Cuáles son las propuestas para discutir una legislación nacional 
Por
Abogados, especialistas y legisladores repasan las razones de una discusión pendiente para fortalecer el camino iniciado con la sanción de la Ley de Medios. Las trabas de Clarín y La Nación y el argumento de la “autocensura”.
La cruzada cultural por una comunicación más democrática no se zanjó con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009. Aún restan muchas batallas por librar para que se termine por pluralizar un espacio monopolizado por un reducido grupo de voces. En torno a esta cuestión comenzó a debatirse la promulgación de una ley nacional que regule los requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho a réplica, un derecho “consagrado en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica; que también es una ‘responsabilidad ulterior’ en el ejercicio del derecho a la información, en tanto existe una vez que ha sido emitida una información inexacta o agraviante; y al mismo tiempo un deber ético para el sujeto profesional de la comunicación”, en palabras de Analía Elíades, abogada y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. La falta de una ley que se ocupe de estos vacíos jurídicos no es producto de la ausencia de iniciativas sobre el tema sino de las obstrucciones políticas con las que chocaron los diversos proyectos que se impulsaron a lo largo de la historia contemporánea argentina.
“Para cierto sector empresarial mediático argentino, este derecho promueve la ‘autocensura’ y vulnera el derecho de la propiedad de los medios”, explicó Elíades a Tiempo Argentino. Un editorial del diario Clarín, del 3 de marzo de 2006, desarrolla algunos de los lineamientos que se levantan en contra de una ley que regule esta situación. En relación a la intención del entonces gobernador de Tucumán de incluir el derecho a réplica en la Constitución provincial, en el mencionado artículo se aseguró: “De concretarse esta propuesta, se estaría lesionando la Constitución Nacional, que prohíbe la censura. El establecimiento del derecho a réplica implicaría obligar a un medio a publicar una rectificación o una respuesta a una información sin que se acredite el daño causado”, se lee en la nota que sienta la postura del medio gráfico. Esto significa vulnerar la autonomía que debe orientar la labor periodística en una sociedad abierta, ya que pasaría a ser el poder público quien termine diciendo qué se debe publicar o cómo debe disponerse del espacio de los medios de comunicación”, continúa el editorial titulado “Derecho a réplica, forma de censura”.
Y agrega: “Justamente, por el rasgo coactivo y restrictivo de la autonomía periodística, la imposición a publicar algo que no se quiere publicar ha sido caracterizada por la doctrina constitucional como equivalente a la censura. (…) En vez de promoverse restricciones, es de esperar que en nuestra cultura jurídica y política se afiance el respeto a una libertad primordial como es la de prensa. Imponer contenidos, obligar a que cierta voz sea difundida, son prácticas peligrosas e impropias de nuestra democracia. La propuesta del gobernador de Tucumán de incluir el derecho a réplica en el orden legal provincial debe rechazarse, ya que implicaría transgredir normas de la Constitución nacional que avalan el funcionamiento sin censura de la prensa”, se concluye.
Esto explicaría –con retroactividad, claro– la reacción que se le adjudicó a este medio cuando a fines de los ’80, el senador radical Ricardo Laferriere osó presentar un proyecto que reglamentase los espacios de los medios con el fin de que los partidos, las instituciones o los particulares pudieran responderle en caso de verse damnificados: a partir de entonces la gran prensa comenzó a esquivarlo.
