51) Septiembre 2020 Juan Grabois

Y las tomas de tierras.. Crisis del coincidía6 Datos que explican POLÍTICA Las cosas del PoderRepresión estatal Odio las tomas Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra. Opinión Por Juan Grabois - Coordinador del Frente Patria Grande. Referente de MTE/UTEP 4 de septiembre de 2020 Todo el sistema político, incluidos varios dirigentes del espacio político al que todavía pertenezco, se han apresurado a decir que las ocupaciones de tierra son delito. Algunos incluso han sostenido su posición con afirmaciones que atentan contra la dignidad de familias pobres, desesperadas, que buscan un pedacito de tierra para dejar de padecer el hacinamiento, porque no pueden pagar más el alquiler de la piecita o porque directamente están en la calle. Otros, sin llegar a tales extremos, buscan cubrirse de los huevazos mediáticos poniendo adelante el cuerpo de algún “ocupa”. Se lavan las manos. Puedo tolerar a los que siempre tuvieron la misma posición; me indigna hasta las tripas ver hombres y mujeres comprometidos con la justicia social ceder tan fácil en una cuestión ética crucial del pensamiento humanista y popular: nunca se debe responsabilizar a los excluidos de sus propios padecimientos. Nunca se debe criminalizar una demanda social. El peronismo enseñó que donde hay una necesidad, nace un derecho… no un delito. Nuestra posición es clara y la decimos a cara descubierta: toda familia que se mete en un terreno lo hace por necesidad. No hay ninguna otra explicación. Esas familias son víctimas, no culpables. Llamarlos delincuentes es una bajeza moral y una claudicación ideológica. La acción de estas familias no es delito sino denuncia. Es el grito de los excluidos. Es una acusación contra los verdaderos responsables de su situación, contra un sistema de exclusión y descarte. ¿Quiénes son los responsables? Varios. Algunos bien reputados miembros de la sociedad. Los desmontadores de bosque nativo por ejemplo. ¿Dónde piensan que van las familias que pierden su hábitat natural en la zona rural? A las villas de las ciudades. La patria sojera es uno de los grandes responsables del crecimiento de las ocupaciones desde mediados de los noventa. Hay otros muchos del sector privado entre los responsables: desarrolladores inmobiliarios que no respetan los humedales, especuladores que compran tierra para revenderla impidiendo la ampliación del parque habitacional y una larga lista de etcéteras. Especialmente responsables son los gobernantes y funcionarios, nacionales, provinciales y municipales, de todos los signos políticos, que tienen en sus manos la posibilidad de brindar una alternativa digna a las tomas, no solo para evitarlas, sino porque es justo y necesario ¿Qué hicieron? Nada o muy poco. Siempre hay una excusa, algún argumento burocrático o una descarada indiferencia. No voy a nombrar a nadie pero ¿no deberían estos funcionarios condenar sus propias falencias e incumplimiento antes de reprender la conducta de las familias necesitadas? La tarea que tienen por delante no es tan difícil. No es una central termonuclear. No es un satélite interestelar. Son cloacas. Son cables. Son caños. Son veredas. Es voluntad y empatía. Urbanizar los barrios es una deuda moral, pero también una deuda legal. Existe una ley que lo exige. ¿Incumplirla no es delito? La ley de barrios populares fue impulsada por los movimientos sociales, negociada con el gobierno macrista, firmada por los líderes de Cambiemos, sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Este año, Máximo Kirchner impulso que una parte del impuesto PAIS y del futuro impuesto a las grandes fortunas se aplique para financiar esta Ley. Hay ley, hay fondos ¿Qué se ha ejecutado hasta ahora? Casi nada. ¿No debería la política reflexionar sobre su propia inoperancia antes de levantar el dedo acusador frente a la reacción de los desesperados? Los 4400 barrios populares que hoy existen no salieron de un repollo. Fueron también ocupaciones; ocupaciones que se fueron consolidando y se transformaron en barrios. Ocupaciones que se produjeron con un promedio de 130 por año, unas diez por mes, durante todos los gobiernos desde que se tiene registro. La ocupación de tierras para vivir no es un fenómeno nuevo. Sin planificación ni acceso a la vivienda, es un fenómeno inevitable. Cuando la familia se agranda y el espacio se acaba, la gente en algún lugar se mete. No es ideología, es física. ¿Cómo puede ser que este país no le pueda dar un lote a cada familia? Insisto. Ni siquiera una casa. Eso ya sería Dinamarca. Pero sí un cachito de tierra para que los propios vecinos puedan edificar. Sí… que lo paguen, para que nadie se indigne con esa indignación que se enciende tan fácil frente al bien ajeno. La tierra debería estar gratuitamente al alcance de todo el que la necesite. Es un bien de la naturaleza, no debería ser una mercancía. Nadie debería pagar para tener un lugar donde dormir. Pero el mundo es como es, ¿no? Bueno, aún en este mundo horrible, aún en este sistema injusto, se puede resolver este problema. Conozco miles de hombres y mujeres que viven en la peor pobreza: todos están dispuestos a pagar hasta el mango que no tienen para tener un terreno legalmente y construir ladrillo a ladrillo su proyecto