3) Abril 2025. Milei, otro fracaso sin foto con Trump, Por Luis Bruschtein

Viaje a la nada: La acción desesperada de alguien que no tiene respuestas Milei en el limbo El presidente viajó porque le aseguraron un encuentro para pasarle la gorra a Trump y el norteamericano ni apareció. Pero le dieron un premio junto a una de las chicas del escándalo del jarrón de Cóppola. Por Luis Bruschtein 5 de abril de 2025 - 01:38 A Javier Milei le dieron su Pato Donald de la Libertad en las fastuosas instalaciones de las residencias de lujo de Mar-a-lago, propiedad de Donald Trump, mientras caían a pique las acciones de las principales empresas que lo han llevado al gobierno. Milei es un extremista del modelo neoliberal de libre mercado que Estados Unidos hizo implosionar el jueves con su guerra arancelaria. El presidente no pudo elegir peor momento y el fracaso de su viaje era inevitable. No hubo encuentro con Donald Trump y sólo consiguió su premio de plástico mientras los dirigentes serios de todo el mundo sudaban la gota gorda por los remezones de sus economías. Todo parece bizarro, el viaje presidencial, la fotito y el pato de goma como excusa, hasta el nombre del premio. Fue un viaje a la desesperada para sacarse una foto con el hombre del jopo dorado, que en su imaginario sería capaz de calmar a los mercados que salieron a comprar dólares. El día anterior a su partida leyó un discurso servil a Gran Bretaña por Malvinas y el cometido central de ese viaje era otro acto de sumisión a la potencia que estaba aplicando un arancel del 10 por ciento a los productos argentinos, que se sumaron al 25 por ciento que ya le había aplicado al acero y al aluminio. En el escenario de Mar-a-lago, el presidente argentino hizo la defensa enardecida de un sistema que se hundía a su alrededor destruido por Estados Unidos, su gran impulsor durante la globalización neoliberal. Milei recibió su patético “León de la Libertad” como si fuera un chico al que le regalan un pato Donald en Disneylandia. Las organizaciones ultraconservadoras que se lo otorgaron están integradas en su mayoría por empresarios latinos que residen en Miami y no en sus países, donde se enriquecieron. Hasta el nombre del premio parece inventado por Milei, a quien le gustaba entrar a sus actos de campaña cantando “yo soy el león”. Natalia de Negri, famosa en Argentina por el escándalo de las fiestas de Cóppola fue otra de las leonas premiadas. El discurso del miércoles por Malvinas y su premio del viernes en Miami tienen en común el desconocimiento o la negación de la situación internacional en sus aspectos más obvios así como la sumisión a la prepotencia de los grandes poderes. Si tuviera idea de lo que pasa en el planeta nunca hubiera otorgado a los kelpers el derecho a decidir la suerte de Malvinas, en el primer caso. Y nunca hubiera viajado en medio del caos mundial producido por la ruptura de la globalización neoliberal. En esas dos acciones hay una fuerte coherencia, que está en oposición a la prepotencia de su gobierno con los jubilados, las mujeres, los trabajadores, los enfermos y los pobres. Es sumiso, hasta la abyección, con Washington y Gran Bretaña y es brutal con su pueblo, gran parte del cual lo votó. El miércoles volvieron a apalear a los jubilados y el viernes publicó un mensaje que decía: “amigos son mis amigos”, agradeciéndole a Trump los aranceles del diez por ciento con que castigó a los productos argentinos. Si Milei era consciente del caos internacional que estaba a punto de estallar con los anuncios de Trump y las contramedidas de los países afectados, y a pesar de todo se subió al avión, entonces su viaje fue la acción desesperada de alguien que no tiene respuesta para los problemas de la economía argentina. Y buscó una solución mágica, un abrazo con su ídolo, al que considera amo del mundo, suponiendo que ese abrazo le confería un aura milagrosa que calmaría los mercados. Es una construcción que suena a fantasía infantil, pero así fue. Las explicaciones del ministro Luis Caputo se habían escuchado como los argumentos de un vendedor transero. Generaron desconfianza porque transmitieron la fragilidad de la estrategia económica oficial. Y los operadores del mercado mantuvieron su éxodo al dólar. Allí se acaba Milei con su ideología cavernícola, su timbero Caputo en el ministerio de Economía y su barrabrava Patricia Bullrich en la policía. Este año 2025 no ha sido bueno para Milei. Empezó con su metida de pata en Davos, siguió con la estafa de las criptmonedas, que para él no es tal, y por la cual tiene causas como “partícipe necesario” en la justicia norteamericana, siguió con la represión brutal a los jubilados y las marchas multitudinarias del 24 de marzo, más el anuncio de un paro general de la CGT. Con el horizonte de las elecciones de medio término y las arcas del Banco Central exhaustas más una corrida al dólar que no cesa, Milei trata de conseguir los fondos que le permitan correr la devaluación hasta después de octubre. Esta devaluación asimétrica (aumentan los precios, pero pisan los salarios) no es una fatalidad inexorable de los argentinos, sino que será responsabilidad de este gobierno. Algunos señalan a Sergio Massa, como último ministro de Economía de Alberto Fernández como corresponsable, en parte, de la inflación. Pero el gran responsable fue Mauricio Macri, campeón mundial en tomar la mayor cantidad de deuda en el menor tiempo posible. Y cuando ya no le quedaban prestamistas privados terminó de reventar al país con el préstamo monstruoso del FMI. Este gobierno, que siempre defiende los intereses contrarios al país, aplicó las exigencias del Fondo antes de que se las pidan. Son políticas recesivas, que generan pobreza y que, en definitiva son inflacionarias. A pesar de hacer todos los deberes con el Fondo, la Argentina de Milei no se presenta como buen pagador porque debe mucho más de lo que está en condiciones razonables de pagar. Y las negociaciones con el Fondo se alargan y lo más probable será que no cedan la cifra que necesita el gobierno para derramar en la timba financiera que generó. En este marco de relativa debilidad, tuvo su primera derrota parlamentaria significativa, con el rechazo de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla propuestos para integrar la Corte Suprema. Es la primera vez que sucede desde la recuperación de la democracia. Macri se mantiene así como el mayor operador judicial con jueces y fiscales adictos. Los candidatos que encabezarán las listas del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, José Luis Espert y Manuel Adorni, aparecen abajo en las encuestas. Macri, que no pudo renovar su gestión tras una derrota por amplia diferencia en 2019, había ganado con amplitud las elecciones de medio término del 2017. A Milei le resultará dif́icil repetir esa performance y mucho más si crece la inflación. La anulación de las primarias no favoreció a la oposición de Unión por la Patria, por lo que las elecciones podrían convertirse en la vía para dirimir diferencias. En ambos distritos encabezan las encuestas de opinión. Aunque sería confuso para sus electores, si los debates no llegan a una síntesis que les permita presentarse juntos. Sería probable que lo hagan en listas separadas para funcionar después unidos en el Congreso y las legislaturas

2) Marzo 2025: Tras la violencia policial del miércoles 13/03, por Luis Bruschain

