35) Julio 2020. Poder Judicial y sus crisis

EL PAÍS35REFORMA JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 28 de julio de 2020 La crisis del Poder Judicial y la necesidad de su reforma Por Roberto Carlés El Poder Judicial tiene la función de garantizar el Estado de derecho, resolver los conflictos que se presentan en toda comunidad y asegurar la vigencia de los derechos. Desde hace ya muchos años padece tres órdenes de problemas que dificultan el cumplimiento de estas funciones. S Reforma judicial: El Senado espera por el proyecto | El Gobierno presenta esta semana su propuesta Estos problemas –de orden institucional, funcional y cultural– han provocado una grave crisis de legitimidad del Poder Judicial. Según diversos estudios, alrededor del setenta por ciento de los argentinos descree del Poder Judicial. Estos números son más preocupantes respecto de la Corte Suprema, que exhibe un nivel de insatisfacción que ronda el ochenta por ciento, según un estudio de la Universidad de San Andrés. Lo cierto es que el desprestigio de una parte del Poder Judicial se derrama sobre el resto de los magistrados que cumplen adecuadamente sus funciones. Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana. A diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, el Poder Judicial no puede resolver sus problemas de legitimidad en las urnas. Se trata, además, del único órgano de gobierno en el que la opacidad es la regla tanto para su administración como respecto de la forma en que construye y hace públicas sus decisiones. En efecto, carece de las instancias de vigilancia y control ciudadano de los poderes políticos. Entre los problemas de orden institucional son particularmente graves la falta de independencia externa, respecto del poder político, económico y mediático; como interna, respecto de tribunales superiores o magistrados influyentes; la opacidad de su administración y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Por otro lado, la carencia de una cultura de diálogo interinstitucional –el viejo sistema de frenos y contrapesos– obtura la posibilidad de arribar a decisiones judiciales con mayor respaldo democrático. La excesiva concentración de poder es inadmisible en una república. En la Corte solo cinco personas tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de leyes, decretos y actos administrativos emanados de autoridades elegidas por el voto popular. Si consideramos que los fallos suelen ser divididos, la mayoría se logra con apenas tres votos, y en consecuencia la jurisprudencia tiende a ser más variable. Por otro lado, una Corte reducida ofrece menos posibilidades de pluralidad de género, de especialidad, de carrera profesional, de procedencia geográfica, etc. Es tiempo además de que la cabeza del Poder Judicial tenga una integración con paridad de género. Es necesario revisar el funcionamiento de la Corte. Desde 1909 y por una construcción pretoriana, se atribuyó la competencia de revisar hechos y derecho de las sentencias de tribunales inferiores, convirtiéndose en una instancia más tanto en materia federal como de derecho común. Esta competencia autoatribuida representa la mayor actividad de la Corte y la razón del abarrotamiento de causas. En busca de una solución, en 1990 se introdujo otro problema: el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite al tribunal rechazar sin fundamento alguno las causas que no quiere resolver. La concentración de poder en la justicia penal federal porteña –un fuero que fue reconfigurado en la década del noventa para ser garante de la impunidad de los hechos de corrupción, al tiempo en que se profundizaba su connivencia con los servicios de inteligencia– se ha revelado como un grave problema institucional en los últimos cuatro años, en los que se han armado causas penales con testigos guionados, pericias fraguadas, imputados extorsionados o remunerados por el poder político, y se ha hecho un uso abusivo de la prisión preventiva. El Consejo de la Magistratura es una institución fallida que no ha cumplido adecuadamente las funciones de selección, sanción y remoción de magistrados, que continúa disputando la administración del Poder Judicial con la Corte, y que no tiene una integración equilibrada tal como prescribe la Constitución. Los problemas de orden funcional se manifiestan en los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia, como la ausencia de un patrocinio gratuito en todos los fueros para quienes lo necesiten, los elevados costos de litigar, el problema de la centralización geográfica, las deficiencias de infraestructura y digitalización, la incapacidad para resolver problemas comunes de los ciudadanos en forma eficiente, en plazos y con costos razonables; la lejanía del Poder Judicial respecto de la ciudadanía en general y, en particular, de las necesidades e intereses de los sectores populares y vulnerados. Más difíciles de contrarrestar, en cambio, son los problemas de orden cultural: el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, la escasa fundamentación de buena parte de sus sentencias, el uso de un lenguaje críptico, la resistencia al cambio, el machismo y la misoginia; la reticencia al examen, al control del desempeño, a la rendición de cuentas y a la implementación del ingreso democrático; el verticalismo, el apego a los privilegios y, en general, la falta de un proceso de incorporación de valores y prácticas como los que fueron adoptando los otros órganos de gobierno a partir de la transición democrática. El Presidente ha demostrado que conoce estos problemas y las reformas que se discuten van en la dirección correcta. Es importante que este proceso de reforma sea participativo e inclusivo, que las políticas que se impulsen tengan un sustento empírico y que, cuando se carezca de los datos suficientes, se los produzca. Más allá de las distintas políticas públicas que pueden impulsarse para resolver estos problemas del