7D, las claves y los artículos. Y la Nación

TIEMPO ARGENTINO

Las alternativas de adecuación para Cablevisión, Canal 13, TN y las radios

A cinco días del vencimiento del plazo que impuso la Corte Suprema, el Grupo Clarín todavía no planteó ante la AFSCA su oferta para desinvertir de acuerdo con los parámetros que fija la Ley de Medios.

 

    

Por:

Gustavo Montiel

Cuando falta menos de una semana para el 7 de diciembre, y por lo menos seis de los grupos mediáticos que exceden los límites de la Ley de Medios presentaron o presentarán un plan de adecuación ante la AFSCA, al cierre de esta edición el Grupo Clarín continúa sin dar a conocer un plan de adecuación voluntaria.

Los artículos clave de la Ley 26.522 para entender el proceso adecuatorio que se viene son los que van desde el 24 al 31 (fijan las condiciones de admisibilidad para la adjudicación de las licencias), el 45 (fija los límites por cuota de mercado y multiplicidad de licencias) y el 161 (para quienes exceden los límites de la norma, no reúnen los requisitos previstos o tienen una composición societaria diferente a la permitida, establece el plazo de un año para ajustarse a la ley y, vencido ese plazo, permite las medidas de adecuación necesarias).

En el caso del Grupo Clarín, según el estado de situación presentado por la ASFCA, se registra una serie de excesos a la ley en cinco aspectos vinculados al artículo 45: participación en el mercado, exceso nominal de licencias a nivel nacional, incompatibilidades cruzadas con señales, exceso nominal de licencias a nivel local, e incompatibilidades cruzadas a nivel local.

El primer exceso se da en cuanto a la participación en el mercado. Según el artículo 45, nadie puede exceder el 35% de participación del mercado nacional, ya se trate de abonados o habitantes. Clarín tiene un 58,61% de participación en TV por cable, en radios AM/FM llega al 41,88% y en TV abierta, un 38,78 por ciento. En el segundo incumplimiento, el Grupo excede la cantidad de licencias permitidas en el ámbito nacional. La ley permite ser titular de hasta 24 licencias de televisión por suscripción por vínculo físico (TV por cable). Clarín computa 237 licencias de TV por suscripción. Otro de los puntos fijados por el artículo 45 establece que quien es prestador de servicios de TV por suscripción con vínculo físico, sólo puede tener una señal de generación propia. Clarín posee nueve (TN, Volver, Magazine, Quiero Música en Mi Idioma, Metro, El Trece Satelital, TyC Max, TyC Sports, Canal Rural Satelital).

El artículo 45, además, permite en el orden nacional ser titular de hasta diez licencias que utilicen el espectro radioeléctrico (radio, TV abierta y servicios de suscripción con utilización del espectro) y, además, poseer la titularidad de una señal de contenidos propia. En este ítem, Clarín registra un total de 25 licencias, con un máximo permitido de diez. En el ámbito local, y siempre según el artículo 45, se puede ser titular de una licencia de radiodifusión televisiva por suscripción (TV por cable) o de una licencia de radiodifusión de TV abierta, pero no de ambas en la misma área. En el caso de Clarín, en términos prácticos, significa que para adecuarse en este ítem el Grupo podría, por ejemplo, optar entre conservar Canal 13 más una señal propia (por ejemplo TN) o mantener Cablevisión, pero la ley no le permite tener licencias de cable y TV abierta en la misma área. La AFSCA con Clarín consignó esta incompatibilidad cruzada a nivel local en cuanto a licencias en la Ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, Bahía Blanca y la ciudad de Córdoba.

En cuanto a radios, en el orden local se puede ser titular de una licencia de AM, hasta una de FM o dos de esta última, en caso de que existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicios. En ningún caso se podrá ser titular de más de tres licencias en el área local. El Grupo registra, en el ámbito local, exceso de licencias en 37 ciudades.

Desde el organismo suelen recordar que la ley no contempla aspectos relacionados con los medios gráficos. Por lo tanto, el diario Clarín de ningún modo es susceptible de adecuación.

Mientras tanto, los demás grupos avanzan para lograr la adecuación en tiempo y forma. Ayer trascendió que la ASFCA daría a conocer hoy un comunicado informando que cinco grupos presentaron, a fines de esta semana, una propuesta ante el organismo: Uno Medios (Vila-Manzano), Indalo, Ick, Radiovisión Jujuy y Aldrey Iglesias (no registrado en el estado de situación, se presentó por su cuenta). Estas presentaciones quedarán sujetas a revisión y análisis por parte del organismo. Telefe anunció que la semana próxima presentará su plan.
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Ante el 7-D
De la Justicia dependerá que la controvertida ley de medios no termine siendo otro instrumento para debilitar las voces disidentes del Gobierno
Comentá67    
En medio del barullo derivado de las discusiones políticas y jurídicas sobre la fecha del 7 de diciembre o 7-D, es vital que la sociedad argentina no pierda de vista lo que realmente debería estar en debate en estos días, frente a la posibilidad de un nuevo atropello por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a las instituciones de la República.