de vida. Hay tierra, hay tierra fiscal, hay tierra que el estado puede comprar a bajísimo costo, hay gente dispuesta a trabajar para urbanizarla, hay demanda. La base está. Sin embargo, el estado y el mercado les niegan esa posibilidad a millones ¿Qué espera la política? ¿Qué espera el resto de la sociedad? Que se queden como sardinas en un gueto contaminado, abandonado y cada vez más superpoblado viendo cómo crecen pastizales o se crean basurales en la tierra que ellos podrían usar para vivir. La lógica más elemental indica que si el Estado no garantiza un terreno para cada familia las tomas seguirán produciéndose. Es un hecho. Va a suceder. Pero analicemos un poco las valoraciones morales y las legales que tan en boga estuvieron estos días. Yendo a las valoraciones morales. Cuando Marcelo y Rosa (cartoneros) y dos hijitos ya no pudieron seguir cohabitando con 8 adultos y 12 niños más en una casilla de dos habitaciones en la Cava de Villa Fiorito se metieron en un terreno abandonado, un pastizal. Lo limpiaron y pusieron unas maderas. Empezaron a vivir ahí. Yo los comprendo, los justifico, los acompaño y los defiendo. Yo y toda nuestra militancia. ¿Se entiende? Los comprendemos, justificamos, acompañamos y defendemos. Nunca les vamos a dar la espalda. Personalmente, considero que Marcelo y Rosa hicieron un acto moralmente válido. Considero que quien pretende echarlos, sin darles una alternativa mejor, comete un acto moralmente inválido. Siempre voy a estar del mismo lado. Yendo a las valoraciones legales. Ocupar no es usurpar. Le guste o no a nuestros políticos y opinólogos, existe algo llamado derecho penal. Los delitos están tipificados. Usurpar es ingresar en un inmueble con clandestinidad, violencia o abuso de confianza. Su hay un pastizal abandonado, sin alambrar, y la gente entra, les guste o no señores, no hay delito. Ningún delito. El que dice que ocupar es delito miente. Hay en todo caso un problema de derecho civil. Que algún abogado serio me refute. Pero en la Argentina cada uno usa la ley como le conviene a su sector. La república se respeta cuando le conviene a su sector. La constitución se recuerda cuando le conviene a su sector… Porque si mal no recuerdo, el derecho a la vivienda es de raigambre constitucional. “¡Ahh pero entonces ud promueve las tomas!”, dirá algún malnacido. En la Argentina de la posverdad y el lawfare volvió el delito de opinión hace tiempo. Dos diputados cambiemitas, muy costosos para el estado por cierto, gastaron su valioso tiempo denunciándome por tener una opinión sobre este tema. Quisiera contestarles. No señor, no señora, yo no instigo tomas, no las fogoneo, no las organizo, no las promuevo. Si lo hiciera, lo haría a cara descubierta. Le digo más, señor, señora, yo odio las tomas. En las tomas la gente pasa frio, hambre, sufre lo indecible. Es víctima de todo tipo de situaciones espantosas, se expone a la represión. Los vecinos del barrio de enfrente muchas veces los repudian y a veces se producen enfrentamientos entre pobres. Si la ocupación se consolida, ese barrio se sumará a los 4400 ya existentes, sin trama regular, sin manzanas, sin calles, sin agua, sin luz, sin cloacas. Odio las tomas. Quisiera con todo mi corazón, igual que todos mis compañeros, que en vez de tomas hubiera acceso a la vivienda para todos. La cuestión es que no lo hay. Y odio esa exclusión más que las tomas, odio más el sufrimiento indecible de quien no tiene un techo o no puede seguir cohabitando en semejantes condiciones de hacinamiento. Por eso comprendo, los justifico, acompaño y defiendo a cualquier familia que se vea empujada a ocupar un pedazo de tierra. Quiero referirme a otro argumento muy conveniente para demonizar las tomas y evitar el debate de fondo: las tomas están todas armadas por mafias. Es cierto es que en las tomas muchas veces intervienen transas, punteros y sobre todo policías y comisarios. También es cierto que algunos avivados se agarran dos terrenos y los revenden. Todo eso es cierto. Pero ninguno de estos actores sociales genera la ocupación. La ocupación se produce por necesidad, por desesperación, por una deuda insatisfecha que ninguna Nación que se digne de tal puede permitir. Y al final, los que quedan ahí son los pobres. Escudarse en la presencia de mafias para evadir soluciones reparadoras y justificar posturas represivas es un truco que conocemos bien. Siempre termina perjudicando a las víctimas, A mis compañeros del Fdt: nosotros no luchamos contra el macrismo para escuchar los mismos argumentos de antes, más o menos edulcorados. Tampoco para escuchar bonitas palabras pero ver nulas acciones. Nosotros luchamos para que el gobierno popular avance en políticas de tierra, techo y trabajo para los pobres de este país, la mitad de los argentinos. Queremos un plan claro sobre cómo se va a abordar la emergencia habitacional y laboral. Los funcionarios tienen que actuar ya; las obras no pueden seguir demorando. Las internillas no pueden seguir estando por delante de la gente. Y sobre todo, no puede ganarnos la ideología del descarte y la crueldad. Tierra, techo y trabajo son derechos sagrados. Nosotros, siempre del mismo lado. ....................................... Arturo Bonín: "El radioteatro provoca un El gobierno de