Un gobierno en bajada al que sólo le queda reprimir la protesta en ascenso. Ni errores ni excesos El relato que el Gobierno intentó construir con la miserable complicidad de medios y periodistas no impidió que la represión a los jubilados y los hinchas de fútbol se sumara a la seguidilla de metidas de pata que esmerilaron la imagen presidencial. Los estrafalarios argumentos del golpe de Estado o la convocatoria de Firmenich. Por Luis Bruschtein 15 de marzo de 2025 - 02:33 La acusación a Mario Firmenich como organizador de la marcha en solidaridad con los jubilados, fue tan estrafalaria que reveló la desesperación del gobierno por justificar las imágenes que circularon en las redes sobre la brutal represión del miércoles. El relato que intentó construir con la miserable complicidad de medios y periodistas no impidió que la represión a los jubilados y los hinchas de fútbol se sumara a la seguidilla de metidas de pata que esmerilaron la imagen presidencial desde su fallido discurso en Davos. La consultora Ad hoc indicó que el rechazo alcanzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, que tuvo un pico de menciones negativas en las redes. Por primera vez más negativas que positivas. En el gobierno aparentaron cierta euforia porque afirmaban que la carnicería del miércoles apuntalaba a su núcleo duro. Pero si se confían sólo en ese sector, no pasarán del 20 o 25 por ciento. Los resultados de la consultora Ad hoc fueron medidos en un territorio donde el oficialismo se mueve con comodidad. El núcleo duro no se movió, pero muchos de sus posibles electores periféricos no creyeron en el relato mentiroso y rechazaron la represión a los jubilados. “Los buenos eran los de azul, los malos eran los encapuchados” insistió ayer Milei en el discurso que hizo en Expoagro, seguramente refiriéndose a los agentes encapuchados de los servicios de inteligencia que se infiltraron en la manifestación. Firmenich, que figura en la denuncia del Ministerio de Seguridad, fue jefe de Montoneros, una organización guerrillera que dejó de existir hace cuarenta años. Hace décadas que no interviene en la política local y la inmensa mayoría de los que participaron el miércoles seguramente ni lo conocen. El fenómeno de los celulares mostró al relato oficial como una enorme mentira. Las cámaras de C5N mostraron incluso cuando un efectivo arrojaba un arma al césped. El periodista se sorprendió. No entendía que el objetivo del arma sembrada fuera para abonar después el relato de la violencia y el terrorismo de los manifestantes. Hay imágenes de Pablo Grillo, agachado, con su cámara, cuando se disponía a sacar una foto a través de las llamas de una fogata, justo cuando recibió el impacto de la granada en su cabeza. Hay vistas del efectivo que disparó en forma horizontal y haciendo puntería con un arma que, por la fuerza con que dispara, se debe apuntar 45 grados hacia arriba. Y hay un video tomado desde un dron, que demuestra de manera categórica la saña del represor. Con esa arma y a esa distancia, un tiro así es a matar, pero la diputada oficialista Lilia Lemoine lo justificó porque “no se puede hacer un omelette sin romper un par de huevos”. Las declaraciones de Bullrich en un canal oficialista hicieron recordar la lógica de la dictadura que justificaba la eliminación de ciudadanos por su filiación política. Para generalizar la supuesta ideología de la protesta eligió usar a Pablo Grillo. Dijo que era un detenido, pero el muchacho no estaba detenido, sino herido de gravedad ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué se preocupó en investigarlo cuando había muchos más que sí habían sido detenidos? Bullrich es ministra de Seguridad, no podía ignorar que el muchacho se debatía entre la vida y la muerte, pero simuló que se equivocaba sólo para decir que el reportero gráfico que había recibido el granadazo en la cabeza era militante kirchnerista ¿Se merecía que le disparen en la cabeza por ser kirchnerista? Otro video mostró a un policía de 1,90 metros y 120 kilos, acorazado, con protecciones en todo el cuerpo, con un físico entrenado. Y a una señora, con bastón, 1,60 metros y 81 años, que lo increpaba. El grandote le pegó un terrible garrotazo y la mujer se derrumbó como un peso muerto. No la mató de casualidad. El mazazo le arrancó un pedazo de cuero cabelludo y la desmayó. La jubilada fue atendida por otros manifestantes y el policía huyó cobardemente. En un principio, La Nación publicó que en el video se veía cuando la anciana agredía al policía con su bastón. Después cambió esa versión porque en el video no se veía ninguna agresión de la mujer. Es difícil ser más miserable que ese policía y que la versión que publicaron para cubrirlo. La imagen de dos policías con armaduras y escopetas que custodiaban a dos chicos de 12 años, sentados con las manos atadas en la espalda y carita de pánico también circuló en las redes. Los chicos fueron detenidos cuando salían de una escuela técnica de la zona. La agresión a la jubilada se produjo media hora antes de que comenzara la concentración, cuando todavía había poca gente. Sirve para demostrar que la violencia no la empezaron los manifestantes. La imagen de los chicos detenidos fue una evidencia de la forma como se produjeron las detenciones al voleo. Y respaldan la decisión de la jueza Karina Andrade de liberar a los detenidos. No estaban acusados de un delito y se los llevaron solamente por haber participado en una protesta en solidaridad con los jubilados. En las carteleras del gobierno de la ciudad publicaban que más de la mitad de los 114 detenidos tenían antecedentes policiales. Era mentira, ni siquiera estaban todos identificados. Hubo piedras en el enfrentamiento con la policía y algunos manifestantes trataron de evitarlo, hubo discusiones entre ellos. Pero no hubo vidrieras rotas ni comercios vandalizados y el acto no tenía organizadores, fue autoconvocado. Nadie sabía muy bien qué hacer, ni dónde ubicarse y no había oradores, ni documento, ni escenario, ni equipos de sonido. Los jubilados hicieron lo que hacen todos los miércoles. En medio de los empujones y los gases de la policía, hablaron con un simple megáfono para reclamar por sus jubilaciones y remedios. En realidad era un caos de jubilados y gente con camisetas de equipos de fútbol, no había organizador. Decir que se trató de un intento de golpe de Estado resulta un chiste de mal gusto. Otra mentira enorme. No hubo fuerza política que convocara, organizara o capitalizara. Los diputados de Unión por la Patria y de la izquierda, bajaron a la calle y discutieron con la policía, pero tuvieron que regresar al recinto donde se iba a votar la formación de la comisión de juicio político. La imagen presidencial sufre un proceso de desgaste desde su discurso en Davos donde acusó de pedófilos a los homosexuales y aseguró que el cambio climático era un invento woke; luego con la estafa con las criptomonedas; hace pocos días por su indiferencia ante la catástrofe en Bahía Blanca, y ahora con esta represión brutal a los que se solidarizaron con los jubilados. Milei se confirmó como un gran mentiroso. Varias veces se regocijó en forma pública de que había realizado el mayor ajuste en la historia de la humanidad sin que se produjeran grandes protestas. Sabía que se iban a producir protestas, sobre todo de los jubilados, que han sido las principales víctimas del ajuste. Y cuando se producen, los acusa de golpistas como si las protestas no tuvieran razón de ser. Habrá argentinos que prefieran creer en un mentiroso antes de perder las ilusiones con que el mentiroso los engañó. Al mentir para ocultar un acto de crueldad, como ha sido la represión a los jubilados, el gobierno demuestra que es consciente de la crueldad. No hay excesos ni errores.

