La Roca

 

Panorama político

¿Adiós al populismo?

Publicado el 28 de Agosto de 2011

Por Hernán Brienza
Periodista, escritor y politólogo.

Los movimientos nacionales y populares tienen un fuerte desafío: sacarse de encima el sambenito de “populistas” y construir sin prejuicios una nueva institucionalidad que permita ampliar la participación ciudadana y mejorar la calidad democrática.
  Tras la abrumadora derrota que sufrió la oposición en las elecciones primarias, sus principales líderes decidieron transitar un camino pedregoso y escarpado para el sistema político argentino: deslegitimar al gobierno nacional, y a su calidad institucional y democrática. Por ahora son voces apenas perceptibles: algún editorialista trasnochado y pasado en copas del diario La Nación que anticipa el peligro de una “tercera tiranía” y agita el fantasma de la “chavización” del modelo político y económico conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, denuncia la posibilidad de que se produzca una hegemonía que ponga en riesgo la democracia vernácula; y el inefable Eduardo Duhalde, el hombre que manejó durante casi diez años el aparato bonaerense, realiza una irrisoria denuncia por irregularidades en el recuento de los votos. Sin embargo, la operación política de deslegitimar la condición democrática de un posible segundo mandato de la presidenta parece estar en marcha. Y es una maniobra sumamente riesgosa, porque puede abrir una dinámica peligrosa: frente a un gobierno no democrático cualquier tipo de oposición es legítima.
No es la primera vez que la oposición intenta enlodar de esa manera al gobierno kirchnerista. Hace unos meses elaboraron un documento de defensa a la democracia que alentaba sospechosamente el derecho a levantarse en defensa de la Constitución Nacional y la democracia (artículo 21 de la CN). Ahora vuelven a la carga con el mismo caballito de batalla. Y el riesgo es que lentamente vayan creando focos de resistencia antisistema que generen una dinámica conocida para la mayoría de los argentinos: Se sabe que cuando el liberalismo conservador –expresión política de los poderes concentrados– no puede recuperar el poder por medio de las urnas trata de desestabilizar y derrocar a los gobiernos legal y legítimamente constituidos.
Una de las herramientas primordiales que utiliza el liberalismo conservador para esmerilar la legitimidad de las experiencias nacional, populares, progresistas, es justamente la desdeñosa clasificación de “populismo”. En la definición clásica de Gino Germani aparece de la siguiente manera: “El populismo por sí mismo tiende a negar cualquier identificación con, o clasificación dentro de, la dicotomía izquierda/derecha. Es un movimiento multiclasista, aunque no todos los movimientos multiclasistas pueden considerarse populistas. El populismo probablemente desafíe cualquier definición exhaustiva. Dejando de lado este problema por el momento, el populismo generalmente incluye componentes opuestos, como ser el reclamo por la igualdad de derechos políticos y la participación universal de la gente común, pero unido a cierta forma de autoritarismo a menudo bajo un liderazgo carismático. También incluye demandas socialistas (o al menos la demanda de justicia social), una defensa vigorosa de la pequeña propiedad, fuertes componentes nacionalistas, y la negación de la importancia de la clases. Esto va acompañado de la afirmación de los derechos de la gente común como enfrentados a los grupos de interés privilegiados, generalmente considerados contrarios al pueblo y a la Nación. Cualquiera de estos elementos puede acentuarse según las condiciones sociales y culturales,  pero están todos presentes en la mayoría de los movimientos populistas.”
Pero más allá de su definición “técnica”, esa definición se utiliza para menospreciar a las experiencias nacionales y populares tachándolas como “un tipo de gobierno asistencialista, demagógico, de inspiración nacional, que gasta más de lo que tiene y que pasa por sobre las instituciones y la ley amparado en la fuerza que le da el apoyo de esa entidad supraindividual llamada pueblo”. En esos términos se refieren desde el diario La Nación e intelectuales liberales como Juan José Sebreli o Marcos Aguinis.
Hace unos pocos años, el politólogo Ernesto Laclau sacudió a la Ciencia Política con su libro La razón populista, en el que hacía una concluyente defensa de las experiencias populistas latinoamericanas y en el que argumentaba –dicho esto a vuelo de pájaro– que los populismos consistían en movimientos de genuina ampliación democrática, superadores de los regímenes tecnocráticos concentradores, que sirven para la identificación colectiva para la acción política, y que se manifiestan como movimientos políticos contrarios a las experiencias oligárquicas que defienden lo estatuido en América Latina. “Cuando alguien, por fuera del sistema, empieza a interpelar a esa gente de abajo para una movilización antisistema. Cuando se da esto estamos ante una situación populista. Eso no es necesariamente negativo, lo que ocurre es que esa interpelación desde arriba puede operar en muchas direcciones distintas. Mussolini era un populista, pero Mao Tse-Tung también lo era. Es decir que el populismo es una forma de construcción de lo político que puede operar con las ideologías más divergentes. Puede haber un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Por eso, el populismo no es ni bueno ni malo. Todo depende de cómo uno evalúe lo que se construye como identidad populista en un momento determinado. En mi trabajo yo he insistido en que hay dos lógicas de construcción de lo social. Una es la lógica de la equivalencia de la que estamos hablando. La otra es el institucionalismo, lo que yo llamo la lógica de la diferencia: cada demanda individual es absorbida dentro del sistema. Pero un discurso puramente institucionalista lleva al remplazo de la política por la administración”, explicó el propio Laclau, alguna vez.
Fue interesante la operación intelectual de Laclau para resignificar un concepto acuñado fundamentalmente para desestimar experiencias que superaban la institucionalidad impuesta por el liberalismo conservador. Pero debo reconocer que me siguen incomodando algunos usos del término “populismo”. Primero, porque la definición es impuesta por el liberalismo como acusación, y el que nombra y denomina también identifica, define, acota y marca la existencia. Segundo, porque las experiencias nacionales y populares no entran invariablemente en la definición por extensión de “un tipo de gobierno asistencialista, demagógico, de inspiración nacional, que gasta más de lo que tiene y que pasa por sobre las instituciones y la ley amparado en la fuerza que le da el apoyo de esa entidad supraindividual llamada pueblo”. Tercero, porque la ampliación democrática que marca Laclau excede, incluso, los márgenes del concepto “populismo” pensado en términos positivos.
Entre el corset de la democracia liberal europea –ya sea en su versión conservadora o progresista– y el corporativismo de corte fascista ligado, en última instancia, a los populismos de principios del siglo pasado, por ejemplo, hay una serie de modelos de participación democrática que pivotean entre uno y otro concepto. Incluso si uno analiza, tanto el primer gobierno peronista como el actual proceso kirchnerista, comprobará que existe un mayor respeto al marco institucional liberal que en los supuestos gobiernos liberales conservadores, que nunca ahorraron recursos como el fraude, la proscripción, la connivencia con el partido militar, etcétera. Pero lo que sí hicieron es sumar a la legalidad –esto se experimenta aun más en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que en el de Juan Domingo Perón, que tuvo una espiral autoritaria producto, también, de la época– un tipo de ampliación ciudadana, por dentro y por fuera del sistema, poco presente en gobiernos de otro tipo.
Los movimientos nacionales y populares tienen un fuerte desafío para los próximos años. Primero, poder sacarse de encima desde la teoría y desde la práctica el sambenito de “populistas” –con la resignificación no alcanza– y, segundo, construir sin prejuicios una nueva institucionalidad que permita ampliar la participación ciudadana, profundizar la reconciliación de la sociedad civil con la política, y mejorar y profundizar la calidad democrática de nuestros países.