La conspiración de los Chicago Boys
Martínez de Hoz diseñó el plan económico que implementó la dictadura. Formó parte de un grupo de civiles conspiradores que incluyó a juristas, economistas, abogados y empresarios que le dieron sostén a los golpistas.
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Joe estaba cazando leones a orillas del lago Magadi, en Kenia, cuando los tres jefes sediciosos lo convocaron a mediados de marzo del ’76 para que exponga el plan económico que ejecutaría la dictadura militar. De joven solía peseguir liebres y perdices en las praderas de las 1300 hectárea que la familia Martínez de Hoz tenía cerca de Mar del Plata. Pero a los 50 años, tras haber sido funcionario de gobiernos militares, director de varias empresas privadas y ministro de Economía del gobierno títere de José María Guido, la caza menor ya no lo entusiasmaba. Aspiraba a presas mayores. Cuando llegó a su casa del cuarto piso del edificio Kavanagh, su amigo Jacques Perriaux le trasmitió que la cita era el viernes siguiente a las 21 en la casa del jefe de la Armada. El “Francés” Perriaux era un abogado liberal que defendía los intereses de grandes empresas y coordinaba las reuniones de una selecta recua de golpistas que aspiraban a proporcionarle el plan económico a los dictadores. Había llegado el momento de presentar como públicos los intereses privados, de apropiarse del Estado con fines particulares. Joe era un lúcido representante de la aristocracia, nieto del fundador de la Sociedad Rural, formado en los preceptos liberales, y cultor de las recetas de la Escuela de Chicago. No tuvo que preparar demasiado lo que diría ante el trío golpista. Conocía a Massera porque ambos frecuentaban el Jockey Club de La Plata y lo había invitado a su haras para compartir la pasión por los caballos de carrera. Como presidente de Acindar y del recalcitrante Consejo Empresario Argentino, había conversado un año atrás con Videla, cuando fue al Edificio Libertador para pedirle que las Fuerzas Armadas reprimieran la huelga que paralizaba la acería de Villa Constitución. Por aquella época se había difundido la expresión “guerrilla fabril” que equiparaba el derecho constitucional de huelga con la punta de un fusil. Los pedidos de Joe parecieron tener eco, porque en la planta siderúrgica funcionó el que se considera primer centro clandestino de detención. El movimiento obrero fue quebrado con muertes, torturas y cárcel, luego de 59 días de heroica resistencia.
A poco de llegar a la casa de la Avenida Del Libertador, Martínez de Hoz inició un discurso que los jefes militares escucharon en silencio y que concluyó a la madrugada. Videla lo felicitó, le pidió que escribiera un plan económico y que se lo entregara el martes próximo por la mañana. Joe trabajó sin descanso para entregarle tres carpetas al general Hugo Mario Miatello, que se las llevaría a Videla.
Miatello era un brillante oficial de inteligencia, compañero de promoción del jefe del Ejército, que había dedicado su vida a la contrainsurgencia y a estudiar las distintas versiones políticas del marxismo. Los conspiradores civiles del Grupo Perriaux –juristas, economistas, abogados y empresarios– intentaron inicialmente tomar contacto con la Armada, tradicionalmente más gorila y liberal que el Ejército. Pero Massera no era un tradicional integrante de la “valiente muchachada de la Armada”, y Videla era ultraliberal en materia económica. Fue Miatello el que le presentó a su jefe, a algunos de los integrantes de aquella cofradía de civiles golpistas que se convertirían en los Chicago Boys.
El Grupo Perriaux era hijo del Club Azcuénaga, que se reunía en una casa de esa calle porteña, cedida por el terrateniente Pedro Blaquier al coronel de caballería Federico de Alzaga, un descendiente de una familia patricia que fragoteaba allí con civiles. Coordinado después por el “Francés” Perriaux , el cenáculo proporcionó a la dictadura a su primer y segundo ministro de Economía, Lorenzo Sigaut; al jefe del Gabinete de asesores de Joe, Luis García Martínez, al secretario de Agricultura, Mario Cadenas de Madariaga; al ministro de Comercio e Intereses Marítimos de Roberto Viola, Carlos García Martínez; al secretario de Energía de Videla, Guillermo Zubarán; al secretario de Hacienda, Horacio García Belsunce y a docenas de funcionarios.