Curiosamente, en 1998, otro editorial, esta vez del diario La Nación, sentó una postura similar. Al hacer referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que sentó jurisprudencia sobre el tema, desde un artículo titulado “El mal llamado derecho de réplica”, se esgrimió: “Según un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, el llamado derecho de réplica está vigente en la Argentina. Al adoptar esa posición, el tribunal se ha apartado ostensiblemente de las normas y los principios consagrados por la Constitución Nacional en resguardo de la libertad de prensa.” El caso que, según el diario fundado por Bartolomé Mitre, “motivó este desafortunado pronunciamiento de la Corte se originó a partir de la querella entablada por el particular Horacio Rozenblum contra la Editorial Atlántida por un artículo publicado en la revista Somos en agosto de 1992. En esa nota periodística se hacía referencia a la posible vinculación de Rozenblum con una operación fraudulenta del Banco de Crédito y Comercio Internacional. El mal llamado derecho de réplica – sienta postura el diario sábana– suele ser presentado como un instrumento para la defensa de la dignidad o el honor de una persona afectada por una publicación periodística. Se parte del error de suponer que una persona que ve lesionada su honra no tiene, en principio, protección jurídica alguna. En realidad, no es así: esa persona está amparada por el Código Penal, que castiga los delitos contra el honor y, por lo tanto, puede accionar criminalmente contra quien haya utilizado la vía periodística para injuriarla, calumniarla o deshonrarla. La institución del derecho de réplica es, pues, completamente innecesaria”, afirma el editor y no amplía sobre el daño que causa la difusión de la supuesta deshonra por un medio masivo de comunicación.
Según Elíades, “estos argumentos resultan falaces ya que la posibilidad de que ante una información, el aludido pretenda rectificarla, no debe constituir temor ni amenaza alguna ni para el periodista ni para el medio, sino todo lo contrario, la posibilidad de que el afectado dé su versión de los hechos, contribuye a tener una visión amplia del tema que se trata, contribuye a la pluralidad informativa y fortalece a la democracia misma. Si se está temiendo es porque algo se está escondiendo”, aseveró.
Y luego, la investigadora de la UNLP, sumó: “Los grandes grupos mediáticos argentinos estuvieron en contra de una ley nacional que regulara el derecho de rectificación. Todos los proyectos de ley que se presentaron no tuvieron mayor suerte. Incluso ADEPA, la institución que agrupa a los dueños de los medios, se pronunció en contra de este derecho porque dicen que ataca el derecho de propiedad de los medios y promueve la autocensura”. A continuación, contextualizó: “Hay que reconocer aquellas presiones históricas para que una ley de esta naturaleza pueda ser promulgada. La discusión histórica sobre esta ley a nivel nacional tiene la misma matriz que la Ley de Medios.” Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de un aprendizaje cultural: “Vamos a tener que aprender a contestar puntualmente los hechos controvertidos. No se trata de responder sobre cualquier cuestión ni de agredir al medio o a un periodista.”
Justamente, uno de los pilares sobre los que se basan quienes defienden este derecho es el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sostiene:
1.Toda persona es afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación por respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2.En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
A él se recurre en los fundamentos de uno de los últimos proyectos sobre derecho de rectificación o respuesta que quedó cajoneado en el Congreso. Fue impulsado el 2 de mayo de 2008 por un sector del Frente para la Victoria de la Cámara Baja pero nunca logró llegar al recinto. Junto a este fragmento de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional desde 1994, se menciona la consagración jurisprudencial de este derecho en la Argentina. Se trata del caso “Ekmekdjian, Miguel c/ Sofovich G. y otros”, de 1992, al que la Corte Suprema de Justicia reconoció procedencia y constitucionalidad. A partir de entonces, se dictaron numerosos fallos que reconocieron la vigencia del derecho de rectificación, aunque difiriendo en algunas cuestiones particulares.
Ante esta realidad, los autores del proyecto se preguntaron en los fundamentos de la iniciativa sobre los alcances del marco jurídico: “¿Es procedente el derecho de respuesta o rectificación respecto de juicios de valor y opiniones, como en el derecho francés? ¿Deberá, en cambio, ser acotado en relación a aserciones de tipo fáctico? ¿Quién goza de suficiente legitimación para el ejercicio del derecho? ¿Se puede admitir la legitimación de personas jurídicas como representantes de un interés colectivo? ¿Ese interés colectivo ha de ser ejercido por quien primero se presente en el tiempo, como se resolvió en Ekmekdjian c/ Sofovich? ¿Hay que demostrar la falsedad o inexactitud de la noticia respecto de la cual quiere ejercerse el derecho? ¿Cuál debe ser la correcta interpretación de la frase del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto se refiere a “medios de difusión legalmente reglamentados”? ¿Cuál debe ser el plazo para la materialización de la rectificación o respuesta? ¿Cuál debe ser la extensión de la misma? ¿Su ejercicio debe ser gratuito y a cargo del medio periodístico? ¿El medio puede esgrimir causales de negativa para la difusión o publicación de la rectificación o respuesta?.”