La Justicia, como lo ha señalado recientemente la Corte Suprema, debería expedirse cuanto antes sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, cuya ejecución está suspendida por una medida cautelar resuelta por un juez a partir de un recurso de amparo presentado oportunamente por el Grupo Clarín.

Uno de esos artículos, el 161, desconoce licencias de servicios de radio y televisión que se encuentran vigentes, al tiempo que obliga a aquellas empresas que se encuentren excedidas en el nuevo tope de licencias que pueden operar a desinvertir en el plazo de un año.

Este desconocimiento retroactivo de licencias vigentes, otorgadas por el propio Estado y prorrogadas por diez años por el Gobierno en 2005, constituye una violación de los derechos adquiridos, que afecta inversiones y el derecho de propiedad, además de coartar la libertad de expresión por los medios en cuestión.

El otro artículo objeto de discordia es el 45, que entre otras cosas, establece restricciones a la producción de señales de cable, restringe a 24 las licencias de televisión por cable y reduce a un máximo del 35% la participación en el mercado nacional, al tiempo que impide que un licenciatario de televisión abierta pueda tener una licencia de TV por cable en la misma área y viceversa.

Además de limitar la producción de señales sin razones técnicas ni competitivas aparentes, ese artículo parece discriminatorio hacia la empresa Cablevisión, que tiene una licencia por cada localidad en la que presta servicios, frente a otras compañías de cable que gozan de licencias con extensiones para ampliar su cobertura hacia otros territorios (Telecentro, por caso, cubre con una licencia un territorio que a Cablevisión le demanda 19 licencias), y frente a otras de televisión satelital que poseen una licencia única para operar en todo el territorio nacional. Del mismo modo, se penaliza a parte de los usuarios al quitarles la posibilidad de optar por un operador de cable. Y, en otro orden, al prohibirse que un licenciatario pueda tener TV abierta y de cable en la misma área, parece avanzarse hacia otra discriminación que les quitará sustentabilidad a los medios audiovisuales para hacerlos dependientes del Estado o de otros negocios. Finalmente, discrimina el alcance de la TV privada respecto de la estatal, que puede llegar a todo el país, violando el principio de igualdad ante la ley.

Hubiera sido deseable que una resolución de la Justicia sobre estas cuestiones no se demorara tanto tiempo. A estas alturas, sin embargo, todo indica que el Poder Ejecutivo Nacional ha presionado de distintas formas a la Justicia para impedir una sentencia y, así, interpretar a su antojo un pronunciamiento de la Corte sobre las medidas cautelares, de manera de poner en marcha los artículos cuestionados, aun cuando la Justicia no se haya expedido sobre su constitucionalidad, a partir del 7 de este mes.

Es claro que la ejecución de esos artículos seguiría en suspenso si la Justicia se pronunciara en estos días en cualquier sentido. Esto sería así porque aun en el caso de que el juez de primera instancia fallara a favor de su constitucionalidad, el Grupo Clarín podría apelar ante al Cámara Civil y Comercial y eso suspendería los efectos de la sentencia.

Resulta asimismo curioso que desde el Gobierno se culpe por la falta de aplicación de la ley de medios al grupo empresario que ha objetado judicialmente dos artículos. En rigor, la norma legal se encuentra paralizada en numerosos aspectos, y no por la acción interpuesta por Clarín, sino por la carencia de voluntad gubernamental para avanzar en otros múltiples puntos de la ley que no han sido objeto de controversia judicial. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), por caso, dejó sin efecto un concurso público para la instalación de 220 canales de televisión en todo el país, al tiempo que, tres años después de sancionada la norma, no ha completado su directorio por la resistencia del oficialismo a incorporar a determinados representantes de la oposición que le garantizarían a la autoridad de aplicación un mínimo de pluralidad.

Es evidente que, detrás del declamado objetivo oficial de asegurar el pluralismo de voces, se esconde el propósito del oficialismo de castigar a un grupo mediático con el que tiempo atrás se sentía muy cómodo por su adhesión a una línea editorial contraria al pensamiento oficial.

Se torna necesario entender que la libertad de expresión no es ni puede ser una concesión generosa de parte de los gobernantes, sino un precepto constitucional que hace a la esencia de nuestra República. Y que de la Justicia dependerá que esta ley de medios no termine convirtiéndose en un simple instrumento al servicio de un proyecto tendiente a debilitar las voces disidentes y a consolidar la colonización mediática por parte del kirchnerismo.