El Grupo Perriaux no era el único círculo de confabulados. El Club Demos le dio a la dictadura el número dos del Ministerio de Economía, Guillermo Walter Klein, que ocupó el cargo de secretario de Coordinación y Programación Económica; el presidente del Banco Central entre el ’76 y el ’81, Adolfo Diz; el secretario de Comercio, Alejandro Estrada; y el secretario de Hacienda entre el ’81 y el ’82, Manuel Solanet. En La Plata operaba otro grupo fragotero que integraban el que fuera luego ministro de Justicia entre 1978-1981, Alberto Rodríguez Varela; quien se convertiría en ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jaime Smart; y el que sería ministro de Obras Públicas de esa provincia entre 1976 y 1981, Raúl Salaberry. Por supuesto que no se trataba de compartimentos estancos, más allá de contradicciones memores, los grupos de conspiradores compartían el mismo ideario y los mismos salones sociales, en los que intercambiaban información sobre la inminencia del golpe militar. El 24 de marzo de 1976 todos tocaban la misma música con una coherencia inusual.
Unos días después que Miatello entregó la tres carpetas, Martínez de Hoz volvió a ser citado a la casa de Massera, donde Videla le comunicó que el plan había sido aceptado, que era el programa de las Fuerzas Armadas y que el mismo debería ejecutarlo como ministro de Economía del Proceso de Reorganización Nacional. Joe remoloneó un tanto, pero al final aceptó, ante la posibilidad de que en su lugar fuera elegido un militar que no cumpliera al pie de la letra con el ideario liberal de sus amigos. Los militares habían descartado a Álvaro Alsogaray por figurita repetida y a García Belsunce por temperamental. Joe contaba con la amistad de David Rockefeller desde 1964, con el apoyo de los bancos locales y de los organismos financieros internacionales que debían aportar los créditos que el país esperaba como el maná del cielo y que le retaceaban al gobierno de Isabel por recomendación de la Embajada de los Estados Unidos.
Tras el retorno de la democracia, Martínez de Hoz consiguió salir indemne del juicio por el negociado de la nacionalización de los cables pelados de la Italo –empresa que presidía– por más de 400 millones de dólares. Tras un prolongado trámite judicial, en 2010 fue finalmente condenado por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel Ernesto. Pero ni él, ni sus cófrades pudieron ser condenados por el delito de sedición porque los militares respetaron el pacto de silencio.
El hombre que encarnó a la dictadura en el ámbito civil reconoció sus contactos con la cúpula castrense y admitió su reunión en la casa de Massera. Pero siempre negó saber que sus propuestas serían aplicadas en una futura dictadura militar. Según su increíble declaración judicial, el ofrecimiento para que volviera a ser ministro de Economía de un gobierno de facto, le fue realizado después del golpe. Cuando los militares asaltaron la Rosada tenían obviamente a todo su elenco de colaboradores civiles y especialmente los del área económica. El 13 de marzo el diario La Opinión publicó la versión de que Martínez de Hoz sería el ministro de Economía del futuro gobierno militar. Pero él no se enteró. Estaba cazando leones en África.
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Alcatraz y la dictadura argentina
Casi lo mismo sucedió en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Los derechos de los propietarios siguieron vigentes, pero los derechos para defenderse de los propietarios quedaron suspendidos.
El 21 de marzo de 1963 Alcatraz, la prisión de máxima seguridad más terrible de la historia de los Estados Unidos cerraba definitivamente sus puertas, por decisión de Robert Kennedy. Trece años más tarde, el 24 de marzo del ’76, abría las suyas el período más negro de la historia argentina, por determinación de su bloque de clases dominantes.
Las lecturas puramente formales cierran ese lapso con el restablecimiento de las instituciones parlamentarias, en diciembre de 1983, nosotros no cometeremos error tan simplote. Los hilos de continuidad –tanto en materia de impunidad para las prácticas terroristas, como los instrumentos de la política económica y sus objetivos– están sobredemostrados. No basta cambiar el régimen institucional para transformar el orden político; por eso, en rigor de verdad, con el arribo de Raúl Alfonsín a la presidencia se inauguró la “democracia de la derrota” que estalló en 2001. Un sistema incapaz de modificar sustantivamente el orden vigente, que tampoco se proponía hacer tal cosa, cuyo programa explícito pasó por pagar puntualmente las acreencias de la deuda externa. Deuda fabricada transformando compromisos privados en responsabilidad pública, a través del seguro de cambio “inventado” por Domingo Cavallo en 1982.