1) 2025: Marzo. Informe y gestión, por Luis Bruscthian

LA NOTA HACE REFERENCIA AL DISCURSO DE APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA NACION, DEL PRESIDENTE JAVIER MILE ESTE SABADO 01 DE MARZO DE 2025. UN MANDATARIO QUE ESTA ENVUELTO EN EL BARDO DE LAS CRIPTOMONEDAS TRAS EL REPORTAJE TRUCHO DEL IMPRESENTABLE HIO DE MAURO VIALE, EL JONY Y CON CADA VEZ MAS POBREZA Y DISPUTAS POLITICAS EN UN AÑO ELECTORAL. Informe o confesión Por Luis Bruschtein 2 de marzo de 2025 - 00:01 Fue la primera vez, en Argentina y en el mundo, que presentó su informe de gestión un presidente visualizado como estafador internacional por un negociado con criptomonedas y por pedir coimas por reunirse con él. Es la primera vez también que se rodea de tanta seguridad, se obstaculiza el trabajo de los periodistas, se amenaza y golpea a uno de los pocos opositores que asistió y se limitó a la presencia mayoritaria de acólitos que aplaudían cuando tosía. Ningún informe presidencial en democracia, de los que Javier Milei estigmatiza como “la casta”, se hizo con tanto despliegue de seguridad. Más que un informe de gestión democrático tuvo el aspecto de un traslado de delincuentes, con todo el recorrido vallado, efectivos policiales distribuidos en el trayecto y el Congreso rodeado como si fuera un bunker. El automóvil presidencial avanzó rodeado por seis guardaespaldas de civil a pie, varios motociclistas y granaderos a caballo. Como en la televisación se filtraban ruidos de bombos y cacerolas, el locutor de la cadena nacional comentó que era la música de la “fanfarria Alto Perú”. Pero no era música, sino cacerolazos. No había personas para respaldar, pero detrás del Congreso había un grupo de unas cien personas que se habían reunido para protestar. Fue inadecuado decir que “Argentina ahora está a la vanguardia del mundo” justo cuando medios reconocidos por sus posiciones derechistas —o sea del espacio al que pertenece Javier Milei--, como Forbes o The New York Times, han publicado informes que lo destruyen. En dos semanas, la imagen internacional que quiso construir se desplomó como un castillo de naipes. El presidente argentino se ha convertido en un personaje internacional donde lo describen como un mandatario delincuente aunque las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, recién comienzan. La ausencia de la principal oposición, los legisladores y gobernadores peronistas y de Unión por la Patria, a la que calificó como “unión por la plata”, demostró también la bajísima capacidad de diálogo democrático. Los opositores que decidieron estar presentes, como Facundo Manes, fueron escarnecidos por las barras, los ministros y los legisladores oficialistas, entre las risas y los comentarios despectivos del Presidente. A Manes le dieron una trompada por mencionar la estafa de las criptomonedas y la designación por decreto de jueces de la Corte. No era oportuno hablar de la imagen internacional en un momento tan vergonzoso para los argentinos. Pero también fue inoportuno hablar en términos grandilocuentes sobre la situación económica, cuando es pública la desesperación del ministro Luis Caputo por comunicarse con el Fondo Monetario Internacional. Necesita que les suelte once mil millones de dólares que le permitan postergar hasta después de las elecciones de medio término una nueva devaluación que terminará de destrozar el bolsillo de los argentinos de a pie. Milei dijo que durante 2024, la economía creció cinco puntos. Y en realidad, casi todos los rubros, con excepción del financiero, cayeron en picada. Pero la medición se comparó con la sequía del 2023. Lo que creció 30 puntos comparado con la sequía, fueron las exportaciones del complejo sojero. Un presidente involucrado en una estafa internacional multimillonaria, escrachado por todos los medios del planeta, mintió en forma flagrante cuando se refirió a la marcha de la economía. Si se saca la performance agroexportadora, lo real es que la economía cayó más de tres puntos. Milei también aseguró que según la Universidad Di Tella y la Universidad Católica, bajó la pobreza de 56 a 33 por ciento. Estas instituciones tendrían que explicar cómo hizo para sacar a diez millones de personas de la pobreza, a pesar de los aumentos siderales de alquileres, remedios, servicios, transporte, prepagas y alimentos. Milei dio cifras sobre la inflación, aumento de salarios y jubilaciones que según dijo crecieron por encima de la inflación. La Universidad Di Tella y la UCA tendrán que explicar estos índices que están a contramano de una mínima constatación. Cualquier trabajador o jubilado puede contradecirla. El discurso en general fue una gran contradicción cuando habló de los progresos de la economía o de su supuesta ofensiva contra la “casta”. “Eliminamos la pauta oficial porque no necesitamos pagarle a los periodistas” afirmó. Pero los palcos de la sala, de los que fueron expulsados los periodistas, estaban ocupados por la patota de trolls que trabajan en la Casa Rosada con sueldos millonarios del Estado. Además de la agresión contra Manes, Milei insultó como “mandriles” o “malditos keynesianos” a quienes no comparten sus ideas y en general planteó la controversia “casta versus gente de bien” orientada a un público casi infantil, de escasa capacidad de pensamiento crítico. Al otro opositor que mencionó fue al gobernador Axel Kicillof y volvió a montarse en el crimen horroroso de la niña Kim Gómez para sacar provecho político. Todo el discurso fue una colección de los peores recursos de la politiquería. Ibope no midió el rating del discurso y trascendió que así se lo habría ordenado el ENACOM. Otras mediciones aseguran que en ningún momento superó los cuatro puntos, que da cuenta de una audiencia muy baja. Milei no tiene convocatoria más allá de sus mensajes en las redes.

2024: Balance anual del año.

Este 2024 es el año de menor cantidad de entradas publicadas, unas 8, con solo una de mi autoría, de enero, en el portal de la Radio Gráfica. Para ver la cronología de los últimos años, ver en Balance 2023. Pero impresionante, solo una nota, y en enero, sobre la figura de Juan Alberdi.