Constitución reformarla o no?

Edición: 21 de Abril de 2013
Fetichismo constitucional
Tanto oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la Constitución es un texto sagrado. Eso es hegemonía cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una clase o un sector son sagrados y deben ser respetados por la totalidad de la sociedad.


Por:

Hernán Brienza


El jueves pasado miles de personas desfilaron por la Ciudad de Buenos Aires para demostrar su descontento y su rencor con el gobierno nacional. Entre las decenas de consignas difusas, rencorosas, contradictorias, había una que lideraba los reclamos relativamente serios y consistía en un latiguillo como mantra: "La Constitución no se toca". Se trata, claro, de una letanía, de frase arrojada desde el sentido común más engañoso de todos. Pero ¿qué significa que una Constitución no se toca? ¿Qué óleo sagrado impide a un pueblo reformar cuantas veces quiera el pacto político y social de interrelación? ¿Quién redactó el texto constitucional? ¿Jesús, Mahoma? ¿De dónde proviene esa sacralidad conservadora y reaccionaria que asegura que no se pueden reformar los pactos de convivencia?
Lo curioso es que ese mismo día estaba dando una charla en el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y para cerrar mis palabras pregunté a los presentes: ¿Quién cree que "la Constitución no se toca"? Para mi sorpresa, la mayoría del auditorio levantó la mano para sostener esa consigna. Y mi extrañeza consistió en que tanto oficialistas como opositores comparten ese sentido común de que la Constitución es un texto sagrado. Eso es, exactamente, hegemonía cultural: lograr que toda una sociedad crea que los intereses de una clase o un sector –de una facción, como les gusta llamar a algunos políticos pseudo progresistas que retoman palabras utilizadas contra Manuel Dorrego, Hipólito Yrigoyen, entre otros– son sagrados y deben ser respetados por la totalidad de la sociedad.
Pero en qué se basa ese "sentido común", esa "verdad sagrada", esa intocabilidad de la Constitución Nacional. Sencillo: en el mayor de los engaños, en una operación política magistral por parte del Liberalismo Conservador que nos hace creer a todos los argentinos que la Carta Magna es el producto del consenso, el acuerdo, la puesta en común de la mayoría de los ciudadanos. Y es una absoluta mentira. La Constitución Nacional es el resultado de una imposición militar que un determinado sector impuso a las mayorías. Y a través de la educación –gran aparato ideológico del Estado– y de la prédica de políticos, juristas, intelectuales y publicistas del liberalismo más rancio se ha impuesto como verdad absoluta que "la Constitución es un acto de autodeterminación, un acuerdo de convivencia, un pacto entre iguales, el cúlmine de la reconciliación entre los argentinos". La historia demuestra que no hay nada más alejado de eso.
¿Es la Carta Magna argentina el resultado de un proceso de consenso entre los representantes de la Nación y las provincias o se trata en realidad de una imposición surgida de la batalla de Caseros? Los procesos históricos nunca son lineales, impolutos y perfectos; la mayoría de las veces se ven enturbiados por contradicciones, bajezas, errores y miserias. En la historia de nuestra Constitución Nacional, esos elementos no podían estar ausentes. Sin duda, la Carta Magna de 1853 está escrita con la tinta de los legisladores del Congreso, con la pasión de las ideas de Juan Bautista Alberdi y con la sangre de los rosistas derrotados en la batalla de Caseros. Pero también con el texto de la Constitución estadounidense –en la versión de Manuel García de la Sena, acusada de pésima traducción por el historiador José María Rosa– que sirvió de modelo para nuestro país. La Constitución de la Nación no fue el resultado de un consenso democrático pleno y plural. Sin embargo, fue un hito fundamental en la profundización de la calidad institucional del país.
Es hija del Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852, en esa ciudad. En esa oportunidad se reunieron Justo José de Urquiza –el vencedor de la batalla de Caseros– y los gobernadores de 13 provincias, y determinaron que: se convocaría a un Congreso General Constituyente para el mes de agosto de ese año para sancionar una Constitución, que la elección de diputados se realizaría de la misma forma en que se elegían las legislaturas provinciales, que todas las provincias acercaban el mismo número de diputados –se desechaba la forma de representación proporcional a la población–, que el Congreso se realizaría en la ciudad de Santa Fe, y por último que Urquiza sería el Director Provisorio de la Confederación Argentina. Es decir, los constituyentes no fueron elegidos por el sufragio libre de los ciudadanos, cosa que no ocurría muy a menudo para ser justos.
Posteriormente, la provincia de Buenos rechazó el Acuerdo y protagonizó la revolución del 11 de septiembre de 1852 por la cual se separó de la Confederación Argentina. Las principales críticas al Tratado fueron la elección de Urquiza como virtual presidente, la elección de Santa Fe como sede y no Buenos Aires y la cuestión de la representatividad, ya que con el sistema proporcional, la ciudad puerto habría tenido casi el mismo número de diputados que la totalidad de las provincias.
Parte del acuerdo comenzó a cumplirse en agosto de ese año, cuando los legisladores iniciaron los arreglos en la ciudad de Santa Fe. Presididas por Domingo Crespo, gobernador de la provincia anfitriona, en ausencia de Urquiza, inauguró las sesiones oficiales el 20 de noviembre con estas palabras: "Augustos diputados de la Nación. Saludo en vosotros a la Nación Argentina con toda la emoción con que es capaz mi alma. El deseo de muchos años se cumple en este día: los gobiernos del litoral descansan hoy del peso de sus compromisos contraídos desde 1831." Lo escuchaban atentamente todos los representantes, excepto los dos de Buenos Aires, que se habían retirado por el conflicto de secesión. Había entre ellos, federales doctrinarios, liberales y unitarios. Pero no había federales rosistas. Es más, habían sido claramente marginados de la convención constituyente.
El libro Las Bases, como se lo conoce, está formado por 36 capítulos y un proyecto de Constitución al final de la obra. Como explica el propio Alberdi, lo escribió en abril de 1852 para que sea tomado como ejemplo por los constituyentes: "Es una obra de acción que, aunque pensada con reposo, fue escrita velozmente para alcanzar al tiempo en su carrera... Hay siempre una hora dada en que la palabra humana se hace carne. Cuando ha sonado esa hora, el que propone la palabra, orador o escritor, hace la ley. La ley no es suya en ese caso; es la obra de las cosas. Pero esa es la ley duradera, porque es la verdadera ley."