Entonces, rememorar el 24 de marzo supone, en mis términos, restablecer el vínculo ocluido entre ambos lapsos. Más aun, poner en foco los turbios procesos iniciados en febrero del ’75, con el ilegal Operativo Independencia, y la decisiva puesta en acto del nuevo programa histórico del bloque de clases dominantes, a través del semiolvidado ingeniero Celestino Rodrigo.
Una frontera histórica quedó debidamente establecida. Y un país que había existido durante tres largas décadas, el organizado por el Welfare State del primer peronismo, fue decididamente clausurado.
Los que hayan visitado una vez “la roca” (así llaman todavía los estadounidenses a la cárcel de Alcatraz) saben que basta bajar del barco 12 minutos después de abordarlo, para que un clima de opresión fortísimo nos haga saber que llegamos. Más allá de los 1500 prisioneros, cuyos fantasmas todavía recorren las celdas, pensar qué hicieron los que construyeron el programa Alcatraz –no qué dijeron que hacían– sigue siendo un problema. La audioguía ayuda a develar el enigma. Por boca de uno de los pocos prisioneros que sobrevivió nos hace saber que Alcatraz no le hace bien a nadie. Una pregunta debe reformular el problema: ¿cómo entender una cárcel de inaudita crueldad, donde el derecho a acceder a la biblioteca debía ser ganado, donde el invierno superaba los 20º bajo cero sin agua caliente, y donde los presos sabían que no saldrían vivos, desde semejante perspectiva?
Tengo una hipótesis no muy original. Como una “advertencia” siniestra; no en vano fue inaugurada en medio de una crisis terrible, corría el año ’44; no en vano desde San Francisco se ve Alcatraz a simple vista todo el tiempo, no en vano desde Alcatraz se escucha –cada tanto– los sonidos que contiene la fiesta de la vida de enfrente; el argumento explícito que transformó la inservible base militar en la prisión más cara de los EE UU fue el siguiente: si no respetás, aceptás, las reglas de la sociedad, tendrás que soportar las de Alcatraz. Y en Alcatraz la única regla inquebrantable es la voluntad de los guardias armados de fusiles, sostenida por la autoridad política del alcaide. Es decir, la absoluta arbitrariedad era la norma, ya que la ley allí estaba definitivamente suspendida. En Alcatraz nadie tenía derecho a nada.
Casi lo mismo sucedió en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Los derechos de los propietarios siguieron vigentes, pero los derechos para defenderse de los propietarios quedaron suspendidos. Y los únicos autorizados para determinar el estatuto de cada uno vestían uniforme, y la posibilidad de contradecirlos, de oponerse, estaba formalmente excluida. Oponerse era ilegal, y todo el arco político parlamentario –desde el Partido Justicialista, hasta la Unión Cívica Radical, desde el Partido Intransigente hasta el Comunista– aceptaron esas “reglas del juego” en nombre de una necesidad: exterminar a la guerrilla. Nunca en la historia nacional había sucedido semejante cosa: estado de excepción permanente sin otro límite que la decisión orgánica de las Fuerzas Armadas.
La estrategia de represión y muerte rompió la cadena de mandos mediante la conformación de grupos de tareas (GT); es decir, los GT funcionaban con lógica “operativa”, las jinetas de la institución en su interior estaban pintadas. Nadie lo ignoraba, y todos aceptaron implícitamente que la destrucción de la cadena de mandos era el costo de la represión, tal como fue diseñada. Dicho sin eufemismos: Videla, Massera y Agosti son los responsables de la destrucción de las Fuerzas Armadas.
Pero hay bastante más. Toda la prensa escrita, salvo la que respondía a las organizaciones guerrilleras, aceptó explícitamente la censura militar. Procesistas eran todos, pero no de la misma manera. La Opinión de Jacobo Timerman fue intervenida, después que su director fuera puesto a disposición del Poder Ejecutivo, por un general retirado. La Nación y La Prensa festejaron la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, y miraban para otro lado mientras la represión hacía de las suyas; eso sí, el diario de Gainza Paz se dio el “lujo” de permitir que algunos de sus lectores –mediante cartas firmadas– hicieran conocer su “derecho al matiz”; derecho que formaba parte de la franja gris del estado de excepción, y por lo tanto de ningún modo era de ejercicio libre.