Si bien el proyecto intentó arrojar luz sobre estas cuestiones no logró siquiera acceder a la votación en el bloque. Según explicó a Tiempo Argentino uno de los autores del texto, Ariel Pasini –entonces diputado nacional y hoy subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Nación–: “Como la agenda política legislativa no estuvo en nuestra manos no logramos siquiera tratar el tema. El Grupo A impuso la fuerza del número groseramente. Nunca existieron las condiciones políticas para introducirlo en la agenda”, explicó.
El proyecto que llevaba el número de expediente 1912-D-2008 apuntaba en su artículo 1º que “toda persona física o jurídica que sea nombrada, señalada o notoriamente aludida en un medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual, radiofónico, digital u otro, con informaciones que considere presumiblemente falsas o que configuren un agravio a su persona, tiene el derecho a efectuar en el mismo medio y en forma gratuita, su respuesta o rectificación”. A continuación descartaba del derecho a réplica cualquier juicio sobre opiniones, valoraciones, creencias o ideologías y asentaba que el derecho se ejercería sin necesidad de un patrocinio letrado. También le daba un marco legal a los plazos para la publicación y la extensión de la rectificación. Por caso, afirmaba que “la respuesta deberá ser proporcional y con los mismos caracteres que la información que diera origen al reclamo”.
La diputada nacional Adriana Puigrrós fue una de las legisladoras que firmó el proyecto de ley. En conversación con este diario dijo: “Me parece que el derecho de rectificación es indispensable, es una de las premisas fundamentales de la libertad de prensa porque los medios pueden publicar las opiniones o construir la noticia que quieran pero quienes son aludidos en la misma tienen derecho a replicar cualquier información que consideren necesario, si lo que se publicó sobre su persona es falso. Tiene derecho a hacerlo, se trata de una base democrática fundamental. Estas son las razones por las que acompañé el proyecto en aquella oportunidad y por las que volvería a apoyarlo. Pelearé para publicarlo”, afirmó quien preside el Frente Grande.
En palabras de Alfredo Luis Fernández, presidente de la Fundación Conurbano, mientras no exista una legislación que regule esta situación se institucionalizará “la judicialización y se carecerá de parámetros claros, no sólo respecto de su procedencia y legitimación, sino también a la naturaleza, extensión, ubicación y oportunidad de la réplica”.
Por su parte, el diputado nacional por el GEN y vicepresidente primero de la Comisión de Libertad de Expresión, Gerardo Milman, dejó clara su postura: “Creo que debe haber una legislación que favorezca el derecho a réplica. Creo en la libertad de expresión pero también quienes han sido difamados en algún medio tienen el derecho a rectificar lo dicho. Se debiera dedicar el mismo espacio y el mismo tenor que el artículo difamatorio.” Y advirtió sobre el futuro: “Creo que es un derecho sobre el que se puede legislar a futuro. Ojalá hubiera una autorregulación ética pero no suele suceder. El que está en inferioridad de condiciones necesita de una legislación explícita que haga valer sus derechos”, cerró.
El debate en torno al derecho a rectificación o respuesta, comenzó. Se trata de una gran noticia para quienes pregonan la pluralización de la palabra, condición necesaria para ampliar las fronteras democráticas de la Argentina.