En su texto, Alberdi compara el derecho constitucional sudamericano con las constituciones de la época, como la californiana, a la que pone como ejemplo de su punto de vista constitucional. Plantea, además, una solución para la cultura política del continente. Ni monarquía ni parlamentarismo con líderes débiles: las naciones latinoamericanas necesitan un presidente fuerte.
La idea de Alberdi consistía en construir una nación de 50 millones de personas, producto de la inmigración europea atraída por las garantías que ofrecía la nueva Constitución a la propiedad privada, la libertad de movimiento, la tolerancia religiosa y cultural, y un reparto generoso de tierras.
Y también zanja la cuestión federal: "Una provincia en sí es la impotencia misma, y nada hará jamás que no sea provincial, es decir, pequeño, obscuro, miserable, provincial, en fin, aunque la provincia se apellide Estado. Sólo es grande lo que es nacional o federal." Por esa razón, propone lo que él llama un "federalismo atenuado”.
La Convención encargó a una comisión integrada por Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré la redacción del proyecto de la Constitución Nacional. El debate fue arduo y áspero y los puntos más difíciles: la relación entre Buenos Aires y las provincias, y la separación de la Iglesia del Estado. Finalmente, el 20 de abril de 1853 el Proyecto fue girado al Congreso Constituyente para que, en lo que se conoce como las Diez Noches Históricas, se debatiera, se aprobara y se sancionara la Constitución de la República Argentina. Como usted podrá darse cuenta, estimado lector, en los próximos días, usted podrá ir viviendo día a día de qué manera se gestó hace exactamente 160 años nuestra Carta Magna.
¿Fue un proceso perfecto y luminoso? ¿Sin "vencedores ni vencidos"? Evidentemente no. La exclusión de los viejos federales rosistas y el enfrentamiento armado que se desencadenó con Buenos Aires demuestran que las constituciones son más el resultado de procesos políticos y militares que de Grandes Acuerdos Nacionales. Así lo demuestran, también, las reformas de 1860, 1866 y 1880, que son hijas de las victorias militares de Cepeda, Pavón –obtenida por el mitrismo porteño contra las provincias– y del aplastamiento de la sublevación de Carlos Tejedor que concluyó con la federalización por la fuerza de la ciudad de Buenos Aires.
La historia constitucional del siglo XX fue más triste aun, ya que estuvo plagada de autoritarismos, de imposiciones militares, de desmanejos de la Carta Magna por parte de las dictaduras de turno. El inicio de la desventura fue la sanción de la Constitución Nacional del 1949, cuando en pleno proceso del primer gobierno peronista una mayoría abrumadora del pueblo votó a una asamblea constituyente para que incluyera los derechos sociales de la niñez, la ancianidad y los trabajadores entre otros tópicos que incluían, claro, la reelección presidencial.
Desde los aspectos formales e incluso estructurales, esa Constitución, creada por Arturo Sampay, fue un hito democrático aun cuando el radicalismo intentó quitarle legitimidad no participando de las sesiones de la Constituyente. Como se sabe, la Carta Magna sancionada en 1949 fue abolida con decreto facto por la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu y, en 1957, una Constituyente que excluyó al peronismo, y que fue deslegitimada por la ausencia de la UCR Intransigente repuso con las reformas del artículo 14 bis, la Constitución de 1853. Una vergüenza desde todo punto de vista jurídico y político. Para que quede claro: la del '49, votada democráticamente por las mayorías, fue suprimida por un golpe de Estado criminal como el de la autodenominada "Revolución Libertadora".
Con las dictaduras de 1966 y de 1976 no le fue demasiado bien a la Constitución Nacional. Juan Carlos Onganía sancionó por decreto un Estatuto de la Revolución Argentina, y Alejandro Lanusse en 1972 reformó a su antojo el sistema electoral previsto por la Constitución Nacional para impedir que el peronismo regresara al poder por la vía democrática. La dictadura de Jorge Rafael Videla y los suyos dejó sin efecto, incluso, la constitución sancionada por la dictadura aramburista.
En los albores de la democracia, el presidente democrático Raúl Alfonsín decidió, finalmente, poner en funcionamiento la Constitución Nacional reformada por la dictadura de Aramburu y Rojas e intentó reformarla en 1987 –también quiso buscar su reelección– pero no se lo permitió el apoyo popular que comenzó a serle esquivo desde la crisis del Plan Primavera. Finalmente, en 1994, se produjo –después de las de 1949– la única reforma democrática de la CN de 1853. Se la realizó tras un contubernio radical-peronista en el que los referentes fueron el propio Alfonsín y el por entonces presidente Carlos Menem.
La historia de nuestra Constitución demuestra que una Carta Magna es más producto de una imposición de una facción por otra que del consenso. Esto seguramente lo saben Jorge Yoma, Elisa Carrió, Mauricio Macri, y se hacen los distraídos. Porque es preferible que sean hipócritas antes que ignorantes. Es el resultado de la voluntad de un sector de la sociedad argentina –el Liberalismo Conservador– de someter a los vencidos a las propias reglas de juego del vencedor. Uno puede celebrar muchas virtudes que tiene nuestra Carta Magna –que de hecho tiene muchas–, pero no puede desconocer que es el resultado de la violencia y la sangre de millones de argentinos que fueron sometidos en los golpes de Estado de 1852-1955, las batallas de 1860-80 y las dictaduras militares de 1966 y 1976.
Seguramente, el kirchnerismo no reformará la CN en los próximos dos años. Pero a pesar de ello hay que ser conscientes de dos cosas: 1) que quienes agitan la infalibilidad sacra y la perennidad de la Carta Magna están defendiendo –por complicidad o ignorancia– los pilares del Liberalismo Conservador en la Argentina; 2) Que las mayorías nos merecemos alguna vez en la historia de nuestro país una Constitución verdaderamente democrática por su contenido y por su forma. No comprender el contenido histórico e ideológico de nuestra Carta Magna es puro fetichismo constitucional. O mala intención, claro.  -<