7) NOVIEMBRE 2024: El traslado de la Capital Federal y la autonomía porteña, Página 12

Ciro Annichiaricco y la Constitución Nacional de 1994+ "La autonomía porteña viola el pacto de San José de Flores" Los proyectos de mudanza de la capital reflotan viejas discusiones sobre la cesión del territorio bonaerense de la Ciudad. Por Marcial Amiel “Si avanza el proyecto, claro que la provincia tendría que reclamar la Ciudad de Buenos Aires para que le sea devuelta, dado que se habría terminado la condición y el objeto por la que la cedió a la federación en 1888”, advierte Ciro Annichiaricco, abogado penalista, conocido por su participación como querellante en dos de los hechos de violencia policial más resonados, la Masacre de Budge ocurrida en 1987, y la Masacre de Wilde, que data de 1994. Annichiaricco, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y exconjuez en los tribunales de esa localidad, es además autor de Buenos Aires para todos, libro publicado en 2022 por Ediciones Continente, en el que analiza distintos aspectos, tanto de la federalización de Buenos Aires como de la autonomización. “La reforma constitucional de 1994, más allá de sus muchos aciertos, incorporó a mi juicio dos errores graves: el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios a las provincias, consagrado en el artículo 124, y la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, consagrada en el artículo 129, con lo que creó un híbrido político y jurídico que generó y genera un mar de confusiones y contradicciones, que no se terminan de resolver”, explica el autor del libro. “Y no se puede resolver porque es totalmente contradictorio con el sentido que en su momento tuvo la federalización de la ciudad de Buenos Aires, cuando la provincia cedió de su territorio para que se convierta en territorio federal", detalla. Este punto, al que dedica parte importante del texto, es clave para Annichiaricco. Sostiene que, cuando el Presidente, en tanto autoridad federal, designaba al intendente, lo hacía en representación de todos los argentinos, en tanto autoridad nacional. Al trasladarse la decisión estrictamente a los porteños, se enajena de un derecho al resto de los argentinos. “Lo correcto hubiese sido que se estableciese por ley electoral nacional un casillero más en las boletas de elecciones presidenciales, para que todo el pueblo de la Nación elija directamente a quien quiere como alcalde o intendente de la capital", reflexiona y dice que con ese cambio se le robó a los argentinos "el derecho de elegir al intendente de nuestra ciudad". "Insisto, que algo sea federal significa que es de todos los argentinos", dice mientras afirma que "ese punto viola el pacto de San José de Flores”. En territorio prestado El pacto de San José de Flores, firmado por la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires en 1859, inmediatamente después de la batalla de Cepeda, permitió la reunificación nacional bajo el imperio de la Constitución Federal de 1853, que hasta entonces Buenos Aires había rechazado. Una de las cláusulas centrales de ese pacto era la federalización del territorio de la ciudad de Buenos Aires, y con ella de la aduana y sus rentas, que hasta entonces no se coparticipaban. La federalización finalmente se hizo efectiva dos décadas más tarde, en 1880. La ciudad de La Plata, cuya construcción comienza en 1884 y su fundación data de 1888, está íntimamente ligada a este hecho. El entonces gobernador, Dardo Rocha, decidió que, entregada la ciudad de Buenos Aires, la provincia debía darse una nueva capital. Pero para Annichiaricco, los problemas que genera la autonomía no se agotan ahí, en la elección de gobernantes locales. Destaca, en primer lugar, que la Constitución Nacional facultaba a la recién creada Ciudad Autónoma para darse un estatuto, pero de ninguna manera una constitución, lo que finalmente ocurrió en el nacimiento de la ciudad independiente. Este punto es central a la hora de instalar la confusión sobre si se trata de un municipio, una provincia o qué estatus jurídico le corresponde. “Los municipios tienen simplemente una carta orgánica”, ejemplifica. Agrega Annichiarricco: “La ciudad tiene más facultades que una provincia, otro disparate, ya que puede celebrar tratados con potencias extranjeras sin comunicación al Congreso Nacional, cosa que las provincias están obligadas a hacer. En todo territorio federal la única fuerza de seguridad interior es la Federal. Pues bien, en la Ciudad tendría que ser la Policía Federal, y resulta que inventaron una policía propia, de la Ciudad, como si fuese una provincia… sin serlo”. “Hasta le inventaron otro poder judicial propio, con sus cámaras, hasta su Tribunal Superior o Suprema Corte, otro disparate, ya que ahora hay dos poderes judiciales con la misma competencia en el mismo territorio", considera el penalista que analiza como un problema como "se van pasando las competencias y va a llegar un momento en que el llamado Poder Judicial de la Nación va a quedar vacío, sin competencia, pero los jueces seguirán ahí tomando mate”. A la hora de analizar la coyuntura actual, para Annichiaricco, "Argentina siempre fue un país unitario de hecho a partir de la misteriosa retirada de Justo José de Urquiza en la batalla de Pavón, cuando tenía todo a su favor". Se refiere a la batalla que tuvo lugar en 1861 en esa localidad del sur santafesino. El Pacto de San José no había llegado a cerrar las heridas de la larga guerra civil y estas se reabrieron cuando Urquiza fue sucedido en la presidencia por Derqui. Los sucesivos actos de rebeldía de Bartolomé Mitre, entonces gobernador porteño y caudillo unitario, culminaron en esa batalla. Tras dos horas de fuego de artillería sostenido, las fuerzas federales al mando de Urquiza habian diezmado al enemigo. Sin embargo, en vez de avanzar hacia la ciudad, Urquiza se replegó. Las causas de este movimiento nunca se aclararon y subsiste la tesis de un pacto secreto entre él, Mitre y Sarmiento. Según Annichiaricco, ése es el punto de inflexión que marca el dominio unitario, para el resto de ese siglo, y hasta nuestros días. La novela "Jauría", del escritor David Viñas, narra la huida de quien asesinó a Urquiza en su palacio, como venganza por aquel acto. "Lo que ocurre hoy es que Javier Milei lleva ese modelo a un extremo, pero es la continuidad de algo preexistente", señala el abogado. Vuelve una y otra vez al conflicto entre las administraciones nacional y porteña, en tiempos de pandemia de Covid 19, entonces respectivamente en cabeza de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, por las restricciones sanitarias. En ese entonces, Fernández ordenó el cierre de las escuelas y el dictado de clases en modalidad virtual, pero la administración porteña, en rebeldía, las abrió y judicializó la medida. El tema, que fue zanjado por la Corte Suprema a favor de la ciudad, dio una muestra del nivel de desbalance de poder realmente existente y del sobredimensionamiento de las instituciones porteñas. Los proyectos La senadora por Chubut Edith Terenzi, de origen radical y aliada del gobernador Ignacio Torres, propuso que se retome la Ley 23.512 de 1987. Allí se establecía el cambio de capital a Carmen de Patagones, también territorio bonaerense, y Viedma. “Queremos descongestionar el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y generar una nueva dinámica de desarrollo en el sur del país, una región históricamente relegada”, sostuvo. El senador entrerriano Eduardo Kueider, electo por el peronismo pero muy cercano al oficialismo, sostuvo que “esta iniciativa busca promover el federalismo y desconcentrar la influencia política y económica de Buenos Aires. El traslado de la capital a Paraná no sólo implicaría un cambio de sede, sino también de paradigma. Sería una señal clara del compromiso con el federalismo y la búsqueda de un país donde todas las regiones tengan las mismas oportunidades de crecimiento y progreso”. El proyecto de Kueider lleva el número de expediente 67/2024 y el de Terenzi 98/2024. Ambos fueron girados para su tratamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Asuntos Administrativos y Municipales y Presupuesto y Hacienda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El libro" Bs As para todos" es una obra maestra. Porteñocracia: ¿un país "poco unido" o demasiado unitario? Al respecto, Javier Octavio Sosa presenta un interesante análisis en su libro "Porteñocracia: 200 años de injusticia y dolor" Es otro brillante aporte sobre el tema que abordan ambos autores. Y Mariano Hamilton en su obra "Masones Argentinos - El poder en las sombras" con lujo de detalles nos cuenta que Urquiza, el día antes de la Batalla de Pavón, fue visitado y se reunió con míster Yaterman, sobrino político del general Mitre de quién era su interlocutor. José Hernández, al terminar la reunión del míster con Urquiza se va llevando el "acuerdo" a su tío. El autor del Martín Fierro dijo "Ese gringo se lleva el parte de la victoria"; lo cuenta el coronel Prudencio Arnold, ayudante de J Hernández, en sus memorias. El míster, don Bartolo, Sarmiento, etc., eran todos obedientes masones. “Los testigos de aquella reunión entre Yaterman y Urquiza el día previo a la batalla de Pavón fueron José Hernández, Leandro N. Alem, Juan Saá, el Chacho Peñaloza y el mismísimo López Jordán. Ellos fueron quienes presenciaron y luego se encargaron de contar como Urquiza le entregó a Mitre y a Buenos Aires el control de la Confederación y, luego, la cabeza de los caudillos provinciales.” [1] El genocidio mitrista-sarmientino le costó la vida a más o menos entre 16.000 y 20.000 hombre, mujeres y niños.