Clarín y Convicción, este último
pertenecía al proyecto diferenciado de la Marina de Guerra, defendían “la lucha contra la subversión” y criticaban desde una mirada “desarrollista” la política económica de la dictadura burguesa terrorista. Y el Buenos Aires Herald apoyaba a capa y espada el programa “liberal” del equipo del Joe, pero cada tanto se permitía dar a conocer la desaparición puntual de ciudadanos argentinos. Ese último comportamiento obligó a Robert Cox, director del diario, a abandonar el territorio nacional en 1979, tras ser amenazado varias veces de muerte.
Basta mirar la tapa de los diarios para darse cuenta hasta qué punto trataron de tapar el cielo con un harnero, hasta qué punto la “realidad” los tenía sin cuidado, y hasta qué punto el grueso de la sociedad argentina compartía ese brutal y estúpida indiferencia. Los diarios eran procesistas, la sociedad –su compacta mayoría– también.
Por cierto, no es de buen tono recordar lo que todos prefieren excluir de la memoria colectiva. Claro que permanecer anclados a una “sensibilidad” que impulsó esa masacre, facilita la posibilidad de repetirla. La idea de seguridad por encima de todo, no es otra cosa que el derecho de los propietarios a “protegerse” de los desposeídos. Hoy, un sistema político donde buena parte de los partidos de la “oposición” siguen siendo defensores apenas encubiertos de la dictadura burguesa terrorista –Elisa Carrió y la Iglesia Católica no disimulan un ápice esta adscripción– donde restaurar la Convertibilidad nunca dejó de ser el programa económico alternativo, no puede ni debe olvidar el sentido del 24 de marzo. De lo contrario la sociedad argentina estaría condenada a repetición perpetua. Entonces los muy jóvenes, los que nada tuvieron que ver con esa fría masacre, tienen el derecho y la obligación de exigir que todos hagan saber sus sentimientos de entonces. Sentir vergüenza hoy por las oscuras complicidades del pasado forma parte de nuestra terapia del presente.
Las lecturas puramente formales cierran ese lapso con el restablecimiento de las instituciones parlamentarias, en diciembre de 1983, nosotros no cometeremos error tan simplote. Los hilos de continuidad –tanto en materia de impunidad para las prácticas terroristas, como los instrumentos de la política económica y sus objetivos– están sobredemostrados. No basta cambiar el régimen institucional para transformar el orden político; por eso, en rigor de verdad, con el arribo de Raúl Alfonsín a la presidencia se inauguró la “democracia de la derrota” que estalló en 2001. Un sistema incapaz de modificar sustantivamente el orden vigente, que tampoco se proponía hacer tal cosa, cuyo programa explícito pasó por pagar puntualmente las acreencias de la deuda externa. Deuda fabricada transformando compromisos privados en responsabilidad pública, a través del seguro de cambio “inventado” por Domingo Cavallo en 1982.
Entonces, rememorar el 24 de marzo supone, en mis términos, restablecer el vínculo ocluido entre ambos lapsos. Más aun, poner en foco los turbios procesos iniciados en febrero del ’75, con el ilegal Operativo Independencia, y la decisiva puesta en acto del nuevo programa histórico del bloque de clases dominantes, a través del semiolvidado ingeniero Celestino Rodrigo.
Una frontera histórica quedó debidamente establecida. Y un país que había existido durante tres largas décadas, el organizado por el Welfare State del primer peronismo, fue decididamente clausurado.
Los que hayan visitado una vez “la roca” (así llaman todavía los estadounidenses a la cárcel de Alcatraz) saben que basta bajar del barco 12 minutos después de abordarlo, para que un clima de opresión fortísimo nos haga saber que llegamos. Más allá de los 1500 prisioneros, cuyos fantasmas todavía recorren las celdas, pensar qué hicieron los que construyeron el programa Alcatraz –no qué dijeron que hacían– sigue siendo un problema. La audioguía ayuda a develar el enigma. Por boca de uno de los pocos prisioneros que sobrevivió nos hace saber que Alcatraz no le hace bien a nadie. Una pregunta debe reformular el problema: ¿cómo entender una cárcel de inaudita crueldad, donde el derecho a acceder a la biblioteca debía ser ganado, donde el invierno superaba los 20º bajo cero sin agua caliente, y donde los presos sabían que no saldrían vivos, desde semejante perspectiva?