Reforma Constitución

TIEMPO ARGENTINO

El progresismo y el derecho

No se puede rechazar una idea porque se rechaza al que la propone. Son dos discusiones separadas.

  

    

Por: 
 
Guido Croxatto

La memoria juega un papel determinante en el derecho argentino. La memoria le ha cambiado el rostro al derecho. Hoy tenemos un derecho diferente, que aprendió a ver cosas que antes no veía. Un derecho que aprendió a escuchar muchas cosas que antes no escuchaba o no quería escuchar. Teníamos un derecho que no quería ver. 
Plataforma 2012 sostiene: "Más que reformar la Constitución por ser conservadora, el Gobierno debería cumplir con los mandatos de una Constitución que es más progresista que sus políticas." En primer lugar, nadie dijo que se debía reformar la Constitución por ser conservadora, sino que oponerse al cambio o reforma de la Constitución es ser conservador, que no es lo mismo. Segundo, no se requieren siempre "razones" (cumplir requisitos antes...) para modificar la Constitución. Porque el derecho no está dividido en dueños y esclavos. Hay un argumento generacional que viene de tiempos de Jefferson: nuestra generación, que aprendió el derecho aprendiendo lo que era la ESMA, puede querer tener una palabra para decir y convertirla en derecho y no se entiende bien por qué precisamente los profesores y periodistas que dicen defender siempre "la libertad de expresión" y pensamiento, nos quieren privar, robar, esa posibilidad. Tenemos como jóvenes el derecho de debatir la Constitución que heredamos. Como pudimos debatir la Corte que teníamos, o las leyes de impunidad que muchos abogados y periodistas avalaban en nombre de la "institución" y la "seguridad jurídica": la impunidad del pasado. Esto también "es parte" de la discusión por el derecho en la Argentina. 
El argumento ad hominem es un ardid bajo y resulta notable que hagan falta doscientas firmas para un texto en general pobre y deshilachado, cuyo único propósito es oponerse al gobierno. No mucho más.
Tercer argumento. Plataforma 2012 –curioso en un grupo de intelectuales– expone como primer gran argumento un temerario argumento ad hominem que ningún estudiante estándar de filosofía, ciencia política o derecho osaría cometer en un examen (sin temer que su profesor lo repruebe). No se puede rechazar una idea porque se rechaza al que la propone. Son dos discusiones separadas. Es curioso que enfaticen tanto el "quién" y no el "qué". Se tiene que debatir una idea (la reforma de la Constitución, como la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final) y no un "quién". Es un argumento similar al que se usó para desmerecer siempre las políticas de Derechos Humanos: decir que los que precisamente las llevaron adelante (como si eso no fuera ya mérito suficiente) no habían "militado" en los '70. Como si eso, además de ser falso, tuviera algo que ver con la decisión política de un presidente de dejar esa parte oscura de la historia atrás de la única manera en que era posible: con la memoria, la verdad y la justicia.
Finalmente, resulta curioso que se use el argumento de Schwarz y la "ubicuidad" para oponerse a la reforma, cuando fue el argumento que precisamente utilizamos nosotros para avalar la reforma. Tenemos una Constitución importada, copiada, buena en algunos aspectos, insuficiente en otros, que poco tiene que ver con la historia del pueblo y el suelo argentino, con nuestro idioma, nuestra idiosincrasia y nuestros valores. El objetivo de esa Constitución (el mismo Alberdi reconocía como "bueno" para la región un sistema hiperpresidencialista, un presidente fuerte como un monarca) era la vía navegable de los ríos, aspecto que interesaba especialmente a Inglaterra. Por eso es doblemente equivocado decir que el cambio es conservador y que conservar una Constitución importada o copiada de Europa (o EE UU) es ser "progresista": no lo es. Es decir que es "nuestra" una Constitución que es foránea. Pero además es decirle a la juventud que no tiene derecho a debatir los textos legales sin antes pedirles permiso a los profesores y periodistas, cuyo mayor mérito legal es haber guardado silencio durante el Proceso, y luego después, con la impunidad de la democracia, que terminó, precisamente, con el gobierno que ellos, paradójicamente, tanto cuestionan. El gobierno que abrió las puertas de la ESMA. Unas puertas que estaban cerradas. 
No es la primera vez que la libertad de expresión y pensamiento deviene en prácticas difamatorias que empobrecen el debate de ideas. El debate de la nueva generación (que aprendió lo que era el derecho aprendiendo lo que era la ESMA) es que en la Argentina se vuelvan a debatir ideas, programas, valores. Para esto, como dice Jürgen Habermas en su teoría de la acción comunicativa, "no habrá razón mientras haya excluidos del diálogo”. Ya no puede haber excluidos. La misión del derecho y la misión de la prensa es que ya no haya excluidos. La misión del derecho y la misión de la prensa es poder ver lo que antes no se veía. Lo que durante mucho tiempo no se vio. Lo que no vio la prensa. Y tampoco el derecho. Por eso es equivocado llamar a un debate por el derecho que empieza de la peor forma en que un debate serio por el derecho puede empezar: excluyendo al otro. Callando a los demás. 
El primer paso es el cambio en la denominación del derecho. Construir los Derechos Humanos como derechos del otro. De este modo no se construye sólo el derecho, se construye y se piensa a la sociedad, sólo así se sostiene una democracia. Se sostiene a partir de la idea de que hay "otros". Otras ideas. Otras perspectivas. Otros intereses. Diferencias. Esa otredad no puede desaparecer porque si desaparece el otro, desaparece, con él, la democracia. Todos los intentos pasados por anular o desaparecer a los otros (pienso en la dictadura de Aramburu, del golpe que reinstaló –a través de una proclama militar– la Constitución de Alberdi) fue de la mano de la negación del derecho. Concretamente: del totalitarismo que asfixió a la democracia. Sin otro no hay democracia ni debate posible. El primer paso es "ver" a ese otro. Dejar de negarlo. Reconocerle un derecho. Una palabra. 
Todo este debate (las Abuelas, las Madres, la ESMA, la participación de los jóvenes en política, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, la renovación de la Corte) es parte del gran debate por el Derecho y la Constitución Argentina. Por la aparición de los otros en el derecho. Hay que superar el derecho penal del enemigo que sólo ve "no personas". El derecho tiene que encontrar unos otros con derecho a hablar. A ser oídos. 
Hay también una distinción que merece hacerse entre el para qué y el por qué de la reforma. No se trata sólo del "para qué", sino del "por qué" se reforma el derecho. Siempre se pregunta "para qué" y no "por qué" quieren reformar la Constitución. Se mantiene la discusión en un nivel bajo, de superficie, como si el derecho sólo tuviera metas, y no también motivos. fundamentos. Valores. Épocas. Aprendizajes. Ideas. Cambios. 
Es una distinción importante (que viene de Kant). El "por qué" del derecho no es igual al "para qué" del derecho (aunque es normal que una perspectiva utilitarista del derecho, que no necesariamente es la de Plataforma 2012, quiera reducirlo a eso: a ver sólo del derecho el "para qué sirve...", aquello que nos sirve, lo demás se descarta, este es el lenguaje que según Bauman termina en los campos de extermino). El por qué de la reforma es el sentido moral de todo cambio, en nuestro caso concreto, porque la generación que aprendió lo que era el derecho aprendiendo lo que era la ESMA, que aprendió lo que significa la palabra "impunidad" al lado de la palabra "desaparecido", puede tener un "por qué" (y no sólo un para qué) cambiar el derecho. 

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Reforma Constitucional

El modelo económico de la Constitución, por Dante Augusto Palma (para Revista “Veintitrés” el 23-08-12)



“Frente al capitalismo moderno, ya no se plantea la disyuntiva entre economía libre o economía dirigida sino que el interrogante versa sobre quién dirigirá la economía y hacia qué fin” (Arturo Sampay)

A 18 años de la sanción de la última reforma constitucional en Argentina, se va instalando en el debate público la posibilidad de que el oficialismo promueva una nueva transformación del texto fundacional. Desde la oposición, claro está, interpretan que este avance se encuentra movido más por las dificultades que el kirchnerismo posee en su interior al momento de garantizar la sucesión en 2015, mientras que la respuesta, no oficial, pero sí de grupos o referentes que acompañan el actual proceso, es que el cambio histórico que se ha producido en la Argentina en los últimos 10 años debe plasmarse en un texto constitucional que garantice la perdurabilidad de lo conseguido.

Dicho esto, una lectura algo superficial podría indicar que este tipo de debate no es novedoso y que muchas veces, aunque por distintas razones, a lo largo de la historia de nuestro país, se han propuesto reformas constitucionales. De hecho, aquel texto inicial de 1853 sufrió cambios en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Sin embargo estas transformaciones no fueron estructurales ni afectaron el espíritu de la Constitución. Por tomar un ejemplo, en la reforma de 1898 por razones de crecimiento poblacional se cambió aquella norma que indicaba que debía haber un diputado cada 20000 personas y también se alteró la regla que indicaba que los Ministerios debían ser 5. En la de 1957, más allá de su importancia, solamente se agregó un artículo (el 14 bis) y en la de 1994, entre otras cosas, se le dio jerarquía institucional a tratados internacionales vinculados a Derechos Humanos, se creó el senador por minoría y la figura del Jefe de Gabinete, y se redujo la extensión del mandato presidencial de 6 a 4 años aunque se incluyó la posibilidad de una reelección inmediata.

Ahora bien, el kirchnerismo, guste o no, ha realizado una serie de transformaciones de carácter estructural que se han concretizado a través de la ley ordinaria, esto es, sin tener que recurrir a una reforma constitucional. Tales transformaciones llevan a algunos a afirmar que se está en un contexto análogo al que se vivió durante el primer peronismo y que conllevó la única reforma constitucional que afectaba los principios de aquella de impronta alberdiana, esto es, la reforma de 1949 ideada por Arturo Sampay que fue derogada un año después del golpe de la autodenominada “Revolución libertadora”.