6) JULIO 2024: Competencia federal y ordinaria en la Justicia argentina.

Por Mariano Borinsky El centro de las decisiones judiciales actuales pasan en gran medida por la justicia federal. Por ello se impone una explicación sobre cómo está organizada en el ámbito nacional la justicia federal y cuál es su funcionamiento en las distintas instancias. Cuál es el efecto del licuado de plátano con avena en el hígado Te puede interesar: Cuál es el efecto del licuado de plátano con avena en el hígado Asií cobra relevancia los conceptos de competencia y jurisdicción. La competencia representa la aptitud que tiene un tribunal para entender en un determinado proceso o momento del mismo por razones territoriales, materiales o funcionales; la misma no debe confundirse con el concepto de jurisdicción, que consiste en la potestad de decir el derecho, abarcando la facultad o poder que el Estado confiere normativamente a ciertos órganos estatuidos y organizados por ley, de decidir o dar solución a conflictos sociales. Entonces, se puede concluir que la competencia funciona como la medida en la cual el poder o facultad de juzgar –jurisdicción– es concedido por la ley a un tribunal determinado: en materia penal, entiende un tribunal de esa naturaleza que es el "juez natural". La competencia se determina conforme a diversos parámetros establecidos en la C.N., leyes y reglamentos, y tiene como fundamento la gran cantidad de asuntos de diversa naturaleza que se suscitan y que deben ser tramitados y juzgados por los tribunales. El posteo de Lionel Messi tras el escándalo con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París Te puede interesar: El posteo de Lionel Messi tras el escándalo con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París La competencia federal y ordinaria La primera distinción o clasificación que corresponde hacer respecto de la competencia es aquella que determina la actuación de tribunales federales y ordinarios. Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp para no hablar con la Inteligencia Artificial Te puede interesar: Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp para no hablar con la Inteligencia Artificial La distinción entre la competencia federal y la ordinaria (local) tiene como fundamento histórico-político el sistema federal adoptado constitucionalmente por la República Argentina. El régimen federal adoptado por el Constituyente da lugar a la existencia de un doble orden judicial en la República Argentina, constituido por el Poder Judicial de la Nación y los Poderes Judiciales de las Provincias y de la C.A.B.A. El federalismo funciona como base de la unión a través de la instauración de un poder central con dominio limitado sobre todo el territorio de la República para proveer a su mantenimiento y a las relaciones con el exterior. En este sentido, nótese que el art. 121, C.N. establece que "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación". Uno de esos poderes delegados por las provincias al Gobierno Federal es el judicial, siempre que la cuestión en pugna verse sobre una materia relacionada a la defensa de intereses públicos de carácter general que custodia el poder central. La competencia federal se encuentra asignada expresamente por normas de la C.N. y leyes dictadas por el Congreso de la Nación. En tal sentido, y a modo de ejemplo, el art. 116 C.N. establece, de modo general, cuestiones e intereses cuyo entendimiento corresponde a la justicia federal. Por su parte, la ley 48 reglamenta la cuestión, siguiendo los lineamientos constitucionales antes mencionados. La competencia federal tiene las siguientes características: – Es de excepción: las provincias (y también C.A.B.A., con sus particularidades) deben administrar ordinariamente la justicia dentro de sus respectivos territorios y la Nación lo hará en los casos de excepción que surgen de las facultades delegadas por las provincias al poder central (art. 1º, C.N.), y con las atribuciones limitadas a casos en determinadas materias, casos vinculados con determinados sujetos o por hechos realizados en determinados lugares. – Es expresa: sólo actúa cuando el caso le está expresamente atribuido al fuero federal por la ley con fundamento en la C.N.. Es decir, una causa no puede ser sustraída de los tribunales provinciales sino por una ley consecuente con la C.N., y sin que pueda ser extendida a los casos no señalados. – Es limitativa o restrictiva: las leyes que la prevén no pueden ser extendidas a casos análogos ni ampliadas por vía de interpretación. – Es suprema y privativa: las resoluciones dictadas por la justicia federal no pueden ser revisadas por un tribunal provincial. Sólo los tribunales federales pueden entender en las causas a ellos asignadas por las leyes. – Es inalterable: no puede variar por las modificaciones que sufra la materia o los elementos objetivos o subjetivos del hecho del proceso. El hecho objeto del juicio fija la competencia definitivamente en el momento de su comisión aunque después pierda su naturaleza federal. Determinación de la competencia federal La intervención de un tribunal federal puede quedar determinada a partir de ciertas características del caso. En este sentido, en líneas generales, pueden identificarse los siguientes parámetros: – Determinación de la competencia federal por la materia. – Determinación de la competencia federal por la investidura del sujeto. – Determinación de la competencia federal por el lugar. Determinación de la competencia federal por la materia La C.N. y leyes nacionales fijan la competencia federal en razón de la naturaleza del caso en el que debe entender el tribunal, entre otros, en los siguientes casos: – causas especialmente regidas por la C.N.; – causas especialmente regidas por leyes del Congreso de la Nación y que no están comprendidas en las materias que corresponden a los códigos civil, comercial, penal, de minería, del trabajo y de la seguridad social; – causas especialmente regidas por los tratados con las naciones extranjeras; – causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Determinación de la competencia federal por la persona o investidura del sujeto En ciertas ocasiones, la investidura o ciertas características de los sujetos involucrados en la causa, pueden determinar que corresponda la competencia federal. Entre otros, esos casos son: – las causas en que la Nación sea parte; – causas que se susciten entre habitantes de diferentes provincias; – las causas que se susciten entre un ciudadano argentino y otro extranjero; – causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Determinación de la competencia federal por el lugar En materia penal, otro elemento que interesa a fin de determinar la competencia federal es el lugar donde el delito se comete, debiendo tratarse de un territorio donde el gobierno nacional tenga poder absoluto y exclusivo por estar fuera de los límites provinciales. La "federalización" de un territorio resulta suficiente para que los hechos allí cometidos sean de competencia federal. Es facultad del Congreso Nacional el dictar legislación exclusiva sobre los territorios federalizados. De allí que se establezca que "Los crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el Gobierno Nacional tenga absoluta y exclusiva jurisdicción, serán juzgados por los Jueces de Sección allí existentes". Esos lugares de absoluta y exclusiva jurisdicción federal son: – lugares extraprovinciales que integran la República Argentina comprendidos en la expresión "territorios nacionales": islas y ríos y puertos argentinos; – lugares intraprovinciales adquiridos por compra o cesión para utilidad pública nacional; – los delitos cometidos en alta mar abordo de buques nacionales. Casuística y ejemplos de determinación de la competencia federal penal No obstante lo expuesto, la determinación relativa a si una causa es de competencia federal u ordinaria no siempre resulta una tarea automática y simple, pues, a fin de determinar la competencia, hay que aplicar a cada caso concreto el marco teórico sobre justicia federal referenciado anteriormente. Si bien se presentan casos en los cuales las normas establecen en forma clara y unívoca quién debe intervenir en cada delito, en otros, no sucede lo mismo. No hay