El país|Jueves, 12 de diciembre de 2013
EL JUEZ DE LA CORTE RAUL ZAFFARONI HABLA DE LA NECESIDAD DE REFORMAR LA POLICIA
“La fuerza capaz de desestabilizar es la policial”
La permanencia del modelo del siglo XIX como caldo de cultivo de las situaciones en las que la policía puede ser manipulada. La descentralización como posible remedio al “financiamiento autónomo”. La necesidad de abrir un canal de diálogo.
Por Victoria Ginzberg
El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni es penalista y hace años que estudia los cuestiones vinculadas con seguridad y reforma policial. Al analizar las protestas que en los últimos días protagonizaron las fuerzas provinciales y los saqueos asociados a esos episodios, dice que tiene la sensación de que no son manifestaciones espontáneas, pero, a la vez, no cree que ése sea el principal problema. El tema de fondo, sostiene, es que hay que repensar el modelo policial. Arriesga que los uniformados deben tener un canal de diálogo para poder plantear sus reclamos y que las fuerzas de seguridad que se ocupan del delito común deben descentralizarse: más policías, más pequeñas y más cerca de los ciudadanos (es decir en los municipios), podría resumirse su propuesta. También explica que desde que se pasó de la ideología de Seguridad Nacional a la ideología de Seguridad Ciudadana, “la fuerza capaz de desestabilizar es la policial”.
–Lo que quedó a la luz en estos días y también lo mencionó en parte la Presidenta es la imposibilidad que hubo en estos 30 años de hacer una verdadera reforma policial.–Obviamente. Es una tremenda deuda de la democracia no haber repensado la policía. Hay países, como Costa Rica, que no tienen Fuerzas Armadas, pero países sin policía no existen. Es una institución necesaria en el Estado moderno. El modelo institucional de policía que seguimos teniendo tendrá todo el desarrollo tecnológico que se quiere, pero el modelo institucional es el que se estableció cuando Rivadavia cerró los cabildos. Es un modelo de ocupación territorial. Copiamos la Constitución de Estados Unidos, pero después copiamos la policía borbónica. No hay una policía de integración comunitaria. Creo que hay que repensar eso.
–¿Qué cambios habría que hacer?
–Pensaría hasta qué punto no hay que programar un pase de la policía de calle para el delito común a los municipios, con control vecinal. Inmediatez, fuerzas más chicas, más controlables. Naturalmente que habría que tener una policía centralizada para delitos complejos y habría que separarla de la policía de investigación criminal que, un día, con un proceso acusatorio, podría depender del Ministerio Público o de los poderes judiciales. Pero la policía de seguridad de calle tiene que estar cerca de la gente, cerca de la manifestación terciaria del Estado, la que uno tiene más a la mano, que es la municipal. Hay que tener en cuenta que el policía es un trabajador, un trabajador particular, pero necesita tener un lugar para canalizar sus reclamos. Discutir horizontalmente las condiciones de trabajo es lo que crea la conciencia profesional.
–Usted habla de un financiamiento autónomo de la policía, ¿es ése otro de los principales problemas?
–El modelo que viene del siglo XIX es ése: te autonomizo, te dejo recaudar y vos me garantizás gobernabilidad. Ese es un modelo que nos viene de la república oligárquica. Un modelo colonialista de ocupación territorial. Esa recaudación autónoma hoy se quiebra porque es mucho más voluminosa, en razón de la globalización, en razón de los mil tráficos ilícitos que hay. Con eso se quiebran los mandos, se quiebra la verticalidad, se quiebra todo.
–¿Con una municipalización de la policía se puede arreglar eso? ¿No puede pasar que dejen de financiarse unos y que se financien otros?
–No descarto que puede haber, o que casi seguro haya, algún caso patológico en que la jefatura municipal haga una mafia con su policía. Pero la gente va a ir y le va a quemar la intendencia. Y al intendente le va a interesar tener seguridad, porque si no, no lo van a votar más o le hacen una pueblada. La gente no se calla. Al achicar, se hace más controlable. Hay un contacto más inmediato con la policía. Controlar una fuerza de 50, 20 mil personas es muy difícil.
–¿Qué impresión tiene de los conflictos desatados con las policías provinciales y los saqueos? El Gobierno denuncia que tienen intencionalidad política, ¿comparte este diagnóstico?
–Tengo la sensación de que hay una manipulación, que no es una manifestación espontánea. Pero hay un espacio que da lugar a esa manifestación. No hay un canal de comunicación del personal policial en el que éste se pueda expresar de alguna manera. Yo no sé si es la sindicalización, no entro en ese tema porque hay una cuestión jurídica debatida que tenemos que resolver en la Corte. Tenemos una causa que está para votar y hay otra con vista a la Procuración. De manera que no abro juicio sobre la cuestión jurídica, pero algún canal de comunicación tiene que haber, alguna forma. Esa falta es lo que genera el espacio en que se puede dar la manipulación. Si se ve la vivencia del personal policial, es una persona que no tiene posibilidades de discutir sus condiciones de trabajo en forma horizontal, está sometido a un régimen de trabajo que dicen que es cuasi militar, pero es un régimen de sanciones arbitrario, no puede discutir sus condiciones salariales. Cada vez que tiene que hacer una declaración, la tiene que hacer de espaldas, parece que declara la ETA. Por otra parte, es una actividad que exige riesgos. Todo eso es un caldo que cultivo para cualquier manipulación.