Tengo una hipótesis no muy original. Como una “advertencia” siniestra; no en vano fue inaugurada en medio de una crisis terrible, corría el año ’44; no en vano desde San Francisco se ve Alcatraz a simple vista todo el tiempo, no en vano desde Alcatraz se escucha –cada tanto– los sonidos que contiene la fiesta de la vida de enfrente; el argumento explícito que transformó la inservible base militar en la prisión más cara de los EE UU fue el siguiente: si no respetás, aceptás, las reglas de la sociedad, tendrás que soportar las de Alcatraz. Y en Alcatraz la única regla inquebrantable es la voluntad de los guardias armados de fusiles, sostenida por la autoridad política del alcaide. Es decir, la absoluta arbitrariedad era la norma, ya que la ley allí estaba definitivamente suspendida. En Alcatraz nadie tenía derecho a nada.
Casi lo mismo sucedió en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976. Los derechos de los propietarios siguieron vigentes, pero los derechos para defenderse de los propietarios quedaron suspendidos. Y los únicos autorizados para determinar el estatuto de cada uno vestían uniforme, y la posibilidad de contradecirlos, de oponerse, estaba formalmente excluida. Oponerse era ilegal, y todo el arco político parlamentario –desde el Partido Justicialista, hasta la Unión Cívica Radical, desde el Partido Intransigente hasta el Comunista– aceptaron esas “reglas del juego” en nombre de una necesidad: exterminar a la guerrilla. Nunca en la historia nacional había sucedido semejante cosa: estado de excepción permanente sin otro límite que la decisión orgánica de las Fuerzas Armadas.
La estrategia de represión y muerte rompió la cadena de mandos mediante la conformación de grupos de tareas (GT); es decir, los GT funcionaban con lógica “operativa”, las jinetas de la institución en su interior estaban pintadas. Nadie lo ignoraba, y todos aceptaron implícitamente que la destrucción de la cadena de mandos era el costo de la represión, tal como fue diseñada. Dicho sin eufemismos: Videla, Massera y Agosti son los responsables de la destrucción de las Fuerzas Armadas.
Pero hay bastante más. Toda la prensa escrita, salvo la que respondía a las organizaciones guerrilleras, aceptó explícitamente la censura militar. Procesistas eran todos, pero no de la misma manera. La Opinión de Jacobo Timerman fue intervenida, después que su director fuera puesto a disposición del Poder Ejecutivo, por un general retirado. La Nación y La Prensa festejaron la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz, y miraban para otro lado mientras la represión hacía de las suyas; eso sí, el diario de Gainza Paz se dio el “lujo” de permitir que algunos de sus lectores –mediante cartas firmadas– hicieran conocer su “derecho al matiz”; derecho que formaba parte de la franja gris del estado de excepción, y por lo tanto de ningún modo era de ejercicio libre.
Clarín y Convicción, este último
pertenecía al proyecto diferenciado de la Marina de Guerra, defendían “la lucha contra la subversión” y criticaban desde una mirada “desarrollista” la política económica de la dictadura burguesa terrorista. Y el Buenos Aires Herald apoyaba a capa y espada el programa “liberal” del equipo del Joe, pero cada tanto se permitía dar a conocer la desaparición puntual de ciudadanos argentinos. Ese último comportamiento obligó a Robert Cox, director del diario, a abandonar el territorio nacional en 1979, tras ser amenazado varias veces de muerte.
Basta mirar la tapa de los diarios para darse cuenta hasta qué punto trataron de tapar el cielo con un harnero, hasta qué punto la “realidad” los tenía sin cuidado, y hasta qué punto el grueso de la sociedad argentina compartía ese brutal y estúpida indiferencia. Los diarios eran procesistas, la sociedad –su compacta mayoría– también.
Por cierto, no es de buen tono recordar lo que todos prefieren excluir de la memoria colectiva. Claro que permanecer anclados a una “sensibilidad” que impulsó esa masacre, facilita la posibilidad de repetirla. La idea de seguridad por encima de todo, no es otra cosa que el derecho de los propietarios a “protegerse” de los desposeídos. Hoy, un sistema político donde buena parte de los partidos de la “oposición” siguen siendo defensores apenas encubiertos de la dictadura burguesa terrorista –Elisa Carrió y la Iglesia Católica no disimulan un ápice esta adscripción– donde restaurar la Convertibilidad nunca dejó de ser el programa económico alternativo, no puede ni debe olvidar el sentido del 24 de marzo. De lo contrario la sociedad argentina estaría condenada a repetición perpetua. Entonces los muy jóvenes, los que nada tuvieron que ver con esa fría masacre, tienen el derecho y la obligación de exigir que todos hagan saber sus sentimientos de entonces. Sentir vergüenza hoy por las oscuras complicidades del pasado forma parte de nuestra terapia del presente.
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