en el ordenamiento jurídico una enumeración completa (sólo con relación a algunos) de todos los delitos previstos en la ley con la indicación respectiva a la competencia federal u ordinaria. Por ello, en muchos casos, la determinación de la competencia federal consiste en una tarea casuística, que requiere la valoración de los particulares elementos del caso con aplicación de las reglas y normas de competencia señaladas con anterioridad; sin que pueda dejarse de lado el fundamento histórico-político que sustenta la distinción entre tribunales federales y ordinarios: el federalismo. Algunos casos de competencia federal (enumeración no taxativa) – Régimen Penal Tributario: Los delitos contra el fisco nacional, en cuanto comprometen la integridad de la hacienda pública del gobierno central, y por ende su capacidad de funcionamiento, afectan a la Nación toda –y no a determinada jurisdicción– y, por lo tanto representan delitos federales. En el ámbito de la C.A.B.A., dicha competencia recae sobre tribunales especializados (fuero penal económico). En caso de que la conducta haya afectado a haciendas locales (tributos provinciales o municipales), corresponderá intervenir a la justicia local por tratarse de un delito de competencia ordinaria. – Contrabando: El Código Aduanero fija la competencia federal para esta clase de delitos. En C.A.B.A. y en ciertos partidos del conurbano intervienen los juzgados en lo penal económico y en el resto del país los juzgados federales. Debe recordarse que la función aduanera corresponde al gobierno federal sin que puedan existir aduanas provinciales. Como los delitos referidos afectan el control aduanero sobre las importaciones y exportaciones de mercaderías (cuestión de interés nacional), su juzgamiento corresponde a los jueces con competencia federal. – Delitos marcarios: la Ley de Marcas dispone que "La Justicia Federal en lo Criminal y Correccional es competente para entender en las acciones penales, que tendrán el trámite del juicio correccional; y la Justicia Federal en lo Civil y Comercial lo es para las acciones civiles, que seguirán el trámite del juicio ordinario". Los delitos marcarios afectan intereses nacionales relacionados al correcto desenvolvimiento del comercio nacional e internacional, y exceden los intereses de una provincia determinada, por lo que se encuentra justificado que el delito pertenezca al fuero federal. – Narcotráfico: la ley de estupefacientes establece la competencia federal para los delitos de narcotráfico, tomando en consideración que el bien jurídico afectado es la salud pública, por lo que trasciende el mero interés local. – Falsificación de moneda: la C.N. confiere al Congreso Nacional la facultad de hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras y dictar legislación relativa a la falsificación de monedas. Se trata de poderes expresamente delegados por las provincias y entran en juego intereses de clara raigambre federal que trascienden el mero interés provincial o local. – Trata de personas y secuestro extorsivo: El fundamento para asignarle competencia federal a estos delitos es que, habitualmente, son llevados a cabo por organizaciones que actúan contemporáneamente en o a través de las diversas jurisdicciones locales, y a veces hacia o desde el exterior del país, y que la centralización de las investigaciones en cabeza de la justicia federal puede resultar la vía más apta para optimizar los procedimientos. Ahora bien, en el caso del secuestro extorsivo, aunque existe una norma expresa que determina la competencia federal para ese delito, se suscitan debates al respecto. Ello, pues la C.S.J.N. ha interpretado que la ley presume la competencia federal cuando el delito se trata de uno de los enumerados en la ley procesal como perteneciente a la competencia federal, pero cuando inequívoca y fehacientemente se acreditase que los hechos tuvieren estricta motivación particular (cuando no existe la posibilidad de que resulte afectada la seguridad del Estado Nacional o sus instituciones, procede asignar su conocimiento a la justicia ordinaria). – Delitos contra la administración pública nacional:los delitos contra la administración pública llevados a cabo por funcionarios públicos del Estado Nacional, que afectan su correcto desenvolvimiento. Al respecto, la ley establece que corresponde al juez federal intervenir en las causas en que se investigan hechos que corrompan el buen servicio de sus empleados. Por ello, en cada caso en concreto, a los fines de fijar la competencia federal, el juez deberá comprobar la afectación de un interés nacional. Puede tratarse de casos en que el funcionario es el sujeto activo del hecho, así como cuando es la víctima, siempre que ello sea en perjuicio del servicio federal que tiene asignado. Se incluyen aquí los casos de corrupción. – Delitos de lesa humanidad: Los delitos de lesa humanidad son de competencia federal. Se considera que este tipo de crímenes afectan no sólo a la Nación toda, sino a la humanidad, y violentan en forma directa e inmediata tratados internacionales de derechos humanos y también la C.N. Así, su juzgamiento excede de un interés meramente local, para convertirse en una prerrogativa y deber federal. Por ejemplo, la justicia federal resulta competente para juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura militar en Argentina como parte de un plan sistemático de persecución y exterminio de determinados sectores de la población civil. – Lavado de activos de origen ilícito: la ley no establece en forma expresa si el delito de lavado de activos es de competencia federal u ordinaria, sino que dicha cuestión debe ser examinada por el juzgador en cada caso tomando en consideración sus particulares circunstancias. En relación a este delito, debemos distinguir entre la situación anterior a la reforma introducida por la ley 26.683, durante la vigencia de la ley 25.246, y la actual. Durante la vigencia de la ley 25.246, el lavado de activos no se encontraba previsto como un delito autónomo, sino como una especie de encubrimiento. Por ello, en líneas generales, la competencia para investigar y juzgar este delito se encontraba estrechamente vinculada con el carácter federal o común de la infracción precedente. En la actualidad, como consecuencia de la sanción de la ley 26.683, el lavado de activos es concebido como un delito autónomo en el Título XIII, denominado "Delitos contra el orden económico y financiero". Si bien la reforma es demasiado reciente para poder hablar de un criterio jurisprudencial asentado, la Procuración General de la Nación ha sostenido la competencia federal para el delito de lavado de activos a partir de la ley 26.683, con fundamento en que la reforma aludida tomó en cuenta que los capitales espurios objeto del lavado de activos afectan la legítima competencia económica y ponen en desventaja a los que provienen de actividades licitas, con el consiguiente perjuicio a la salud del sistema financiero y a la confianza de los ciudadanos en las reglas de la economía; factores que son de interés federal. Distribución de la competencia en razón del territorio El territorio como punto de conexión con un conflicto determina la competencia del tribunal que tiene asiento en dicha jurisdicción. La competencia territorial en materia civil y comercial se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado. El único supuesto en el que se admite la prórroga de la competencia territorial ante el acuerdo de las partes es en asuntos exclusivamente patrimoniales. En materia penal, se establece que será competente el tribunal de la circunscripción judicial donde se ha cometido el delito. Esta regla es expresada a través de un término en latín, forum delicti commissi, y surge de la disposición constitucional a que los juicios se hagan en la misma provincia en donde se hubiera cometido el delito, que -a su vez- se entrelaza con el principio del "juez natural". Esta regla persigue que el tribunal se acerque lo más posible al lugar del hecho a investigar y juzgar. Ello favorece el normal ejercicio del derecho de defensa, la celeridad y la autenticidad en la investigación, y la trascendencia social del fallo juntamente con la publicidad de los debates. Así, por ejemplo, la