Pero además, el caso de la Argentina actual podría incluirse en el natural proceso de reformas constitucionales que se vienen sucediendo en Latinoamérica a partir de los nuevos textos fundacionales de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Más allá de las especificidades de cada país, se trata de aquellos pueblos que más han sufrido los embates del neoliberalismo en los años 90 y que han decidido, a partir del siglo XXI, recurrir a liderazgos que han intentado recuperar la idea de un Estado vigoroso. Algunos autores enmarcan esta ola de reformas en lo que denominan “Nuevo constitucionalismo latinoamericano” y, no casualmente, lo vinculan con los procesos de trasformación que bajo el paraguas del llamado “Constitucionalismo social” de mediados del siglo XX, produjo profundas transformaciones en muchos países. En esta línea, por ejemplo, Gargarella y Courtis afirman que la primera ola de reformas se vinculaba al contexto pos crisis de 1929 y la consecuente puesta en tela de juicio de los principios económicos liberales que llevaron a esa debacle. En ese contexto, la respuesta en lo económico fue el auge de políticas keynesianas y en lo jurídico la ampliación de la participación política y la inclusión de los derechos sociales y económicos que eran exigidos desde hacía décadas en las luchas de los trabajadores socialistas, comunistas y anarquistas. En este sentido, siempre en el ámbito latinoamericano, a la ya mencionada reforma de 1949 en Argentina se puede sumar la de Costa Rica en ese mismo año y anteriormente la de Brasil (1937), Bolivia (1938), Cuba (1940) y Ecuador (1945).

Ahora bien, más allá de esta historización, como bien indican los autores recién mencionados, hay una pregunta que debe responder cualquier proceso constituyente, esto es: ¿Cuál es el problema existente en el orden ya constituido que es necesario resolver a través de una Reforma Constitucional? Para comprender mejor este interrogante sirven de ejemplo los casos mencionados anteriormente pues en la década del 30 y el 40 lo que había que resolver era el problema de la “inserción democrática” de los nuevos actores que aparecían como parte de eso que se conoció como “democracia de masas”. Por otra parte, más cercano en el tiempo, por ejemplo, la reforma en Bolivia en 2009, sirvió para visibilizar una importante cantidad de población indígena que estuvo históricamente subsumida a las decisiones de las minorías occidentalizadas. ¿Pero hay, en la Argentina, algún asunto de tal magnitud? Muchos dirán que no, sin embargo bien cabe interrogarse si es un tema menor que la matriz del liberalismo económico se encuentre enraizada en la Constitución de manera tal que cualquier política de un gobierno popular acabe teniendo límites invulnerables. En otras palabras, podríamos estar ante en el caso de una Constitución cuyo espíritu vaya en contra de los intereses populares, al fin de cuenta, el único poder constituyente legítimo. ¿Pero es esto así? ¿Acaso una Constitución puede imponer límites a la política económica de un gobierno legítimo y con amplio apoyo? Para indagar en tal interrogante bien cabe consultar al ya mencionado Alberdi, factótum de la Constitución de 1853. Para ello me serviré de un texto que el tucumano publicara en 1854, titulado Sistema económico y Rentístico de la Confederación Argentina. Allí, para escándalo de los liberales actuales, Alberdi no sólo reconoce que la Constitución no es neutral en materia de orden económico sino que, de hecho, considera necesario explicitar y sistematizar los principios económicos que ésta defiende. Así, en la introducción del texto mencionado afirma: “Y sobre todo porque están dados ya en la Constitución los principios en cuyo sentido se han de resolver todas las cuestiones económicas del dominio de la legislación y de la política argentina” (…). Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria en todos los trabajos de legislación orgánica y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución (…) La Constitución Federal Argentina contiene un sistema completo de política económica”.

Explicitada la idea de que la Constitución Argentina presupone un modelo económico queda ahora responder cuál es ese modelo. Y aquí, nuestro autor, lo aclara sin ningún tipo de ambages: “En medio del ruido de la independencia de América, y en vísperas de la revolución francesa de 1789, Adam Smith proclamó la omnipotencia y la dignidad del trabajo; del trabajo libre, del trabajo en todas sus aplicaciones -agricultura, comercio, fábricas- como el principio esencial de toda riqueza (…). Esta escuela [económica iniciada con Smith], tan íntima, como se ve, con la revolución de América, por su bandera y por la época de su nacimiento (…), a esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina, y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esa Constitución”. Dicho esto, resulta claro cuál será el lugar que la Constitución le da a la posibilidad de intervención estatal en la economía o a algún tipo de política económica activa del Estado en pos de una redistribución de la riqueza: “En efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? ¿Se decreta la riqueza? El gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza. (…) En este sentido, ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.

Para que no queden dudas, algunas líneas más adelante, Alberdi, aclara “La Constitución argentina de 1853 es la codificación de la doctrina que acabo de exponer en pocas palabras”.

En síntesis, es de esperar que aquellos más interesados en mantener el statu quo promuevan la idea de que la posibilidad de una reforma constitucional obedece solamente al intento kirchnerista de eternizarse en el poder. Será responsabilidad de aquellos a los que nos interesan los cambios estructurales mostrar que una reforma constitucional debe ser bastante más que eso.