Derecho a réplica: un debate clave para ampliar la pluralidad de voces
Publicado el 15 de Enero de 2012 Abogados, especialistas y legisladores repasan las razones de una discusión pendiente para fortalecer el camino iniciado con la sanción de la Ley de Medios. Las trabas de Clarín y La Nación y el argumento de la “autocensura”.
La cruzada cultural por una comunicación más democrática no se zanjó con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en octubre de 2009. Aún restan muchas batallas por librar para que se termine por pluralizar un espacio monopolizado por un reducido grupo de voces. En torno a esta cuestión comenzó a debatirse la promulgación de una ley nacional que regule los requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho a réplica, un derecho “consagrado en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica; que también es una ‘responsabilidad ulterior’ en el ejercicio del derecho a la información, en tanto existe una vez que ha sido emitida una información inexacta o agraviante; y al mismo tiempo un deber ético para el sujeto profesional de la comunicación”, en palabras de Analía Elíades, abogada y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. La falta de una ley que se ocupe de estos vacíos jurídicos no es producto de la ausencia de iniciativas sobre el tema sino de las obstrucciones políticas con las que chocaron los diversos proyectos que se impulsaron a lo largo de la historia contemporánea argentina.
“Para cierto sector empresarial mediático argentino, este derecho promueve la ‘autocensura’ y vulnera el derecho de la propiedad de los medios”, explicó Elíades a Tiempo Argentino. Un editorial del diario Clarín, del 3 de marzo de 2006, desarrolla algunos de los lineamientos que se levantan en contra de una ley que regule esta situación. En relación a la intención del entonces gobernador de Tucumán de incluir el derecho a réplica en la Constitución provincial, en el mencionado artículo se aseguró: “De concretarse esta propuesta, se estaría lesionando la Constitución Nacional, que prohíbe la censura. El establecimiento del derecho a réplica implicaría obligar a un medio a publicar una rectificación o una respuesta a una información sin que se acredite el daño causado”, se lee en la nota que sienta la postura del medio gráfico. Esto significa vulnerar la autonomía que debe orientar la labor periodística en una sociedad abierta, ya que pasaría a ser el poder público quien termine diciendo qué se debe publicar o cómo debe disponerse del espacio de los medios de comunicación”, continúa el editorial titulado “Derecho a réplica, forma de censura”.
Y agrega: “Justamente, por el rasgo coactivo y restrictivo de la autonomía periodística, la imposición a publicar algo que no se quiere publicar ha sido caracterizada por la doctrina constitucional como equivalente a la censura. (…) En vez de promoverse restricciones, es de esperar que en nuestra cultura jurídica y política se afiance el respeto a una libertad primordial como es la de prensa. Imponer contenidos, obligar a que cierta voz sea difundida, son prácticas peligrosas e impropias de nuestra democracia. La propuesta del gobernador de Tucumán de incluir el derecho a réplica en el orden legal provincial debe rechazarse, ya que implicaría transgredir normas de la Constitución nacional que avalan el funcionamiento sin censura de la prensa”, se concluye.
Esto explicaría –con retroactividad, claro– la reacción que se le adjudicó a este medio cuando a fines de los ’80, el senador radical Ricardo Laferriere osó presentar un proyecto que reglamentase los espacios de los medios con el fin de que los partidos, las instituciones o los particulares pudieran responderle en caso de verse damnificados: a partir de entonces la gran prensa comenzó a esquivarlo.