–Además de la protesta, ¿cómo cree que se manejó la negociación?
–No puedo abrir juicio porque no conozco los detalles, pero sí creo que puso sobre el tapete un problema, una necesidad. Hay muertos, lo que ha pasado es grave y no hay que tirarse con cadáveres para abrir responsabilidades, sino que hay que sentarse para ver qué hacemos. No estamos en campaña electoral, es buen momento para sentarse a pensar esto, necesitamos renovar esta institución.
–¿A qué se debe el fracaso de los sucesivos intentos de reforma? Porque esporádicamente hay cierta voluntad para hacer cambios en la policía.
–Uno de los principales problemas son las marchas y contramarchas. En la policía de la provincia de Buenos Aires hubo marchas y contramarchas. Eso desconcierta al personal. Por eso hay que hacer una política de Estado que vaya en ese sentido. Hay que hacer un acuerdo político. Una democracia necesita algunas bases estructurales. Hay que pensar en el modelo de Canadá, de Scotland Yard, de Italia, las policías de las comunidades autónomas españolas... No necesitamos una policía que se dedique a controlar excluidos, necesitamos una policía que nos asegure mínimamente el orden.
–¿Las denuncias que se están haciendo por sedición en algunas provincias e incluso en el gobierno nacional, le parecen acertadas?
–Las denuncias se pueden hacer, pero esto no se va a resolver penalmente. La dificultad de fondo es de programación institucional. Si no se obtura el espacio para la manipulación se producen estos fenómenos. No tenemos que irnos a Ecuador (se refiere al intento de golpe de Estado de 2010 que comenzó con un reclamo policial). El último golpe contra Fernando de la Rúa ¿quién se lo dio? Fue la policía. Había otros factores, pero el último empujón salió de ahí. (Eduardo) Duhalde tiene que salir prematuramente por un hecho policial. Tengo serias sospechas sobre la desaparición de (Jorge Julio) López. Se puede decir que no siempre el que mata al tío rico es el sobrino heredero, pero ¿quién se benefició de eso? Por otra parte, en Ecuador pasa esto porque tiene una policía única. Estados Unidos nos recomienda que en América latina tengamos policías centralizadas. Cuando tenés una policía única se te hace inmanejable, se te autonomiza y pasan estas cosas.
–Pero Estados Unidos no tiene una policía única.
–No. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Ellos tienen 2400 policías. Imitemos a los Estados Unidos en eso. No hagamos lo que nos dicen sino lo que ellos hacen. Tienen policía de condado, policía estadual, todas las policías federales... son más de dos mil.
–¿La policía se convirtió en un actor relevante en los procesos de desestabilización? ¿Se puede decir que en cierto sentido ocupó el rol que tenían las Fuerzas Armadas?
–Claro. Desde que se pasa de la ideología de Seguridad Nacional a la ideología de Seguridad Ciudadana, la fuerza capaz de desestabilizar es la policial. Por otra parte, tiene más penetración social que las Fuerzas Armadas. No son golpes de Estado de las características tradicionales. No se sienta un comisario en el sillón presidencial, pero son movimientos que pueden desestabilizar fácilmente, crear una sensación de caos, de inseguridad pública. Es grave.
El país|Domingo, 15 de diciembre de 2013
LEON ARSLANIAN ADVIRTIO QUE LAS POLICIAS SON “NAPOLEONICAS” Y DEBEN SER REFORMULADAS
“Las debe conducir el poder político”
El ex ministro de Seguridad bonaerense planteó que “no queda otro camino que la reforma” de las fuerzas policiales”. Dijo también que “si no se las descentraliza y se las democratiza”, los alzamientos serán “un cuento de nunca acabar”.
Por Carlos Rodríguez
“Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.” El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”. Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”. De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”. Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.
Recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.
–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?
–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.
–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?
–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.
–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.
–La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.
–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.
–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.
–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?
–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.
–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.
–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.
–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?
–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.
–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?
–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.
–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?
–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.
–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?
–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.
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El país|Domingo, 15 de diciembre de 2013
INCLUSION SOCIAL Y CONTROL POLITICO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
El antídoto
La inclusión social y el control político de las fuerzas de seguridad son el antídoto prescripto por el gobierno nacional para la descomposición de las policías provinciales. El Estado Nacional está limitado por las autonomías provinciales, pero aun así tiene un amplio campo de actuación para confrontar con el modelo vertical y jerárquico y el modo de relación con la sociedad, como fuerzas de ocupación. El rol de la Justicia para desbaratar las redes de ilegalidad con participación policial.
Por Horacio Verbitsky
Desde Córdoba
Inclusión social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad. El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca. Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante? En cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas policiales que se han venido posponiendo durante décadas.
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