Reforma Constitucional

El país|Lunes, 21 de mayo de 2012

Debate sobre la modificación de la Constitución nacional

Los caminos posibles de una reforma

Prolegómenos de un debate

Por Carlos Raimundi *

“Constituir la unión nacional”, “afianzar la justicia”, “consolidar la paz interior”, “proveer a la defensa común”, “promover el bienestar general” y “asegurar los beneficios de la libertad”, son contenidos del Preámbulo de nuestra Constitución nacional que no deben remitir a generalidades, sino a los cimientos de nuestra organización como sociedad. A ellos podríamos agregar otros valores, que, por implícitos, no son menos importantes, como el pacto previsional (según el cual los aportes de una generación anterior sustentan el retiro laboral de los jubilados de hoy, y el aporte de la generación presente sustentará nuestro retiro), el pacto financiero (según el cual el dinero depositado en los bancos sigue siendo nuestro) y el pacto tributario (según el cual nuestros impuestos son devueltos en salud, educación, justicia y seguridad de calidad).
Al cabo de casi tres décadas de ajuste prácticamente ininterrumpido, aquellos valores fundantes y pactos organizadores de nuestra comunidad resultaron lisa y llanamente destrozados. Por eso, el primer acuerdo de seriedad a dejar sentado para el debate sobre una reforma constitucional es la profundidad de lo que estamos hablando. No se trata de prolongar un mandato presidencial, sino de consolidar la trabajosa reconstrucción de los principios fundadores de nuestra condición nacional y de los nuevos derechos que de ellos derivan. Cualquier utilización rastrera del tema será demostrativa de la bajeza de las intenciones de quien lo pretenda.
Este no es un debate entre republicanos defensores de la libertad y populistas anacrónicos y salvajes. Hay un discurso de los poderes fácticos, que ha calado muy hondo en ese sentido, debido a la profunda horadación cultural que ejercieron hasta 2003. Sin embargo, muchos que se dicen republicanos justificaron bombardeos y proscripciones, golpes de Estado, desapariciones y muertes, que nada tienen que ver con la república, sino más bien con la intención de aniquilar aquellas experiencias políticas que osaron afectar sus intereses.
Rechazamos de plano, pues, que estos factores de poder, junto a aquellos políticos que operan, voluntariamente o no, como sus portavoces, opinen desde el pedestal de la república. La libertad de expresión absoluta, la eliminación de los delitos de calumnias e injurias para el periodismo, la no criminalización de la protesta social, las garantías procesales a los genocidas, la vía política y legislativa para la confrontación de intereses profundamente divergentes –como sucediera con la Resolución 125 o el matrimonio igualitario– enmarcan el actual proceso dentro del respeto más irrestricto a las bases de la república.
El debate sobre la Reforma Constitucional tampoco es un debate entre “institucionalistas” vs. “no institucionalistas”. Nadie podría contradecir, desde la sensatez, que la Unasur y el Banco del Sur, el Estado promotor, las paritarias, la asignación universal, la movilidad jubilatoria o la presencia de la sociedad civil en un tercio de las licencias audiovisuales son instituciones fuertes. En todo caso, la pregunta sería qué tipo de instituciones se busca custodiar o qué tipo de intereses se pretende jerarquizar a través de las instituciones que consagra una Constitución.
Digresión. Debate en una reunión familiar. “¿Qué opinás de una eventual reforma constitucional?”, me interrogó alguien que simpatiza con las privatizaciones de los ’90. “Es un tema complejo”, ensayé como primera respuesta. Pero antes de que yo pudiera continuar, otro asistente interfirió: “Aquí, el sistema parlamentario no funciona”. A lo que yo agregué, como último ¿aporte?, antes de que finalizara la conversación: “¿Qué significa que un sistema funcione?”.
Que un sistema funcione significa, brevemente, que tienda a elevar la igualdad, que dé oportunidades, que brinde herramientas que conecten a cada ciudadana y a cada ciudadano con la posibilidad de realizar sus propias decisiones de vida. Desde esa perspectiva, ¿ha funcionado el sistema argentino? ¿Puede decirse que un sistema tantas veces interrumpido mediante la violencia cívico-militar de los golpes de Estado, y que generara tanta injusticia social, y que fuera tan repudiado por la población, es un sistema, que, sin más, funciona? Y, si, evidentemente, no siempre ha funcionado, ¿tan descabellado es entablar un debate serio sobre él?
Respecto de las “Declaraciones, Derechos y Garantías”, instituciones como la integración regional, la asignación universal, las paritarias, la movilidad jubilatoria, la propiedad nacional de los recursos, la soberanía energética de la Nación, la función social de la propiedad, la necesidad de contar con un sistema tributario progresivo, la utilidad pública de los servicios audiovisuales u otras que están en debate, deberían añadirse a ese capítulo.
Por último, un párrafo sobre la remanida noción de alternancia y lo que escandaliza la posibilidad de mandatos más largos para un jefe de Estado. Primero, los regímenes parlamentarios europeos –tan “admirados” por momentos– no ponen límite a la cantidad de mandatos, en tanto éstos provienen de la voluntad popular; de todos, el principio más genuinamente democrático. Segundo, ¿quién pone límites a la reelección de autoridades en instituciones y corporaciones tanto o más influyentes que el Gobierno, como la Iglesia, las cámaras empresarias, el mundo financiero, la Sociedad Rural, las empresas multinacionales, los medios de comunicación, o, más allá de la duración de cada embajador, las políticas permanentes del Departamento de Estado?
En la mesa del poder, que es lo que realmente importa, el sillón de la autoridad política es sólo uno, entre los tantos que ocupan esos poderes fácticos y permanentes. Y es, además, el único con que las mayorías populares y los sectores sociales más débiles cuentan para ver defendidos sus intereses. Que la conducción de cada uno de aquellos poderes se mantenga durante décadas, ya sea en las mismas personas o en defensa de los mismos intereses, mientras que lo único que está obligado a rotar es la autoridad política, debilita claramente a esta última, y, con ella, a los sectores populares a los que expresa. Este es un marco conceptual –aunque no el único– desde el cual debe darse el debate sobre la alternancia, para desalentar todo escozor que el tema provoque en la oligarquía y sus voceros.
Frente a toda posición dominante, ya sea económica o cultural, la neutralidad juega a favor del dominio. Hacen falta grandes decisiones para desarticular esa situación de dominio. Y si ellas generan conflicto y “crispación”, habrá que afrontarlos.
* Diputado nacional (Nuevo Encuentro).