intervención del juez del lugar de comisión del delito determina su cercanía con el material probatorio, así como, en general, mayor facilidad para obtener las declaraciones de testigos. En definitiva, la regla responde a principios de justicia y economía procesal, siendo además menos costoso para las partes involucradas en un conflicto litigar en la misma jurisdicción en la que ocurrieron los hechos. Pero puede pasar que el hecho se haya cometido en varios lugares e inclusive que el resultado se haya producido en otro. En este caso se estima cometido en todos ellos (principio de ubicuidad) y la asignación del juez que habrá de intervenir (entre todos los competentes) estará dada por aquellos principios de justicia y economía procesal. Justicia federal El Poder Judicial de la Nación es ejercido por la C.S.J.N. y por los demás tribunales inferiores establecidos por el Congreso en el territorio de la Nación en función de la potestad prevista en el art. 75, inc. 20 de la C.N. (Art. 108, C.N.). En uso de esa facultad, a partir de la ley 24.050,el Congreso Nacional dispuso la división del territorio nacional en diecisiete (17) distritos judiciales federales: Comodoro Rivadavia, General Roca, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Resistencia, Corrientes, Posadas, Paraná, Rosario, Mar del Plata, Ciudad de Buenos Aires, San Justo, La Plata y San Martín. En la imagen siguiente se puede observar la división territorial de la justicia federal en los diecisiete (17) distritos mencionados. Como se puede ver en el mapa, algunas jurisdicciones coinciden con la provincia a la que pertenecen, como es el caso de la jurisdicción de Paraná –que coincide territorialmente con la provincia de Entre Ríos, a la que pertenece—, mientras que otras abarcan varias provincias. Tal es el caso del distrito de Córdoba, que excede los límites políticos de la aludida provincia homónima e incluye también a la Provincia de La Rioja. Lo mismo ocurre con la jurisdicción de Tucumán, que incluye a la provincia homónima y se extiende a las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. Además, se puede observar que existen jurisdicciones que no coinciden con los límites políticos establecidos, sino que se encuentran agrupadas de tal manera por cuestiones de cercanía y conveniencia. La jurisdicción de Resistencia es un ejemplo de lo expuesto, porque abarca la totalidad de las provincias de Formosa y Chaco y el norte de la provincia de Santa Fe. A su vez, las provincias con mayor densidad poblacional, se encuentran divididas en múltiples jurisdicciones judiciales –la provincia de Buenos Aires es parte de las jurisdicciones de La Plata, San Martín, San Justo, Mar del Plata y el Este de la jurisdicción de Bahía Blanca—. Por otra parte, se determinaron jurisdicciones territorialmente más extensas por motivos de la baja densidad poblacional. Tal es el caso de la jurisdicción de Comodoro Rivadavia, que se extiende sobre las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Cada uno de los diecisiete (17) distritos cuenta con una estructura judicial para satisfacer el acceso a la justicia en aquellos casos que se susciten en la respectiva jurisdicción y lograr una administración de justicia más eficiente y más accesible para los justiciables. De esta manera, cada una de las aludidas jurisdicciones cuenta con diversos Juzgados Federales de Primera Instancia distribuidos en la extensión territorial. En la C.A.B.A. y en el conurbano bonaerense, la densidad poblacional genera no sólo que el territorio se divida en una mayor cantidad de jurisdicciones, sino también que los juzgados federales allí establecidos tengan una competencia más específica según la materia en la que entienden: penal, electoral, civil, comercial, etc. Así, y sólo como ejemplo, los juzgados que tienen competencia exclusivamente penal son el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Martín Nº 1, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul N° 1 y el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del Plata Nº 1. Otro ejemplo de juzgados con competencia específica, en este caso civil y comercial, es el Juzgado Federal de Primera Instancia de Azul N° 2. Por el contrario, en las jurisdicciones con menor densidad poblacional, los juzgados federales suelen tener competencia múltiple, sobre todo asunto federal que se presente en la jurisdicción de las diversas materias federales existentes. Ejemplos de ello son los Juzgados Federales de Primera Instancia de Río Grande, de Caleta Olivia, de Paso de los Libres y de San Luis. Sin embargo, a medida que fue aumentando la litigiosidad en estas jurisdicciones, se han ido creando nuevos juzgados federales, a fin de satisfacer la demanda por el servicio de justicia. Así, se crearon por ley nuevos juzgados, como el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Federal con asiento en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de Posadas, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Justo, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santiago del Estero N° 2 y el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto. Además, cada jurisdicción cuenta con una Cámara Federal del distrito (que actúa como superior de aquellos juzgados) y Tribunales Orales Federales. Ante cada juzgado federal, Cámara Federal o Tribunal Oral Federal intervienen dependencias del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Pública Oficial. La Cámara Federal de Casación Penal constituye el tribunal superior que actúa como órgano revisor de las Cámaras Federales de Apelaciones y de las sentencias dictadas por los Tribunales Orales Federal en todo el país. Distribución de la competencia por materia en la Capital Federal En la competencia según la materia, lo relevante es el tema y la sustancia de la cuestión jurídica que se debate y las normas legales que se aplican al caso. El fundamento de este criterio de competencia radica en lograr una mayor especialización y eficiencia en la administración de justicia respecto de las contiendas a resolver en cada caso concreto. De esta manera, cada magistrado está mejor preparado para abordar cada controversia y puede brindar una respuesta más rápida y precisa a las partes de un pleito. La competencia según la materia se divide y subdivide en los siguientes fueros: criminal y correccional (instrucción, correccional, menores), ejecución penal, penal económico , penal de rogatorias, civil, comercial, laboral, seguridad social, contencioso administrativo y electoral. La justicia penal Principalmente el fuero penal se divide en federal y ordinario, conforme los criterios ya explicados anteriormente. La gravedad de la imputación es determinante de la competencia del juzgado que deberá llevar adelante la investigación. En líneas generales, el fuero correccional está a cargo de los delitos menos graves y el fuero criminal se encarga de los delitos más graves. Específicamente, es competencia de la justicia correccional –Juzgados Nacionales en lo Correccional— investigar y juzgar en única instancia los delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad y los delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de tres (3) años. Así, los Juzgados Nacionales en lo Correccional se encuentran a cargo tanto de la investigación como del juzgamiento en juicio oral y público. Si bien normativamente se prevé que la pesquisa y el juicio de un caso se encuentran a cargo del mismo juez correccional, la C.S.J.N. entendió que ello vulnera la garantía de imparcialidad del juzgador (art 18, C.N.), correspondiendo la intervención durante el juicio de un magistrado correccional distinto al que llevó a cabo la instrucción. Por otra parte, la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal son competencia del juez de instrucción en lo criminal –Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción–. Mariano Borinsky es Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Doctor en Derecho, Profesor Universitario UBA, UTDT y Austral, autor y director de las obras Fraude Fiscal, Derecho Penal Económico y de la Empresa, Régimen Penal Tributario; Gestión Judicial Pública)

5) Marzo 2024: Las causas de porqué el DNU atenta contra la clase media, el dnu de Javier Milei.