Curiosamente, en 1998, otro editorial, esta vez del diario La Nación, sentó una postura similar. Al hacer referencia a un fallo de la Corte Suprema de Justicia que sentó jurisprudencia sobre el tema, desde un artículo titulado “El mal llamado derecho de réplica”, se esgrimió: “Según un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia, el llamado derecho de réplica está vigente en la Argentina. Al adoptar esa posición, el tribunal se ha apartado ostensiblemente de las normas y los principios consagrados por la Constitución Nacional en resguardo de la libertad de prensa.” El caso que, según el diario fundado por Bartolomé Mitre, “motivó este desafortunado pronunciamiento de la Corte se originó a partir de la querella entablada por el particular Horacio Rozenblum contra la Editorial Atlántida por un artículo publicado en la revista Somos en agosto de 1992. En esa nota periodística se hacía referencia a la posible vinculación de Rozenblum con una operación fraudulenta del Banco de Crédito y Comercio Internacional. El mal llamado derecho de réplica – sienta postura el diario sábana– suele ser presentado como un instrumento para la defensa de la dignidad o el honor de una persona afectada por una publicación periodística. Se parte del error de suponer que una persona que ve lesionada su honra no tiene, en principio, protección jurídica alguna. En realidad, no es así: esa persona está amparada por el Código Penal, que castiga los delitos contra el honor y, por lo tanto, puede accionar criminalmente contra quien haya utilizado la vía periodística para injuriarla, calumniarla o deshonrarla. La institución del derecho de réplica es, pues, completamente innecesaria”, afirma el editor y no amplía sobre el daño que causa la difusión de la supuesta deshonra por un medio masivo de comunicación.
Según Elíades, “estos argumentos resultan falaces ya que la posibilidad de que ante una información, el aludido pretenda rectificarla, no debe constituir temor ni amenaza alguna ni para el periodista ni para el medio, sino todo lo contrario, la posibilidad de que el afectado dé su versión de los hechos, contribuye a tener una visión amplia del tema que se trata, contribuye a la pluralidad informativa y fortalece a la democracia misma. Si se está temiendo es porque algo se está escondiendo”, aseveró.
Y luego, la investigadora de la UNLP, sumó: “Los grandes grupos mediáticos argentinos estuvieron en contra de una ley nacional que regulara el derecho de rectificación. Todos los proyectos de ley que se presentaron no tuvieron mayor suerte. Incluso ADEPA, la institución que agrupa a los dueños de los medios, se pronunció en contra de este derecho porque dicen que ataca el derecho de propiedad de los medios y promueve la autocensura”. A continuación, contextualizó: “Hay que reconocer aquellas presiones históricas para que una ley de esta naturaleza pueda ser promulgada. La discusión histórica sobre esta ley a nivel nacional tiene la misma matriz que la Ley de Medios.” Al mismo tiempo, remarcó la necesidad de un aprendizaje cultural: “Vamos a tener que aprender a contestar puntualmente los hechos controvertidos. No se trata de responder sobre cualquier cuestión ni de agredir al medio o a un periodista.”
Justamente, uno de los pilares sobre los que se basan quienes defienden este derecho es el artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sostiene:
1.Toda persona es afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación por respuesta en las condiciones que establezca la ley.
2.En ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
A él se recurre en los fundamentos de uno de los últimos proyectos sobre derecho de rectificación o respuesta que quedó cajoneado en el Congreso. Fue impulsado el 2 de mayo de 2008 por un sector del Frente para la Victoria de la Cámara Baja pero nunca logró llegar al recinto. Junto a este fragmento de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que tiene rango constitucional desde 1994, se menciona la consagración jurisprudencial de este derecho en la Argentina. Se trata del caso “Ekmekdjian, Miguel c/ Sofovich G. y otros”, de 1992, al que la Corte Suprema de Justicia reconoció procedencia y constitucionalidad. A partir de entonces, se dictaron numerosos fallos que reconocieron la vigencia del derecho de rectificación, aunque difiriendo en algunas cuestiones particulares.