Poder Judicial, las reformas a encarar deben promover un servicio de justicia basado en el acceso igualitario, la proximidad, la transparencia y la eficiencia, con el fin de potenciar las capacidades del sistema para ofrecer soluciones concretas a los problemas de los ciudadanos, con una mayor sensibilidad por las necesidades de los sectores más vulnerados. Se trata, en definitiva, de garantizar la efectividad de los derechos. Hoy estamos muy lejos de eso. Bienvenido sea este primer paso. * Roberto Carlés es Doctor en Derecho. Secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comentario de un lector Comparto la intención del autor de exponer el lado oscuro de "la justicia" y la necesidad de reformarla. Pero disiento en algunas definiciones fundamentales, que creo provienen de la concepción clásica (e ingenua) de la democracia y su instrumentación en la división de poderes. Analizar un sólo componente del PODER es ineficaz, según nos enseña la metodología sistémica. Veamos esto en el lenguaje más llano posible. 1) El Poder Judicial tiene la función de garantizar el Estado de derecho. Un estado de derecho es aquel donde las leyes estén alineadas con la etica, el humanismo y el socialismo (como cosmovisión, no como partido), donde las leyes son para todes, su interpretación no es arbitraria y se hacen cumplir todo lo posible. Pues ese estado ideal, sólo se logra en sociedades educadas, comprometidas y participativas, cuyos gobiernos son el reflejo de esa sociedad que se auto-organiza para la mejora contínua. Nada de eso puede GARANTIZAR un sólo poder del estado, en este caso el judicial. Por ejemplo, las leyes mal concebidas o reglamentadas y la vigencia de leyes y normativas obsoletas y contradictorias compromete la lógica y sistémica legal y provee el campo más fertil para los manejos interpretativos arbitrarios de los magistrados y las cortes. De manera que la relación Poder Legislativo-Poder Judicial es inextricable, inseparable e imposible de analizar por separado, mucho menos mejorar. 2) Ningún órgano de gobierno puede funcionar adecuadamente con semejantes niveles de desconfianza ciudadana. Lamentablemente equivocado. La desconfianza ciudadana no impide la delincuencia judicial, que se ampara en relaciones de poder extra-judiciales, en especial la maquina mediática de confundir y mentir. Lo mismo sucede con los otros dos poderes, cuyos peores componentes y funcionarios sobreviven el paso de los años y las más diversas gestiones políticas. El estado es una maquinaria compleja con lo mejor y lo peor de la sociedad. Pero el grado de satisfacción/confianza ciudadana nunca ha alcanzado para promover reformas profundas y participadas, más allá del marketing y algunos logros parciales. El reparto de puestos a amigos siempre ha limitado y condicionado la profesionalización de los staff gubernamentales. 3) A diferencia de lo que ocurre con los poderes políticos, el Poder Judicial no puede resolver sus problemas de legitimidad en las urnas. 3.1) Por alguna razón que desconozco, se instaló la idea de que el poder Judicial NO ES POLÏTICO. Una de las consecuencias de esta falsa separación es que la elite judicial se auto-considera fuera (y por arriba) del sistema político, que en realidad integra. Prtenede además desde ese lugar "especial", quedar afuera de la mala reputación que " los políticos" acarrean históricamente. Insisto, el Poder Judicial es parte del gobierno democrático, No su contralor. Su diferencia es funcional, no de esencia. Otra consecuencia de esa falsa separación, es que ha podido construir toda una capa de privilegios, blindajes, excepciones y en última instancia de impunidad para los delincuentes judiciales, desde un modesto juez de faltas hasta el presidente de la Corte Suprema. 3.2) La legitimidad del accionar del Poder Judicial no se resolverá por las urnas, de la misma manera que no pudo evitar que Macri y sus secuaces saquearan las arcas y los derechos ciudadanos. Se puede discutir se hay que elegir a los jueces democráticamente, pero eso NO asegura la legitimidad, que necesita ademas una concepción y diseño institucional alineado con el ideario del estado de derecho que aclaré mas arriba. En otras palabras, los "mejores" o mas votados jueces no podrán ejercer honesta y adecuadamente su tarea sin un sistema re-fundado en base a principios. 4) ...único órgano de gobierno en el que la opacidad es la regla. Lamento nuevamente tener que contrastarlo con la realidad. La opacidad en las decisiones traspasa todo el sistema político. El Poder Judicial solo tiene mecanismos diferenciales de protección. La transparencia de los actos públicos, sigue siendo materia pendiente de la democracia representativa. Por algo hace falta espiar... 5) Entre los problemas de orden institucional son particularmente graves la falta de independencia externa, respecto del poder político, económico y mediático. Vale lo mismo comentado en el punto 3. La "falta de independencia externa" es en realidad un eufemismo para indicar lisa y llanamente "corrupción". Todo funcionario público está obligado a tomar decisiones en base a su capacidad, conocimiento y circunstancias y no en base al influencias, sobornos, prejuicios a amistades. Es básico; y vale para un maestro, un médico, un legislador, un ministro o un juez. Nadie le dice a un juez cuando jura que "depende" de Clarín o de Macri. El solito construye su dependencia o independencia. Y como la existencia de mafias complejas provoca asedios y acechos a los jueces honestos, de lo que se trata es combatir a las mafias tanto como a los corruptos que ceden o se venden a ellas. Nada de esto puede hacerse sólo con una reforma judicial. Otra vez la sistémica... No opino sobre las cuestiones instrumentales que requiere la reforma, pues no entiendo de ello. Pero como ciudadanX creo necesario ampliar la mirada y el contexto de esta esperada reforma judicial, que si bien necesaria, es insuficiente