Encarece las prepagas, los alquileres, las comisiones bancarias, libera los precios y elimina controles al poder económico Por qué el DNU atenta contra la clase media El decreto presidencial es la base para la desregulación de la economía y la aplicación del libre mercado. En apenas tres meses esas políticas generaron 71 puntos de inflación. Los nuevos precios sincerados quedaron en un nivel que millones de personas no pueden afrontar. El consumo y la producción caen en picada. Por David Cufré 16 de marzo de 2024 - 02:07 Tarifas, prepagas, combustibles, todo impacta en el bolsillos de la clase media. (Fuente: NA) Tarifas, prepagas, combustibles, todo impacta en el bolsillos de la clase media.. Imagen: NA El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía que rechazó el Senado es un golpe en la mandíbula de la clase media. Permite un encarecimiento descomunal de las prepagas, los alquileres, las comisiones bancarias, libera los precios en general y elimina controles al poder económico, para empezar. El DNU también es la plataforma para el "sinceramiento" hasta que duela de las tarifas de la luz, el gas, el agua, el transporte y los peajes, y para la privatización masiva de empresas, incluso las que dan ganancias al Estado. Lo que Javier Milei llama privilegios de la casta, que el decreto busca eliminar de raíz, son los consumos característicos de la clase media, que quedan a merced del mercado. El DNU establece que se alquila según las reglas del mercado, se pagan tarifas de mercado, los combustibles van a precio internacional, aunque el país sea productor de hidrocarburos. Lo mismo que la carne y los alimentos. Manda el mercado. El Estado es el problema, explica el presidente. Las consecuencias de esas políticas en apenas tres meses de aplicación son catastróficas para las mayorías populares. Y más graves para los más vulnerables y necesitados del auxilio del Estado, a quienes se abandona al punto de cortarles el acceso a alimentos y medicamentos indispensables para vivir. La situación no mejorará con el tiempo, como sostiene el Gobierno. Al contrario. Será peor, porque el nivel de tarifas de las prepagas, los servicios públicos, los alquileres, los colegios y universidades privadas, las salidas a comer, las vacaciones, los electrodomésticos, los precios de la economía en general quedarán "sincerados". Eso significa que muchos menos podrán pagar esos "valores reales" de la economía, como está ocurriendo en la actualidad. Los precios se sinceran -o aseguran ganancias extraordinarias a sectores concentrados- y millones caen en la pobreza y la indigencia. La clase media va en ese tren. "Si esta es la realidad, no puedo pagarla", se escuchó en un gimnasio a un cliente que pedía descuento. Es algo que se extiende en la economía. Prepagas, compañías de celulares, Internet y TV paga, entre otras del rubro servicios, intentan morigerar las bajas de clientes con promociones o arreglos particulares. Inflación La inflación acumulada entre diciembre y febrero fue de 71,3 puntos (25,5 en diciembre, 20,6 en enero y 13,2 en febrero). Si se quiere aceptar el relato del Gobierno y de los economistas que lo acompañan, esa inflación record de 71,3 puntos en apenas un trimestre fue el costo de sincerar los precios, de terminar con la inflación reprimida. Es el famoso cambio de precios relativos, supuestamente inevitable y esencial para encarrilar la economía. El punto es que con ese cambio de precios relativos, los salarios, jubilaciones y los ingresos de la enorme mayoría de ciudadanos quedan cada vez más chicos para afrontar semejante montaña de gastos. En conclusión, afuera. La solución para la inflación que propone Milei es la exclusión. Afuera. Si no hay plata, no se compra, si no hay demanda, bajan los precios. En 2001 pasó eso. Hubo deflación. Antes del estallido del 19 y 20 de diciembre bajaban los precios porque no había consumo. Lo que no explica Milei es lo que tampoco pudo explicar Fernando De la Rúa: ¿cómo saldrá la economía de la recesión? ¿Cuándo? ¿Cuándo florezca la inversión, en el cementerio de fábricas cerradas, locales vacíos, suba del desempleo y caída del salario? No se ve. Le hicieron creer Pero a diferencia de De la Rúa, Milei no promete recuperación. Solo pide resignación y reglas de mercado. No explica cómo desarrollar el país, cómo generar más y mejores empleos, más consumo, más actividad. En campaña dijo que era especialista en crecimiento económico con y sin dinero, que dolarizaría y cerraría el Banco Central. Por ahora no hay novedades. El discurso está más bien en la frecuencia que inmortalizó Javier González Fraga, presidente del Banco Nación con Mauricio Macri, en mayo de 2016: “Le hicieron creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era todo una ilusión, no era normal”. Lo normal es la liberalización de precios. Así debe funcionar la economía, sostiene el Gobierno. En esa lógica, si el ajuste del gasto público se lleva puesta la cultura, el Incaa o el cine Gaumont es lo de menos. Y si hay que pegarle un palazo en la mandíbula al que protesta, mejor. El núcleo duro de Milei, que es el núcleo duro del PRO y una buena porción del radicalismo, festeja cada palazo a un manifestante como un gol, como supo explicar Baby Etchecopar. Prepagas El intento entre infantil y descabellado del Presidente de confundir la realidad con su relato, sin embargo, tiene éxito en un segmento importante de la población, a pesar de las calamidades que se padecen. Pero hay otros que resisten. Un ejemplo son los jubilados y afiliados a las prepagas que soportaron aumentos siderales y en lugar de resignarse, consiguieron amparos en el Poder Judicial en defensa de sus derechos. El DNU volteó la columna vertebral de la ley de prepagas al permitir los precios libres y quitar la protección sobre personas mayores o con afecciones especiales, que impedía subas de tarifas por esa condición. Ahora hay aumentos según la cara del cliente. Aquel marco regulatorio se aprobó en 2011, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En la Cámara de Diputados reunió 190 votos positivos, contra 29 abstenciones del PRO y la Coalición Cívica. Fue una de las conquistas más valoradas por las entidades de defensa del consumidor contra los abusos de las empresas del sector. Ahora Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, postula lo mismo que Milei. El que no puede pagar, que se baje. El cambio de época es una realidad, en eso el Presidente tiene un argumento a favor. Esa es la justificación para derogar la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, el Observatorio de Precios, los cupos de exportación que garantizaban el abastecimiento interno, los límites a las comisiones bancarias y las leyes que promovían el desarrollo nacional, como el Compre Nacional y la promoción industrial. Por eso el DNU atenta, también, contra la clase media.