La Nación; reforma Código Civil

La reforma del código civil

Jueves 30 de agosto de 2012 

 

Opinión

Eliminar los deberes conyugales vacía de contenido al matrimonio

 

Este texto forma parte de una serie de columnas sobre la reforma del Código Civil y Comercial escritas por juristas, académicos y líderes comunitarios y religiosos.

Estamos ante un hecho que debemos valorar como un acontecimiento mayor en la vida de los argentinos. El Código Civil, por su carácter estable y modélico, al definir derechos y obligaciones no es algo neutro ni una mera fotografía de la realidad; tampoco un instrumento para solucionar problemas. Leer un Código Civil es conocer la vida y orientación de una comunidad. El refranero popular dice: "Dime cómo legislas y te diré qué sociedad quieres". El legislador es expresión de sabiduría en el camino de una comunidad. No puede no prever las consecuencias de lo que se legisla. La ley tiene una función pedagógica y efectos de los que somos responsables.
La ley tiene un valor objetivo que define derechos y obligaciones en el marco del bien común. Elaborar leyes es función del Estado, no de la Iglesia. Pero ella tiene la obligación de colaborar en la búsqueda de aquellos principios morales objetivos que son el fundamento de toda obra legislativa y que son "accesibles a la razón, prescindiendo del contenido de la revelación" (Benedicto XVI).
No se trata de un tema confesional sino del valor humano de la verdad y de su exigencia moral. La conciencia de un orden objetivo de valores y la reflexión del legislador son la mejor garantía de leyes justas. No es correcto relegar a la esfera de lo privado el mundo de los valores o principios morales, como si no tuviesen importancia en el fundamento de las leyes y un alcance jurídico.
El proyecto de reforma del Código Civil es el fruto del esfuerzo de muchas personas que han aportado su conocimiento y experiencia. Es un trabajo que merece el reconocimiento. Esto es cierto y lo valoro, pero en temas vinculados a la vida y a la familia entiendo que no ha tenido la misma pluralidad. Dada la trascendencia de los cambios propuestos y, además, que no han tenido una presencia en las plataformas políticas, es conveniente que haya amplia participación y apertura federal. Considero que hay cuestiones que, a nuestro juicio y en la opinión de juristas, academias, universidades y expertos, merecen mayor reflexión.
Ante todo, el comienzo de la vida humana y su necesaria tutela. La ciencia no deja lugar a dudas: la vida comienza desde el momento de la concepción. Con la tradición jurídica nacional y el contexto constitucional sostenemos que la persona es tal desde la concepción sin distinguir si ocurre dentro o fuera del seno materno. Es una discriminación injusta que algunos seres humanos en estado embrionario sean considerados personas -los concebidos en el seno materno o los implantados en él-, mientras que a otros se les niegue ese estatus. No hay diferencia ontológica entre ellos. Los derechos se deben ampliar, no restringir. ¿Cuál es el estatus jurídico de estos embriones? Remitir su protección a una ley aún no existente resulta insuficiente para evitar atentados contra esos seres humanos, expuestos a comercialización o destrucción. El Código, por su importancia y universalidad, debería orientar futuras leyes y no dejar un vacío jurídico.
La familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer, perdurable y estable, considero que es el modo óptimo de crianza de los niños y de organización familiar y social. Si el Código dejara de prever los deberes de fidelidad, cohabitación, la asistencia y el bien de los hijos, el matrimonio se vaciaría de contenido en desmedro de los propios esposos y del bien superior de los niños y su derecho a crecer y ser educados en el ámbito de una familia estable.
No cualquier forma de convivencia es igualmente valiosa, respetuosa de la verdad de la naturaleza humana. Preocupa la equiparación casi absoluta entre el matrimonio y las uniones de hecho. Se argumenta que se quiere dar reconocimiento legal a las "diversas formas de familia", pero llama la atención que la única forma que no se reconoce es la fundada sobre el matrimonio estable e indisoluble. Sólo fueron propuestas y reguladas formas de familia débiles e inestables.
El régimen de paternidad, maternidad y filiación genera incertidumbre en torno a la protección de los niños. Una sociedad que no privilegie los derechos e intereses de los niños por sobre los de los adultos se empobrece socialmente. Se verifica en la regulación de algunos efectos de las técnicas de fecundación artificial, dado que se privilegia un supuesto "derecho al hijo", por sobre el derecho del hijo a la vida y al respeto de su intrínseca dignidad y el principio de originalidad en la transmisión de la vida.
Estas técnicas suponen con frecuencia mecanismos de selección de los embriones más aptos. No hay previsiones que eviten estas derivaciones injustas en el proyecto de Código Civil. Igualmente, se conculca el derecho a la identidad cuando queda sujeto a la voluntad de los adultos y se discrimina así entre categorías de hijos con más o menos derechos según el modo en que fueron concebidos. Finalmente, en materia de adopción, si bien se avanza, no se privilegia el interés superior de los niños, que consiste en tener un padre y una madre unidos en matrimonio y no el deseo de los adultos de ser padres.
No todo lo que es técnicamente posible en el manejo de la vida es necesariamente ético y respeta su dignidad. Así, existen serias objeciones éticas y jurídicas en torno a la fecundación artificial que deberían conducir a una reflexión más atenta y no sólo permisiva. Si no obstante ello se decidiera llevar adelante la fecundación extracorpórea, el ser humano concebido tiene el mismo estatuto, dignidad y derechos que cualquier otro. Existen países que han limitado los daños provocados por el uso de estas técnicas restringiendo el acceso a ellas a los matrimonios formados por varón y mujer y prohibiendo la crioconservación de embriones. Es grave la posibilidad de fecundación post mórtem, ya que no es aceptable permitir deliberadamente orfandades amparadas por la ley.
Reconocemos que hay un esfuerzo por atender a la protección de los derechos de la mujer. Pero al mismo tiempo resulta agraviante la posibilidad del alquiler de vientre. No es un reclamo social ni es consistente con las tradiciones jurídicas, principios y valores argentinos. Esto degrada a la mujer gestante y es posible que sea fuente de mayor desigualdad por la explotación de mujeres pobres para esos fines. Además de negar el conocimiento a la identidad biológica, desconoce el profundo vínculo psicológico que se establece entre la madre gestante y el niño al que da a luz..