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Las nuevas bases

Por Mario Oporto *

En mayo de hace 160 años, en el otoño chileno de 1852, Juan Bautista Alberdi publicó Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Más tarde lo reeditaría con ampliaciones, incluyendo un proyecto de Constitución.
Es una “obra de acción”, en la que Alberdi desarrolla el fundamento teórico del nuevo país. Impulsor de una filosofía americana, describió las particularidades económico-sociales del continente, diferenciando el desarrollo histórico de las naciones industriales del de los territorios dependientes. Se proponía construir los cimientos de una nación moderna. Para ello apostó al desarrollo de la sociedad civil sostenida por la moral productiva. El incentivo al interés privado contribuiría a la felicidad pública. Las amplias libertades civiles, tanto de creencias como de industria y de trabajo, debían dar garantías y derechos para que los individuos desplegaran sus prácticas económicas. Este ideal contrastaba con las restricciones a la participación política; la cuestión democrática quedaba para el futuro.
Para Alberdi hay un paralelismo entre libertad, igualdad y civilización. Los pueblos que quieran ser libres han de ser industriales, artistas, filósofos, morales. La democracia es un largo camino exigente y progresivo. Ese será “el programa” de la Constitución de 1853. El crecimiento económico, la aparición de nuevas clases sociales y el trasplante inmigratorio hicieron surgir el desafío de superar al modelo agroexportador por la sociedad industrial. También nacía la necesidad de democratizar la participación política y lograr mayor justicia social. El peruano Haya de la Torre, fundador del APRA, es un gran sintetizador de esas exigencias: democratización, industrialización e integración. Lo sabía el filósofo Alejandro Korn en 1925, cuando proponía “Las Nuevas Bases”.
Desde la Batalla de Caseros en adelante, reseña Korn, la Argentina ha estado supeditada a una ideología bien definida cuya síntesis más acabada son las Bases de Alberdi. Pero también se pregunta si a 70 y tantos años de distancia el problema económico no ha experimentado alguna modificación. Se interroga: “¿Acaso aún subsisten los mismos caracteres que contempló Alberdi?”. Y agrega, “para él lo fundamental era crear riqueza: hoy quizá convenga pensar también en su distribución equitativa. Los abalorios del liberalismo burgués se han vuelto algo mohosos y algunos principios jurídicos –posiblemente el de propiedad– han experimentado cierta evolución”.
Korn planteaba el problema y eso significaba poner en tela de juicio las Bases como dogma nacional. Si bien afirmaba que no podía olvidarse el factor económico como resorte pragmático de la existencia, éste debía dignificarse con el concepto ético de la justicia social. Y agregaba que si para Alberdi la cultura debía identificarse en aquel momento histórico con la destreza técnica, ya se podía imaginar como manifestación de la propia capacidad creadora en las ciencias, las artes y las letras. Para lograr la justicia social y la cultura nacional, pensaba Korn, era menester renovar los conceptos básicos con que se había forjado la Nación en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, las Bases de Alberdi.
Pero las Nuevas Bases no serán producto de los cambios generados por el yrigoyenismo desde su llegada al gobierno. De las amplias ideas de Alberdi, Juan Domingo Perón será su continuador. Desarrolladas las Bases argentinas para la superación agropecuaria del desierto, Perón puso las Nuevas Bases para el tiempo de la sociedad industrial moderna, latinoamericana y democrática.
En 1949 se realizó la Convención para reformar la Constitución de 1853. Su principal ideólogo fue Arturo Sampay. Un siglo después de las Bases de Alberdi, se introducían los derechos sociales, nuevos conceptos sobre la propiedad y artículos memorables para ampliar soberanía, afirmar la presencia del Estado y consolidar la cultura nacional. Era la creación del nuevo Estado Latinoamericano de Bienestar, actualizando el pacto fundante nacional a favor de los cambios que habían producido en todo el mundo la industrialización y los nuevos fenómenos sociales, laborales y económicos.
La Constitución de 1853, reformada en 1860, 1866 y 1898, fue restituida por el gobierno “de facto” denominado “Revolución Libertadora”, que la reformó nuevamente en 1957. La nueva democracia volvió a reformarla en 1994, realizada sobre las bases “filosóficas” del clima de época.
Las Bases de Alberdi fueron la propuesta teórica para pensar y construir un país basado en el libre desarrollo de los individuos. Perón y Sampay, con su obra constitucionalista, desarrollaron la teoría de una sociedad moderna basada en la democracia social. El progreso, los logros igualitarios y la ampliación de soberanía y derechos alcanzados desde el 2003, y plasmados en importantes leyes, merecen constitucionalizarse. Es hora de pensar, como pregonaba Alejandro Korn, las Nuevas Bases.
* Diputado nacional (FpV).

Reforma Constitucional, por Daniel Sabsay en Tiempo Argentino

¿Hacia una nueva reforma?

Nos sorprenden las razones que se esgrimen para impulsar una reforma constitucional. Se sostiene que el modelo de Estado diseñado en el texto constitucional no condice con los adelantos que se han producido en el mundo, ya que el mismo constituye un fiel reflejo del neoliberalismo imperante en los años noventa. 

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Por: 

Daniel A. Sabsay

Se agrega que resulta necesario incluir los derechos de incidencia colectiva como el ambiente y redefinir lo relativo a recursos naturales. Caso contrario, la ley fundamental operaría como una suerte de “bozal” para asegurar un modelo moderno y progresista de bienestar. 

Pareciera que quienes se manifiestan así no hubieran leído el texto reformado en 1994. Se trató de un exhaustivo trabajo de actualización de la parte dogmática que permitió la inclusión de un nuevo capítulo denominado “Nuevos Derechos y Garantías”, que desarrolla de manera precisa dispositivos para la defensa de la democracia, la inclusión de los derechos políticos, la participación ciudadana a través de formas semidirectas de democracia, la protección del ambiente y de los derechos de los consumidores y usuarios y, por último, las garantías para la defensa de los derechos, como el amparo individual y colectivo, el habeas corpus y el habeas data. 

A lo anterior se suman los numerosísimos contenidos doctrinarios de fuente internacional gracias al nuevo régimen de los tratados que como principio general están por encima de las leyes; y, además, que algunos instrumentos de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional. La Corte Suprema ha sostenido que las decisiones –sentencias, recomendaciones, opiniones, etcétera– de las autoridades de aplicación de estos tratados también tienen jerarquía constitucional.

Gracias a estas modificaciones ha sido posible hacer realidad el juicio a los genocidas del último gobierno de facto. Debemos también destacar el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, a la cláusula del progreso social que indica que las decisiones del Congreso deben tender a dar satisfacción al desarrollo humano con justicia social, como así también al crecimiento armónico de la Nación, a la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar la integración territorial, entre muchos otros objetivos tendientes a asegurar la igualdad de oportunidades. 

No podemos extendernos, aunque de todos modos consideramos que los ejemplos dados permiten comprobar que el nuevo “techo ideológico” de nuestra constitución, la ubica claramente dentro del constitucionalismo social y con una avanzada hacia el neoconstitucionalismo con los aditamentos más modernos en la materia que tienden a evitar los abusos que provoca la globalización. 

Frente a este panorama los esfuerzos deben centrarse en lograr el cumplimiento de estas disposiciones, ya que desafortunadamente ello no siempre ocurre pues son numerosas las instituciones que a casi 18 años de la última reforma permanecen como letra muerta. 

Así sucede con el federalismo fiscal que propone el reformador a través de la sanción de una ley convenio entre la Nación y las provincias, con el respeto de la mayor parte de las prerrogativas reconocidas a los aborígenes, con la participación de las asociaciones de consumidores y de las provincias en los órganos de control, con la atenuación del presidencialismo, para sólo mencionar a algunas de las más destacadas asignaturas pendientes. Cuál es el sentido de retocar nuevamente a la ley suprema frente a tantas cuestiones sin aplicar?

¿No será que los motivos expuestos esconden el verdadero objetivo que se persigue: la “re-reelección” presidencial? De ser esto así, consideramos que el esfuerzo de una reforma debe estar centrado en el mejoramiento de las instituciones fundamentales de la República en aras de satisfacer el bienestar general y no en el logro de metas personales. 

La pretensión de eternizar a alguien en el poder lleva a la mutación de un régimen democrático en otro de tipo autoritario. Los ejemplos de otros presidencialismos en los que esto ha ocurrido son numerosos, basta con recordar a Stroessner, Somoza, Duvalier y Trujillo.