Ante esta realidad, los autores del proyecto se preguntaron en los fundamentos de la iniciativa sobre los alcances del marco jurídico: “¿Es procedente el derecho de respuesta o rectificación respecto de juicios de valor y opiniones, como en el derecho francés? ¿Deberá, en cambio, ser acotado en relación a aserciones de tipo fáctico? ¿Quién goza de suficiente legitimación para el ejercicio del derecho? ¿Se puede admitir la legitimación de personas jurídicas como representantes de un interés colectivo? ¿Ese interés colectivo ha de ser ejercido por quien primero se presente en el tiempo, como se resolvió en Ekmekdjian c/ Sofovich? ¿Hay que demostrar la falsedad o inexactitud de la noticia respecto de la cual quiere ejercerse el derecho? ¿Cuál debe ser la correcta interpretación de la frase del artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica en cuanto se refiere a “medios de difusión legalmente reglamentados”? ¿Cuál debe ser el plazo para la materialización de la rectificación o respuesta? ¿Cuál debe ser la extensión de la misma? ¿Su ejercicio debe ser gratuito y a cargo del medio periodístico? ¿El medio puede esgrimir causales de negativa para la difusión o publicación de la rectificación o respuesta?.”
Si bien el proyecto intentó arrojar luz sobre estas cuestiones no logró siquiera acceder a la votación en el bloque. Según explicó a Tiempo Argentino uno de los autores del texto, Ariel Pasini –entonces diputado nacional y hoy subsecretario de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Nación–: “Como la agenda política legislativa no estuvo en nuestra manos no logramos siquiera tratar el tema. El Grupo A impuso la fuerza del número groseramente. Nunca existieron las condiciones políticas para introducirlo en la agenda”, explicó.
El proyecto que llevaba el número de expediente 1912-D-2008 apuntaba en su artículo 1º que “toda persona física o jurídica que sea nombrada, señalada o notoriamente aludida en un medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual, radiofónico, digital u otro, con informaciones que considere presumiblemente falsas o que configuren un agravio a su persona, tiene el derecho a efectuar en el mismo medio y en forma gratuita, su respuesta o rectificación”. A continuación descartaba del derecho a réplica cualquier juicio sobre opiniones, valoraciones, creencias o ideologías y asentaba que el derecho se ejercería sin necesidad de un patrocinio letrado. También le daba un marco legal a los plazos para la publicación y la extensión de la rectificación. Por caso, afirmaba que “la respuesta deberá ser proporcional y con los mismos caracteres que la información que diera origen al reclamo”.
La diputada nacional Adriana Puigrrós fue una de las legisladoras que firmó el proyecto de ley. En conversación con este diario dijo: “Me parece que el derecho de rectificación es indispensable, es una de las premisas fundamentales de la libertad de prensa porque los medios pueden publicar las opiniones o construir la noticia que quieran pero quienes son aludidos en la misma tienen derecho a replicar cualquier información que consideren necesario, si lo que se publicó sobre su persona es falso. Tiene derecho a hacerlo, se trata de una base democrática fundamental. Estas son las razones por las que acompañé el proyecto en aquella oportunidad y por las que volvería a apoyarlo. Pelearé para publicarlo”, afirmó quien preside el Frente Grande.
En palabras de Alfredo Luis Fernández, presidente de la Fundación Conurbano, mientras no exista una legislación que regule esta situación se institucionalizará “la judicialización y se carecerá de parámetros claros, no sólo respecto de su procedencia y legitimación, sino también a la naturaleza, extensión, ubicación y oportunidad de la réplica”.
Por su parte, el diputado nacional por el GEN y vicepresidente primero de la Comisión de Libertad de Expresión, Gerardo Milman, dejó clara su postura: “Creo que debe haber una legislación que favorezca el derecho a réplica. Creo en la libertad de expresión pero también quienes han sido difamados en algún medio tienen el derecho a rectificar lo dicho. Se debiera dedicar el mismo espacio y el mismo tenor que el artículo difamatorio.” Y advirtió sobre el futuro: “Creo que es un derecho sobre el que se puede legislar a futuro. Ojalá hubiera una autorregulación ética pero no suele suceder. El que está en inferioridad de condiciones necesita de una legislación explícita que haga valer sus derechos”, cerró.
El debate en torno al derecho a rectificación o respuesta, comenzó. Se trata de una gran noticia para quienes pregonan la pluralización de la palabra, condición necesaria para ampliar las fronteras democráticas de la Argentina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario