrolera fueron destinados en gran medida a financiar planes sociales que consolidaron la popularidad de Chávez entre los pobres y provocan una ira en las capas medias, parecida a la que campea en la Argentina. La afluencia de inmigrantes latinoamericanos irrita al mediopelo de ambas naciones.
Si bien Chávez advirtió que no pretende abolir la propiedad privada, su discurso es de permanente confrontación clasista contra los "ricachones", en tanto el kirchnerismo promueve la conciliación de clases entre trabajadores y burgueses nacionales, en lo que ha definido como "un capitalismo con rostro humano". La intervención del Estado venezolano en la economía llega a tal punto que el gobierno importa y comercializa directamente automóviles, alimentos y electrodomésticos, a precios cercanos al costo y con el consiguiente disgusto de los empresarios.
Las diferencias son tantas que la igualación de Chávez con Cristina por parte de la derecha argentina sólo se explica como manera de espantar en la Argentina el voto de capas medias, apenas dispuestas a ceder algo, pero muy lejanas de una propuesta socialista o más radical, como la que ejecuta hace 14 años el líder bolivariano, en un país que tenía una próspera burguesía ligada a la renta petrolera y millones de excluidos. Por allí no había pasado el distribucionismo peronista.
Ambos gobiernos consiguieron sus respectivas reelecciones en votaciones transparentes y masivas, pero suelen ser tildados absurdamente de "dictaduras" por la derecha opositora. Al margen de las coincidencias en materia de política regional, lo más parecido que tienen Chávez y Cristina son sus detractores y la oposición de las corporaciones que, del Caribe al Plata, resisten las transformaciones a favor de sociedades más justas.
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